La Moneda busca solucionar problemas de propiedad que se arrastran por hasta 90 años:
Los planes del Gobierno para destrabar los nudos históricos en Isla de Pascua

Aunque las comisiones de trabajo contemplan cuatro áreas, el problema más emblemático apunta a la devolución de tierras a lugareños que fueron ocupadas por el fisco. Tras las tomas, La Moneda se encuentra en un trabajo contra reloj para solucionar la entrega de esos sitios simbólicos y busca acelerar el proceso -para plazos anteriores a los comprometidos- y así dar una señal de que el conflicto en la isla está terminando, pese a que en un principio -reconocen en el oficialismo- no se previó.  

Guillermo Muñoz 

Cuando a mediados de marzo pasado un pequeño grupo de pascuenses se tomó la plaza frente a la gobernación de Rapa Nui -señalan en La Moneda-, el Gobierno no calibró la magnitud del conflicto que vendría. En el continente, las autoridades estaban demasiado concentradas en los efectos del terremoto y del maremoto como para dar prioridad a un movimiento aparentemente pequeño que pedía la remoción del recién designado gobernador Pedro "Petero" Edmunds Paoa.

Después la movilización creció y las demandas se extendieron a reivindicaciones históricas que no se detuvieron cuando, en agosto, Edmunds renunció. Hubo tomas, desalojos, heridos y una demanda ante la Corte Interamericana de DD.HH.

El Gobierno debió hacerse presente a través del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, un intendente y tres subsecretarios, para solucionar el conflicto y constituir cuatro comisiones que ya presentaron sus propuestas al ministro del Interior.

Terrenos reclamados: devolución a un miembro por familia

Según consta en los documentos recopilados por el Gobierno, desde 1918 la Armada -entonces a cargo de la isla- comenzó a entregar títulos de dominio a los lugareños.

Hoy, en esos sitios están emplazados, entre otros edificios, el centro cultural, el museo, el centro cívico, una sucursal bancaria, la oficina de la Armada y varias casas de funcionarios públicos que trabajan allá. Son terrenos que han sido agrupados por el Ejecutivo en 13 casos emblemáticos que incluyen a distintas familias que reclaman la propiedad.

De estas trece situaciones, hay 3 (7 familias) que ya estarían prácticamente solucionadas, pues en estos tres puntos, los demandantes pudieron acreditar que poseían los títulos de dominio correspondientes. En el caso de los sitios de Emaza y Radio Faro, los terrenos van a ser traspasados íntegramente a los lugareños. En el caso del museo, se reservará para el fisco el terreno necesario para el funcionamiento de las actuales instalaciones del museo y se hará entrega de los sectores restantes. Además, la sucesión de Hotus será compensada con otros terrenos por la parte que no sea posible devolver.

Para el Gobierno, que ha enfrentado duras polémicas por el tema, ahora es fundamental dar una señal rápida de su voluntad para solucionar el conflicto, escenario en el cual la entrega de estos tres terrenos resulta emblemática para desincentivar el proceso de tomas. Por eso, aunque el compromiso estipula como plazo diciembre de 2011 o principios de 2012, en La Moneda apuestan por apurar el proceso y tenerlo listo, en un plano ideal, en marzo próximo.

Los otros diez casos son más complicados por la dificultad que existe para determinar quiénes son los herederos de los terrenos.

Ante ello, el subsecretario de Bienes Nacionales, Carlos Llancaqueo -presidente de la mesa de tierras-, pidió a las ramas de las familias que diriman quién es el representante de cada una para que el Gobierno entregue alternativas de solución.

Inmigración: Tres categorías de residentes

Aparte del tema de las tierras, el Gobierno analiza soluciones en otros tres ámbitos: un plan de desarrollo, y el estudio de un nuevo estatuto y un nuevo reglamento para controlar la inmigración.

Este último tema está siendo coordinado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y tiene por objetivo evitar la sobrepoblación de la isla. En lo medular, el Gobierno establece crear tres categorías migratorias. La primera es la de residente, otorgada a quienes ya acumulan un tiempo largo de permanencia en la isla y a los nacidos allí. Una segunda clasificación es la de "residencia temporal", aplicada a quienes ocupan funciones públicas en Rapa Nui y cuyo período de permanencia está supeditado el ejercicio de sus labores profesionales.

La tercera categoría es la de turista, cuyo permiso de permanencia es el más acotado y el que no está autorizado para ejercer actividades remuneradas.

Este capítulo también incluye la propuesta para aumentar el valor de la entrada al Parque Nacional, que hoy es de US $60 para extranjeros, US$ 20 para chilenos y US$ para niños.

Infraestructura: proyectos por $131 mil millones

El tercer punto tiene que ver con el plan de desarrollo y está siendo coordinado por el intendente de Valparaíso, Raúl Celis.

Al respecto, el plan contempla la inversión de 131 mil millones de pesos en obras que tienen como uno de sus ejes principales obras del área Salud y Medio Ambiente.

En este sentido, la propuesta establece complejos desafíos como la terminación del nuevo hospital, la ejecución de un relleno sanitario, el mejoramiento del sistema de distribución del agua potable, y buscar un nuevo sistema de evacuación de aguas servidas.

Otro punto importante tiene que ver con la infraestructura, acápite que demandará $81 mil millones de los $131 mil millones del total. Estos montos se destinarían a la mantención del aeropuerto, al mejoramiento del muelle de Hanga Piko y la adquisición de maquinaria permanente para la isla que permita conservar los caminos.

También se haría inversión para mejorar la infraestructura escolar y el servicio de energía eléctrica.

La suma involucrada, señalan en el Gobierno, se realizará en los próximos tres años y, destacan como defensa, equivalen a lo invertido por la Concertación en los anteriores 15 años.

Nuevo estatuto: Creación de un "intendente chico"

El último acápite se refiere a un nuevo estatuto, y está siendo coordinado por el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores.

La principal propuesta de este tema tiene que ver con la creación de una autoridad que le brinde mayores grados de autonomía a la isla y que gozaría de atribuciones que lo transformarían en una suerte de "intendente chico", que tendrá a su cargo la administración del territorio y con funciones semejantes a las de los actuales gobiernos regionales.

Además, se establece la creación de un consejo o asamblea territorial elegido por voto universal.

 122 años de incertidumbre en torno a la propiedad

1888:

El 9 de septiembre, el capitán de la Armada, Policarpo Toro, firma un documento con el rey de Rapa Nui, Atamu Tekena, en el que este último pueblo cede la soberanía de la isla a Chile, a cambio de protección. Según la tradición oral isleña, el trato incluía soberanía, pero no la propiedad de la tierra.

1918:

Se registran las primeras entregas de título de propiedad que efectúa la Armada a los isleños, procedimiento que, según los análisis posteriores, generó gran parte del problema actual. La mayoría incluye sitios en Hanga Roa, capital de Rapa Nui, donde hoy se erigen edificios públicos.

1933:

Ante la sospecha de que ciudadanos europeos pretendían registrar terrenos a su nombre, el Consejo de Defensa del Estado inscribe la isla a nombre del Estado de Chile en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.

1964:

Se produce un levantamiento en la isla liderado por el profesor Alfonso Rapu, marido de la actual gobernadora, Carmen Cardinali. Denuncian abusos y prohibición de hablar en lengua nativa.

1966:

Eduardo Frei Montalva promulga la "Ley Pascua", que incorpora la isla al territorio chileno, otorga a los pascuences el derecho a voto -antes ni siquiera tenían cédula de identidad y no podían salir de la isla-, establece exenciones tributarias y crea el Parque Nacional.

2010:

Un grupo de isleños protesta por la designación de Pedro Edmunds como gobernador. La movilización deriva en demandas para que se devuelvan las tierras que fueron entregadas por la Armada y que hoy ocupan edificios públicos.

Soluciones en números

Siete

son las familias cuyas demandas por terrenos están prácticamente solucionadas y podrían ser entregadas en marzo próximo.

$81.492

millones se planea gastar en la conservación del aeropuerto, el mejoramiento del muelle, la compra de maquinaria para mantener los caminos y el manejo sustentable de la cantera Hanga Hamu.

Vuelos desde Perú: El otro tema que preocupa a los pascuenses

Para el próximo martes 14 de diciembre, en el Palacio de la Moneda, está previsto el próximo encuentro de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa), integrado por miembros del Gobierno y representantes del pueblo Rapa Nui.

Y aunque la instancia ha sido clave en la búsqueda de soluciones al actual conflicto, hay otro tema que está en tabla para la próxima reunión: el inicio, a partir de enero próximo, de vuelos directo desde Lima a Hanga Roa.

En la actualidad, los únicos vuelos comerciales que llegan a la isla son los de Lan que parten desde Santiago, por lo que la nueva frecuencia podría alterar el tráfico de turistas y la población flotente de Rapa Nui, aunque por otro lado aumenta los niveles de conectividad que los pascuenses han reclamado por muchos años.

Además, existe otro foco de preocupación respecto a este punto y tiene que ver con la eventualidad de que algunos sectores de Rapa Nui se opongan a la medida, producto de conflictos históricos.

Estos tienen que ver con que en el siglo XIX zarpó desde el puerto de Callao una veintena de barcos, con el objetivo de embarcar población autóctona de Rapa Nui y trasladarla al continente para que trabajasen como esclavos.



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Miguel Flores , subsecretario de la Subdere lidera la mesa sobre un nuevo estatuto para Rapa Nui junto a la subsecretaria Soledad Arellano. En la foto, durante un encuentro de trabajo en la isla.
Miguel Flores , subsecretario de la Subdere lidera la mesa sobre un nuevo estatuto para Rapa Nui junto a la subsecretaria Soledad Arellano. En la foto, durante un encuentro de trabajo en la isla.

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