Son cargos de confianza, cuya continuidad depende de la evaluación que haga el Presidente de la República, el ministro o el jefe del respectivo servicio. Sin embargo, al contrario de la norma definida por el Gobierno para enfrentar el traspaso de mando desde la Concertación a la Alianza, no deberán presentar su renuncia, sino que se mantendrán más allá del 11 de marzo, cuando Michelle Bachelet entregue la banda a Sebastián Piñera.

Se trata de 630 puestos de primera y segunda línea en casi 100 servicios públicos, que fueron elegidos a partir del Sistema de Alta Dirección Pública, proceso de concurso orientado a disminuir las designaciones por afinidades políticas para así profesionalizar la administración del Estado.

Si bien algunos de ellos tienen un marcado perfil técnico, como el Instituto Nacional de Estadísticas y la Unidad de Análisis Financiero, otros mantienen estrecho contacto con la ciudadanía, ejecutan políticas sociales o manejan gran cantidad de recursos, como el Fosis, el Indap y el Servicio Nacional del Consumidor (ver recuadro).

En ese contexto, en el equipo de Sebastián Piñera dicen que si bien se buscará mantener varios de ellos, la continuidad de otros será evaluada con criterios técnicos y de desempeño. Todos estos cargos quedan fuera de la política trazada por la Presidenta Bachelet, respecto a que los cargos de confianza deberán renunciar el 11 de marzo.

En el Gobierno explican que, en los hechos, estos funcionarios serán tratados como contrataciones "de planta", vale decir, como cargos técnicos y administrativos que pueden continuar en el nuevo gobierno de Piñera.

Así, según detalló ayer el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quienes sí deberán dejar sus cargos al 11 de marzo son los ministros, subsecretarios, seremis, intendentes, gobernadores, directores, subdirectores y directores regionales de servicios. Además de sus respectivos equipos de asesores.

También deberán renunciar los directores de empresas del Estado que no hayan sido designados con la ratificación del Senado.

Las diferencias de los cargos de alta dirección pública con las designaciones políticas se ven también en cuanto a las indemnizaciones. Los primeros son los únicos puestos de primera línea que recibirán una compensación económica en caso de que se les pida la renuncia antes de que termine el plazo de tres años por el que asumieron. Así, mientras los funcionarios de planta pueden recibir una compensación de un mes por año, con un tope de 11, los funcionarios elegidos por alta dirección pública tienen un tope de seis años.

Hace varios meses, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para incorporar nuevos servicios al Sistema de Alta Dirección Pública, como Chiledeportes, Gendarmería, el Sename y el Servicio de Impuestos Internos.

__________

630 cargos

De un total de casi 900, son los que hasta ahora se han completado a través del sistema de Alta Dirección Pública, según estipula la ley.