GOBIERNO / El aterrizaje de expertos del sector privado en cargos públicos de la misma área:
Cómo enfrentar los conflictos de interés

Frente a la crítica, el Ejecutivo dice que la forma de encararlos está en la ley, que siempre se puede mejorar. El Consejo para la Transparencia promueve declaraciones de intereses con mayor información y su difusión en la web para el escrutinio ciudadano. Contraloría tendrá que pronunciarse sobre si el Presidente está inhabilitado, como dueño de un canal, a designar otras autoridades de la TV.  

PILAR MOLINA A. 

Escala la crítica sobre el conflicto de interés que enfrentan muchas de las nuevas autoridades del Gobierno. Antes estaba bajo la lupa que funcionarios resolvieran, en contra del interés general, por parentescos o afinidad ideológica. Lo que está de moda ahora es que la "búsqueda de la excelencia" ha llevado al nuevo Presidente a reclutar expertos del sector privado para trabajar en las mismas áreas, pero del sector público. El problema no se presenta, en cambio, cuando los especialistas provienen de la academia o los think tanks.

Algunos califican de "impresentable" lo que está ocurriendo en Obras Públicas. Entre otros casos, la subsecretaria Loreto Silva y el coordinador de concesiones, Mauricio Gatica, vienen de la asociación gremial de las empresas concesionarias, Copsa. Ella era su abogada, a través del estudio Morales y Besa, y dependía jerárquicamente del presidente de Copsa, Herman Chadwick, quien es, además, primo hermano del Presidente Piñera. Gatica, a su vez, hasta el año pasado fue vicepresidente del ente gremial y gerente general de la concesionaria de la Ruta 68.

Silva dijo que se va a abstener frente a las concesionarias, pero este mecanismo se ha convertido en el eje de OO.PP., y a través de él se quiere reconstruir escuelas y hospitales, además de carreteras.

Distinta es la incompatibilidad

La incompatibilidad impide asumir un cargo público. Contraloría no habría aprobado los nombramientos de ministros de Joaquín Lavín o Jaime Mañalich, por ejemplo, si no hubieran vendido sus participaciones en la UDD y la Clínica Las Condes, respectivamente, antes de asumir en Educación y Salud. También aprobó la designación de Gabriel Ruiz-Tagle como subsecretario de Deportes, porque tenía los atributos. Otra cosa es que después un particular le pida inhabilitarse por tener un conflicto de interés al resolver algo que va a afectar a Colo Colo, club del cual conserva el 25% de su propiedad.

Es en este espacio, el de los conflictos de interés, que no impiden ejercer un cargo, pero restan imparcialidad, donde se apunta a funcionarios que vienen de empresas reguladas o de estudios de abogados que litigaban contra el fisco y que ahora se sientan al otro lado del mesón.

Jorge Atton fue gerente general de Telefónica del Sur hasta enero, y ahora es el subsecretario de Telecomunicaciones.

Felipe Irarrázabal, experto en libre competencia, adquirió notoriedad litigando contra la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, como Fiscal Nacional Económico reconoció que se abstendrá de participar en causas que él tramitaba y están pendientes. Pero, ¿qué ocurre con los casos que lleva su estudio, como FASA, acusada de colusión por su antecesor en el cargo?

El mismo Irarrázabal propuso "elaborar una suerte de guía interna de conflicto de interés, e incluso hacerla pública".

Reforzar transparencia

No está obligado por la ley a hacerlo. Pero los expertos coinciden en que lo clave, para que los intereses contrapuestos se resuelvan bien, es que las autoridades hagan declaraciones de intereses, un poco más extendidas de lo que los obliga la ley, y que sean públicas, un poco más difundidas que hasta ahora, para que pueda operar el escrutinio público.

La Ley de Probidad (18.575) señala que en la declaración de intereses, los funcionarios deben consignar "las actividades profesionales y económicas en que participan". Pero, en rigor, si trabajaban en un estudio de abogados y no continúan siendo socios, no deben declararlo, y tampoco a los clientes.

Eso es lo que llevó a los cuatro miembros del Consejo para la Transparencia, todos abogados en ejercicio, a complementar su declaración de intereses (en la web) y añadir también a sus ex clientes:

"Incorporamos un adéndum con los clientes relevantes considerando tres criterios: que fueran partícipes del mercado regulado; que intervinieran habitual o significativamente en contrataciones públicas, o que fueran empresas públicas", señala el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo.

Una reforma constitucional del 28 de diciembre incorporó al artículo 8° la obligación de las más altas autoridades de "declarar sus intereses y patrimonio en forma pública". Pero como hasta ahora no ha sido explícito qué tan pública, es que el Consejo dictó un instructivo en febrero que considera "buena práctica" que estas declaraciones se suban a la web en el sitio de cada repartición fiscal. A partir de junio comenzarán a fiscalizarlo.

"Mucho más importante que seguir legislando -porque la casuística siempre deja casos fuera-, es que la declaración de intereses incluya efectivamente todos los intereses que pueden afectar el buen desempeño de la función pública, y que eso sea de fácil acceso para quien quiera investigar", explica Roberto Guerrero, director del Consejo para la Transparencia.

El caso más difícil

Frente al conflicto de interés, la Contraloría no puede declarar a priori una inhabilidad general, salvo que haya efectivamente una incompatibilidad para asumir un cargo o tomar una decisión. Es lo que ocurrió el año pasado, cuando la entidad regional de Valparaíso, en el trámite de toma de razón, objetó la transferencia que la ministra de Cultura había hecho a la Fundación de Artes Visuales de Santiago, porque Paulina Urrutia era la presidenta de su directorio.

Pero cuando no hay inhabilidad, la Contraloría interviene ante el reclamo de un particular afectado porque un funcionario resolvió o no quiere inhabilitarse, a pesar de que tiene un conflicto de interés para decidir.

De hecho, el organismo tendrá que pronunciarse frente a la presentación que le hicieron el viernes parlamentarios opositores, reclamando que el Presidente Piñera, por el hecho de ser dueño de Chilevisión, no puede designar autoridades de su principal competidor, TVN, ni del regulador, el Consejo Nacional de TV.

El del Presidente es el caso más difícil en esta materia. La ley orgánica constitucional 18.575, artículo 6°, establece que un funcionario no puede "intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad". Tampoco, "participar en decisiones en que existe cualquier circunstancia que le reste imparcialidad".

Pero les da una salida a las autoridades: "abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta". El problema es que esa ley, que manda en el tema, no consideró el caso del Presidente, que no tiene un superior. En principio, el Gobierno podría sortear el tema si actúa un ministro en vez del Presidente. Pero ello no ocurrió el jueves, porque fue Piñera quien designó al nuevo presidente del directorio de TVN.

Frente al conflicto de interés, la Contraloría no puede declarar a priori una inhabilidad general.

LAS DECLARACIONES EN B 2

 Cristián Larroulet: "La ley es clara, y hemos dado instrucciones al respecto"

Sobre el tema de los conflictos de interés, el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, señala:

"Las nuevas autoridades fueron nombradas por sus capacidades, y tenemos leyes que aseguran la transparencia. Ponen luz sobre sus decisiones, impidiendo que puedan tomar decisiones no estando habilitados. Tienen que hacer una declaración de intereses y otra patrimonial. Todas cumplirán, y desde hoy los chilenos tienen acceso a ellas".

El ministro añade que esta legislación la dictó la Concertación con la activa colaboración de la Coalición por el Cambio, hoy en el poder.

"La Ley de Probidad es la mejor cautela del interés general, y ha sido un gran avance, porque antes no había una normativa que permitiera fiscalizar las inhabilidades".

Larroulet añade que lo importante es que la ley indica cómo resolver los conflictos de interés, absteniéndose, "que es lo que harán las nuevas autoridades si se presenta el caso. La ley es clara, y hemos dado instrucciones al respecto".

No obstante lo anterior, el ministro informa que el Gobierno está trabajando para mejorar aún más la legislación, y por ello en las próximas semanas enviará al Parlamento indicaciones, entre otros, al proyecto de fideicomiso ciego.



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<b>GABINETE.-</b> El problema se produce cuando las nuevas autoridades vienen de la misma área privada en que asumen los cargos públicos. El principal blanco son los funcionarios vinculados a las concesionarias que asumieron en OO.PP. En la foto, los nuevos subsecretarios.<br/>
GABINETE.- El problema se produce cuando las nuevas autoridades vienen de la misma área privada en que asumen los cargos públicos. El principal blanco son los funcionarios vinculados a las concesionarias que asumieron en OO.PP. En la foto, los nuevos subsecretarios.

Foto:RAÚL BRAVO


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