Reveladora investigación del Consejo para la Transparencia:
Casi la mitad de las solicitudes de información pública de la ciudadanía quedan sin respuesta

La entidad detectó que servicios ponen trabas indebidas a las consultas de las personas, como decir que los datos pedidos no son públicos o que la única vía para acceder a ellos es internet.  

MANUEL FERNÁNDEZ B. 

"Es preocupante".

Así analiza el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, los resultados de una reveladora investigación realizada por la entidad con el fin de conocer, en terreno, el escenario que les toca enfrentar a los ciudadanos que acuden a solicitar información pública.

Para tener una "fuente de información fidedigna y a fondo respecto de la experiencia de las personas", el Consejo ocupó "usuarios simulados" para intentar ingresar 187 solicitudes de información en 47 entidades públicas de la Región Metropolitana. Según explica Ferreiro, se enfocaron en "las áreas donde el acceso a la información correcta y en tiempo oportuno tiene relación también con el acceso a otros derechos sociales". Es decir, acudieron a los municipios y los servicios ligados a la salud, vivienda, trabajo y educación.

El resultado fue desalentador: de los 187 intentos, sólo 131 lograron ser ingresados efectivamente. El 29,9% restante queda en el camino por razones que el Consejo para la Transparencia considera que no se apegan a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.

El 30,8% de los rechazos se debe a que los funcionarios señalan que la información solicitada no es pública. "Si es así, el órgano consultado tiene que formalizar su respuesta en ese sentido. No puede alguien, en el mesón, rechazar una solicitud porque, aparentemente, la información solicitada no es pública", explica Ferreiro.

Tampoco corresponde la segunda traba más común: decirle al ciudadano que sólo es posible pedir información por internet (23,1% de los rechazos). "Es un error, la ley no establece esa restricción. Se puede preferir el sistema electrónico, es más eficiente, pero la ley establece la opción presencial", enfatiza el presidente del Consejo.

En el 12,8% de los casos no tramitados, la razón es que el funcionario consultado sólo entrega una respuesta informal. Ferreiro afirma que eso tampoco corresponde: "¿Cómo reclamo yo si una respuesta informal no es satisfactoria, es incompleta o no entrega datos verídicos?".

Otra traba común es pedir a los usuarios datos personales no contemplados por la ley para realizar una solicitud de información pública, como rut, teléfono o institución a la que pertenece. Sólo es exigible el nombre y un medio por el cual hacer llegar la información requerida.

Baja respuesta

El problema, en todo caso, es mayor: ingresar una solicitud no garantiza una respuesta. De hecho, de las 187 peticiones con que se hizo el estudio, apenas 98 fueron respondidas. Es decir, casi la mitad de los esfuerzos terminaron siendo infructuosos.

Peor aún: una parte relevante de las respuestas recibidas entregaban datos diferentes a los solicitados, negaban (desacertadamente) el acceso a la información o eran emitidas en plazos que exceden los estipulados por la ley.

En definitiva, del total de intentos por obtener información de los servicios públicos analizados, apenas un tercio (32,6%) recibía una respuesta adecuada y oportuna. Eso explica la preocupación de Ferreiro: "Esto significa que aún estamos en construcción de un procedimiento, práctica y cultura de un proceso de acceso a la información. Falta capacitación en los servicios públicos y, lamentablemente, se evidencia que el desconocimiento de la ley y de los derechos redunda en un menor acceso a ellos".

En efecto, cuando los "usuarios simulados" mostraban tener conocimiento de la ley en las solicitudes realizadas presencialmente ante los servicios, el nivel de éxito en el ingreso de su petición llegaba al 76,1%. Entre quienes no revelaban conocer la normativa, el índice fue muy inferior: 40,4%.

Para mejorar estos niveles de cumplimiento, el Consejo para la Transparencia emitió la Instrucción General N° 10, que en lo medular comenzará a regir el día 1 de marzo. Se trata de un documento de 24 páginas que detalla, paso a paso, el procedimiento para acceder a datos públicos. "Esta instrucción debiera reducir significativamente las áreas grises, y debiéramos lograr que los procedimientos de acceso a la información sean más fluidos, más ordenados, más sistemáticos", afirma Ferreiro.

''Hay mucha gente que aún considera que la entrega de información es una concesión graciosa de la autoridad y no un derecho ciudadano".

ALEJANDRO FERREIRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

50%
de las respuestas emitidas por los servicios tardan menos de 10 días en llegar.

3,4
veces más posibilidades de que su solicitud se tramite tienen quienes la ingresan vía web.

2,4
veces más probabilidades de ingresar su solicitud tienen los usuarios mejor informados.



 


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