Brasil refuerza sus fronteras

Casi 10 mil soldados acaba de desplegar el gobierno de la Presidenta Rousseff a lo largo de los tres mil 900 kilómetros de frontera que Brasil comparte con Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, para combatir el contrabando y el narcotráfico en esa inmensa franja, considerando que más de la mitad de la cocaína que entra a ese país proviene de Bolivia, seguida por Perú y Colombia. Esta medida representa la quinta etapa de la "Operación Ágata", que tendrá una duración de dos semanas. Un operativo militar a esa escala ciertamente podría despertar la inquietud de los países colindantes, por lo cual el gobierno brasileño previamente informó a sus vecinos y los invitó a enviar observadores que fiscalizaran su desempeño.  

 

Con esto, Brasil ratifica contundentemente la importancia que asigna al control efectivo de sus fronteras. Dadas la enorme extensión territorial en que se desarrolla la Operación Ágata y sus adversas características geográficas, el ejército brasileño es apoyado por cazas F-5, aviones Súper Tucano, helicópteros y patrulleras fluviales. Las tres instituciones armadas del país actúan bajo la coordinación del Estado Mayor Conjunto. Es un esfuerzo a gran escala, que se ajusta a los lineamientos del Plan Estratégico de Fronteras establecido por el gobierno brasileño en junio de 2011, y que busca blindarse contra las amenazas provenientes de actores no estatales.

Con este propósito inobjetable de combate a la droga y la criminalidad vinculada a ella, esta operación presumiblemente cumple un objetivo adicional -aunque no se explicita así-, cual es dar una muestra contundente del poderío defensivo de Brasil. Esto, en congruencia con su aspiración a que la comunidad internacional reconozca el carácter de potencia mundial que reivindica y actúe en consecuencia.

Conceptualmente, esta iniciativa no es del todo nueva en la región. A mediados del año pasado, el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández anunció la instalación de un radar 3D para combatir el narcotráfico en el norte de Argentina, en el marco de una iniciativa para reforzar sus fronteras con Brasil, Bolivia y Paraguay, ante amenazas no convencionales.

Más allá de visiones geoestratégicas, es una realidad que en un mundo global en el que la delincuencia se ha transnacionalizado, las fronteras demandan una atención nueva y prioritaria. A esto Chile no se encuentra ajeno, sobre todo teniendo presente nuestra vecindad con Bolivia y Perú, dos países en que han fracasado las iniciativas destinadas a combatir y erradicar las plantaciones de coca.

La lucha contra el narcotráfico y otras formas de criminalidad internacional exige a los países una coordinación mucho más estrecha que en el pasado, así como altísimos estándares de lucha contra la corrupción. Las fronteras son vistas como una oportunidad por las organizaciones delictivas, ya que mientras ellas las cruzan de manera ilegal como una forma de eludir a la justicia, para las fuerzas de seguridad representan una "barrera", ya que si policías o militares las sobrepasaran, podrían crear una situación de conflicto entre vecinos. Así, mientras los respectivos gobiernos se ponen de acuerdo, los criminales ganan tiempo.

La vigilancia de las fronteras de nuestro país está por lo general en manos de efectivos policiales, que ejercen su fiscalización a lo largo de los puestos de control oficiales, pero también en zonas agrestes y pasos no habilitados, que suelen ser aprovechados por contrabandistas y narcotraficantes. Y si bien los recursos para esta tarea pueden resultar a menudo insuficientes, la militarización de estas tareas, como en el caso brasileño, es un paso riesgoso, que entre nosotros no se justifica.

En nuestro país, actualmente la Armada, mediante su vigilancia efectiva en los mares -como ocurrió el mes pasado al hundir una lancha peruana que trasladaba 38,4 kilos de marihuana prensada hasta la caleta Vítor, al sur de Arica-, junto con la Fuerza Aérea, cuyos radares apoyan la detección de amenazas externas, representan un inestimable respaldo al desempeño policial en las zonas fronterizas. La presencia en terreno de efectivos del Ejército para cumplir dichas funciones afortunadamente no se requiere, a diferencia de realidades como la colombiana o mexicana.

Amenaza terrorista en el Sinaí

A menos de dos meses de haber asumido como Presidente de Egipto, Mohammed Mursi enfrenta un desafío cuando menos tan importante como estabilizar la situación política y económica de su país: la amenaza terrorista que está creciendo con rapidez en el desierto del Sinaí, específicamente en la zona fronteriza entre Egipto, Israel y la Franja de Gaza. Así, en un reciente ataque extremista murieron 16 soldados egipcios y otros 13 quedaron heridos.

Allí, Egipto e Israel comparten una frontera de vital importancia, sujeta a un tratado de paz vigente desde 1979. Por eso, Mursi autorizó el despliegue de helicópteros militares y el bombardeo de zonas en que los terroristas islámicos incluso han establecido campos de entrenamiento. Luego de la caída del régimen de Mubarak, esta zona comenzó a registrar un aumento de actividad subversiva -incluso con supuestos simpatizantes de Al Qaeda-, que ha desafiado reiteradamente la autoridad del gobierno de El Cairo. Es algo que ni Mursi ni la cúpula militar están dispuestos a tolerar.

La respuesta decidida del Presidente egipcio ha sido bien evaluada por la mayor parte de las cancillerías, pues demuestra su voluntad de hacer respetar el Estado de Derecho en todo el país, erradicando cualquier amenaza a la estabilidad política vigente. Además, avala con hechos su interés por mantener buenas relaciones con Israel, algo que estuvo en suspenso tras el triunfo en las urnas de los Hermanos Musulmanes. Y, por cierto, garantiza ante la comunidad internacional que ninguna amenaza terrorista ponga en peligro el normal funcionamiento del Canal de Suez. Son señales que hablan de un gobierno capaz de hacer frente a los inextricables problemas de esa región.



 


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