El abogado del diablo

Carlos Peña 

Esta semana, la jueza del caso Karadima -cansada de esperar que se le entregara el expediente canónico - decidió obtenerlo por sí misma: dictó una orden de allanamiento y acompañada de algunos policías irrumpió en la oficina del abogado Bulnes, registró papeles, abrió estantes y se hizo de lo que buscaba.

El expediente -por fin- era suyo.

¿Actuó bien la jueza y hay que aplaudirla? ¿Lo hizo mal y hay que reprochárselo?

Lo segundo, sin duda.

La jueza actuó mal no porque irritara al gremio de los abogados o a los curas. Actuó mal porque con su obrar lesionó la institución del derecho a la defensa que nos beneficia a todos.

Ocurre que una defensa penal efectiva -una garantía a que los individuos pueden echar mano cuando el Estado persigue castigarlos- exige una comunicación completa y franca entre el abogado y su cliente. Y esa comunicación no podría producirse sin la garantía del secreto: es decir, la confianza en que lo transmitido nunca podrá ser puesto coactivamente a disposición de terceros.

Así entonces, hay un vínculo indisoluble entre el derecho a la defensa y el secreto: ambos van de la mano y cuando caen, caen juntos.

Y eso no sólo ocurre con la profesión legal. La entrevista psicoanalítica (la cura por la palabra), o la psiquiátrica, también reposan sobre la confianza. Sin ella -si los pacientes supieran que cualquier día pueden ser defraudados-, esas profesiones no podrían ejercerse. Otro tanto ocurre con la profesión periodística: si el periodista se viera obligado a revelar sus fuentes, entonces el periodismo de investigación no existiría.

Por supuesto tamaña inmunidad puede estimular abusos de parte de quienes se benefician de ella; pero los daños que podrían producirse al proteger esas profesiones son menores que los beneficios que se obtienen al permitir su ejercicio.

En otras palabras, hay profesiones que sólo pueden ejercitarse si quien demanda los servicios y quien los presta pueden interactuar en relaciones de confianza privilegiada. Si esas relaciones de confianza privilegiada no existieran, entonces ciertas profesiones no existirían tampoco y se produciría daño a los individuos, pero además pérdida de bienestar social.

Es verdad que la jueza González no irrumpió en busca de comunicaciones privilegiadas, sino que iba detrás de un expediente que la Iglesia se niega a entregar (con el argumento de que es un Estado cuyas reglas hay que respetar). Pero es obvio que al efectuar un registro indiscriminado violó o puso en peligro las comunicaciones confidenciales. Por eso en el derecho norteamericano se ha sostenido que incluso las búsquedas autorizadas deben detenerse si es probable que, al continuarlas, se lesionen las comunicaciones protegidas entre el abogado y su cliente.

Parece una exageración, pero no lo es.

Las reglas del proceso penal -como el derecho a la defensa- son exigencias a las que el Estado debe someterse cuando pretende, como en este caso, ejercer la coacción. Y cuidar que esas exigencias se cumplan con escrúpulo, limitando las invasiones a los menores casos posibles, es justamente la tarea de los jueces. Cuando los jueces cuidan esas reglas, no están favoreciendo ni a los abogados ni a quienes infringen la ley, sino al conjunto de los ciudadanos que así tienen la garantía de que cuando el Estado se proponga coaccionarlos ellos van a poder defenderse.

Y es que la diferencia entre la justicia arcaica y la moderna es esta: en la primera importa la verdad a cualquier costo (y por eso la tortura era una prueba legítima y para probar la verdad de lo que se decía se obligaba al testigo a poner las manos al fuego o caminar sobre brasas); en la segunda, en cambio, importa el procedimiento que se sigue para alcanzar la verdad (y por eso, si se viola el procedimiento, se deja libre al culpable a sabiendas que lo es).

La jueza González debiera recordar que aquí no se trata de alcanzar la verdad a cualquier costo o incluso al riesgo de lesionar los derechos.

¿Demasiado pedir para alguien como Karadima? En absoluto. El Estado de Derecho es generoso: como enseñan desde antiguo los procesos de canonización, incluso el diablo tiene derecho a confiar en su abogado.

 

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