Corema aprobó con condiciones el proyecto Barrancones de la francesa:
Permiso para termoeléctrica de GDF Suez divide a comunidades de Coquimbo

Cinco localidades se ubican en la zona aledaña al emplazamiento de la unidad, que implicará una inversión de US$ 1.200 millones.  

J. Esturillo y Y. Muñoz 

La aprobación ambiental de la termoeléctrica Barrancones de la francesa GDF Suez no sólo dio pie para manifestaciones en la Región de Coquimbo y en otros puntos del país, sino que también dejó en evidencia la división que existe entre las comunidades aledañas frente a este proyecto.

Cinco de las siete localidades de la comuna de La Higuera, 60 kilómetros al norte de La Serena, que han exhibido posiciones a favor y en contra de la iniciativa, basan estas opiniones en criterios económicos, sociales y ambientales, que van más allá de las campañas contrarias impulsadas por organizaciones ambientalistas como Chile Sustentable, Oceana o el Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema), entre otras.

En la zona del conflicto habitan poco más de tres mil personas, de las cuales el 21,3% está en condición de pobreza, de acuerdo con estadísticas de 2008.

Punta Choros y Los Choros se declaran contrarias a la construcción del complejo. Sus representantes declaran que la operación del complejo no sólo amenaza el ecosistema -que incluye la reserva del Pingüino de Humboldt-, sino que el futuro de actividades de pesca, marisquería y olivicultura.

Asimismo, advierten una amenaza para el negocio turístico, que en estas dos zonas se desarrolla de la mano de actividades como el buceo.

Contraria es la opinión en Totoralillo Norte, Chungungo y Caleta Hornos, donde el apoyo para la iniciativa de GDF Suez es mayoritaria. William Guzmán, residente y dirigente de pescadores de Chungungo, asegura que están a favor de Barrancones porque generará mejores condiciones de vida para toda su comunidad.

"Este pueblo es un basural, no hay calles ni agua potable. Los niños sólo pueden estudiar hasta sexto básico. El ingreso anual como pescadores no supera los $350 mil", reclama.

Raúl Julio, presidente de los pescadores de Totoralillo Norte, afirma que los detractores del proyecto en la región corresponden a "un público universitario y a ecologistas que no viven en la comuna. También se trata de veraneantes que tienen casas en la zona".

Ambos coinciden en que el proyecto podría traducirse en un polo de desarrollo para más de 1.500 personas y ayudaría a diversificar una economía basada en la pesca artesanal, orientándola hacia los servicios derivados de la construcción y operación futura de Barrancones.

"Llevamos más de 20 años en lo mismo, nos sentimos abandonados, sin apoyo, sin algunos servicios básicos incluso, y esta es una oportunidad, porque la empresa se ha mostrado abierta a escucharnos", aseguró Julio.

Proyecto se encarece

La aprobación de la Comisión Regional de Medio Ambiente consideró una serie de condiciones, relativas a instalar equipos adicionales para minimizar las emisiones de gases efecto invernadero de la central, así como modificaciones en las estructuras para captar y devolver al mar el agua que utilizará el complejo en distintos procesos.

"La central fue aprobada con exigencias ambientales que permiten asegurar que tendrá unas de las menores emisiones en Chile, respecto de otras similares. Tendremos monitoreo permanente de mar, tierra y aire para garantizar que no habrá ningún impacto fuera del área de un kilómetro de influencia del proyecto", declaró Juan Clavería, CEO de GDF Suez Energy Andino.

Precisamente, a raíz de estas condiciones adicionales en la industria estiman que la inversión que requiere Barrancones podría elevarse hasta 10% por sobre la estimación inicial.

Con lo anterior, el costo total de la iniciativa superará los US$ 1.200 millones, unos US$ 100 millones por sobre la estimación con que el proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

OPOSITORES

Punta Choros y Los Choros se declaran contrarias a la construcción del complejo.

10% se encarecería la inversión estimada del proyecto, a causa de las condiciones con que éste fue aprobado ambientalmente por la Corema. Ésta alcanzaría los US$ 1.200 millones, pues requiere instalar nuevos equipos para disminuir emisiones y cambios en la captación de agua de mar.

5% de la capacidad instalada actual en el Sistema Interconectado Central (SIC) representan los 540 MW que tendría el proyecto. Esta capacidad es equivalente al 10% de la matriz térmica de este mismo sistema.



 


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