El elixir del poder

El Gobierno subirá unos puntos de popularidad en las encuestas en el corto plazo por el "financiamiento equilibrado" de la reconstrucción. Pero a la larga pierde.  

Luis Larraín 

Vale la pena leer el libro de Andrés Allamand y Marcela Cubillos sobre la campaña presidencial. Los autores se proponen explicar cómo la centroderecha llegó al poder luego de cuatro intentos fallidos, y, a su modo y desde su perspectiva, lo logran. Uno puede no estar de acuerdo con algunas tesis, pero es indudable que la decisión de hacer una fuerte crítica a los gobiernos de la Concertación fue acertada, como también identificar al Transantiago como un hito político relevante y luego no soltarlo.

Allamand es un tipo rudo, lo está demostrando en estos días, pero tiene una cualidad que a veces se echa de menos en política: la honestidad intelectual. Se revela además, aunque filtremos su versión y la de Marcela sobre la campaña, como un estratega de fuste. El libro, llamado "La Estrella y el Arcoiris", muestra cómo éste fue un trabajo de equipo, muy profesional, que contó además con un buen candidato.

Pero si de poder se trata, donde se está moviendo más la cosa es en la Concertación.

El cónclave de principios de esta semana tuvo dos cosas llamativas: se criticó ácidamente al Presidente Piñera y se pretendió presentar una suerte de plan de reconstrucción del país después del terremoto.

De siquiatra. O sea, no reconocen su problema, la pérdida de adhesión, sino que atribuyen sus males a un tercero. ¿Le suena conocido?

Pero esto no termina aquí. Además, parecen creer que continúan en el gobierno y dan lecciones entonces de cómo debe llevarse a cabo la reconstrucción: síndrome de negación.

Sus reacciones frente a las iniciativas gubernamentales en relación a la emergencia carecen de sintonía con la población. Han criticado el proyecto de ley de donaciones, llegando a decir que con esto se "privatiza" la reconstrucción. ¡Cómo si la tarea de poner de pie a las zonas afectadas fuera sólo del Estado! La reacción de personas e instituciones privadas frente al desastre, su disposición a donar dinero, bienes y tiempo a los afectados surgieron espontáneamente, desde el primer minuto. La ley de donaciones no hace otra cosa que regular un proceso que ya la sociedad chilena inició hace tiempo. Sólo un par de tremendas anteojeras ideológicas puede llevar a mirar las cosas de esa manera. El proyecto lo único que hace es no castigar con un impuesto a quien dona para la reconstrucción.

Se ve mal la cosa desde afuera de la Concertación. Volviendo al cónclave, la imagen de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet juntos no suena precisamente a renovación. Y los episodios posteriores que han involucrado a Fulvio Rossi y Carolina Tohá dan la impresión de que tras bambalinas se lleva a cabo una descarnada lucha por el poder, donde los hilos no los mueven los jóvenes políticos cuyo matrimonio se interpuso en sus ambiciones para presidir el Partido Socialista y el PPD, sino los viejos liderazgos de la Concertación.

Y hablando de poder, ¿quién gana políticamente con los anuncios de Piñera de financiamiento de la reconstrucción que incluyen alzas de impuestos? Se dice que afectan a las grandes empresas, pero sabemos que los que pagan son quienes no tendrán trabajo por un proyecto que deja de hacerse.

El gobierno probablemente subirá unos puntos de popularidad en las encuestas en el corto plazo por el "financiamiento equilibrado" de la reconstrucción. Pero a la larga pierde, porque el alza de impuestos atentará contra la recuperación económica que parte con el freno de mano puesto. Queda en suspenso así su promesa de transitar hacia el desarrollo, y desgraciadamente no vemos otras iniciativas del gobierno que nos lleven hacia allá.

Había muchas alternativas disponibles; entre ellas, mayores reasignaciones presupuestarias -sólo se ha reasignado el 1,6% después de un año en que el presupuesto creció un 18%, y está lleno de historias de despilfarro-, y el uso de los recursos por mayor precio del cobre que alcanzarán a cerca de tres mil millones de dólares.

La transitoriedad de los impuestos atenúa su perjuicio, pero si éstos llegaran a transformarse en permanentes, ahí sí que estaríamos frente a una real pérdida de poder.

 


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