Delincuentes destruyeron locales y robaron productos en San Pedro de la Paz:
14 comerciantes culpan al Estado por no evitar saqueos tras el sismo y presentan demanda de $500 millones

La acción legal fue interpuesta ayer en la Corte de Apelaciones de Concepción.  

Giovanni Calabrano 

CONCEPCIÓN.- "Es el Estado el que tiene que resguardar y mantener el orden público. Nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos. No puedo defender mi local disparándole a la gente, porque estaría cometiendo un acto que es ilegal, un delito".

Con este argumento, Rodrigo Mora, vocero y miembro de un grupo de 14 comerciantes, responsabilizó al fisco por no dar la protección necesaria para evitar que hordas saquearan y destruyeran sus locales de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, las horas posteriores al terremoto.

Este grupo afectado busca una retribución económica por todos los perjuicios que tuvieron y para obtenerla interpuso, la tarde de ayer, una demanda colectiva por $500 millones en contra del Estado, la primera que acusa negligencia por no mantener el orden público tras la catástrofe del 27 de febrero pasado.

Los comerciantes llegaron ayer hasta la Corte de Apelaciones de Concepción para establecer su acción civil a tres meses de ocurridos los siniestros, ya que antes requirieron de una organización y asesoramiento legal.

A juicio del grupo de pequeños empresarios, el Estado faltó a los derechos de la Constitución que resguardan la vida y protegen la propiedad privada.

El abogado de los locatarios, Baltazar Morales, asegura que los saqueos sucedieron de forma colectiva, con personas armadas y concertadas para cometer los delitos, situación que, según explica, le correspondía al poder político evitar y controlar.

"Es algo que perfectamente era evitable si se hubiese dado la orden con la incorporación de las Fuerzas Armadas a las labores de orden público y seguridad a partir del terremoto", dice Morales, acusando un retraso en la decisión central de que los militares salieran a la calle.

La suma de perjuicios de la demanda está fundada en los daños emergentes, daños reales, lucro cesante (lo que han dejado de ganar) y daños morales sufridos por las 14 personas a causa de la gestión tardía, según aseguran, por parte del fisco de restituir el orden público.

"El daño no fue causado por efectos naturales. San Pedro de la Paz quedó intacto después del terremoto y la destrucción, y el comercio quedó en el suelo a causa de la gente", lamenta Mora.

Como apoyo a estas personas llegó hasta el tribunal el senador Alejandro Navarro, quien coincidió con los afectados y condenó la falta de defensa del Estado tras el terremoto.

"Aquí hubo negligencia, se actuó de manera tardía. Las Fuerzas Armadas fueron sacadas mucho después que se produjeron los saqueos. Carabineros no pudo o no actuó, pero aquí está claro que hubo una decisión política de no brindar cobertura de protección", dijo el parlamentario.

Seguros sin cobertura

El grupo de 14 comerciantes perdió infraestructura de sus negocios, millones en productos y maquinaria de trabajo por los violentos y masivos robos, pero a muchos de estos casos los seguros en juego no les dieron cobertura.

"Hay un seguro de robo, pero que en caso de terremoto y cuando ocurren saqueos no opera. De hecho, mi póliza así lo especifica", explica Mora, quien perdió $12 millones y tuvo que recurrir, al igual que sus pares, a préstamos para reactivar sus negocios.

Ante esto, el senador Navarro dijo que las aseguradoras están negociando para reducir sus coberturas, por lo que intentará generar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

 Querella por muerte en isla Robinson Crusoe

Familiares de Juan Roberto Palma Azócar, quien murió junto a su esposa por el maremoto que arrasó la isla Robinson Crusoe el 27 de febrero, presentarán hoy ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso una demanda civil en contra del Estado para exigir una indemnización de casi un millón de dólares.

En su presentación, los demandantes acusan que la causa de la muerte de Palma Azócar fue la deficiencia del sistema nacional de alarma de maremoto, en el que debía interactuar la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) del Ministerio del Interior y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Tal coordinación, a juicio de los familiares, era muy necesaria para los habitantes de Juan Fernández, pues allí no se sintió el terremoto que luego provocó el maremoto que destruyó gran parte de esa comuna y del litoral centro-sur del país.

El monto de la demanda -502 millones 356 mil pesos en total- se traduce en una indemnización de perjuicios para los familiares de la víctima, en especial para su madre, de la que Juan Palma, empleado municipal, era el principal sostenedor.



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