Trabajadores fueron destinados a otras funciones:
Gobierno desmantela unidad clave de la Dirección del Trabajo

La autoridad desarticuló el equipo que ejecutaba los programas de inspección a nivel nacional. Creada en 2003, se hizo conocida por presionar a Codelco a incorporar a planta a cinco mil trabajadores subcontratados.  

Pablo Obregón Castro 

Hasta hace unas semanas, en el 8° piso de la Dirección del Trabajo (DT) se cocinaban los planes de fiscalización considerados clave por el Gobierno. En ese sitio funcionaba la poderosa Unidad Inspectiva Programada (UIPO), que era el verdadero brazo ejecutor de la DT.

Con el arribo de las nuevas autoridades se sabía que la entidad fiscalizadora experimentaría un importante proceso de modernización. De hecho, el programa de gobierno del Presidente Piñera plantea la creación de una dirección de relaciones laborales independiente, bajo al alero de la Dirección del Trabajo.

Lo que no se sabía es que dentro del proceso de modernización se eliminaría, precisamente, esta unidad inspectiva.

Este equipo era considerado como pieza clave del Gobierno en materia de fiscalización laboral, y cuando así lo definía la autoridad central podía sobrepasar a las inspecciones regionales.

Fue la que supervisó la aplicación de la Ley de Subcontratación en sectores clave, como la minería, la banca y el retail .

Y dentro de ese marco ejecutó la estrategia inspectiva diseñada para forzar a Codelco a incorporar a la planta a 5 mil trabajadores subcontratados.

Más gente a terreno

En la actual administración aseguran que su cierre obedece a un reordenamiento normal de funciones que en ningún caso disminuye las capacidades de la entidad ni implicará despido de empleados. Lo que se intenta es que las tareas de fiscalización vuelvan al nivel que corresponde: las inspecciones regionales.

"Nosotros tenemos mil y tantos fiscalizadores y hay apenas 385 en terreno; por lo tanto, yo estoy liberando personas que estaban en el nivel central para que se vayan a fiscalizar. Ellos hacían programas de carácter nacional, pero eso ahora estará radicado en cada inspección", dice la directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, quien además afirma que este proceso no ha significado ni un solo despido de funcionarios.

La ex directora del Trabajo, María Ester Feres -quien creó la UIPO en 2003-, considera que eliminar esta unidad es un grave error y que, seguramente, las actuales autoridades se verán obligadas a revisar esta decisión.

"La presión social frente a situaciones tan lamentables como la de ahora en Copiapó llevará a la DT a volver a las inspecciones programadas y de oficio, si quiere sinceramente cumplir con las obligaciones legales", señaló.

A propósito del accidente ocurrido en la minera San Esteban, Feres recuerda que los programas de fiscalización realizados en la minería en materias de seguridad y salud laboral eran efectuadas, precisamente, por la UIPO.

"Esto podría haberse evitado si en el año 2003 la Minera San José hubiese llevado a la práctica las instrucciones de la DT, lo que incluyó una suspensión de faenas y un cierre de la mina.

A su juicio, los planes de fiscalización programada son un instrumento mucho más eficaz que las fiscalizaciones generadas en denuncias individuales.

 Fuerte reacción sindical

Antiguamente, los dirigentes sindicales demostraban su capacidad de influir en el 8° piso de la DT. Ahí interactuaban directamente con el jefe de la UIPO, Pablo Leiva, o con su brazo derecho, Hernán Larraín. Si tenían éxito, desencadenaban programas de fiscalización que alcanzaban incluso a aquellas zonas del país donde no había denuncias concretas.

Por lo mismo, la desarticulación de este equipo generó una dura respuesta por parte del sindicalismo, sobre todo en el comercio. Están convencidos de que ahora no podrán interactuar directamente con la dirección nacional de la DT.

El secretario general de los trabajadores del comercio, Leandro Cortéz, dice que el trabajo de esta unidad fue clave durante el proceso de implementación de las leyes de Subcontratación y de Semana Corrida, precisamente porque tenía la capacidad de ordenar programas de fiscalización generalizados y rápidos.

"Claramente, se ve la decisión de disminuir las facultades de la Dirección. A través de las inspecciones regionales también se puede hacer denuncias, pero el proceso es engorroso", acusa.



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<b>María Ester Feres</b> considera que esta decisión es un grave error.
María Ester Feres considera que esta decisión es un grave error.
Foto:ALEJANDRO BALART

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