Cifras trabajadas en 2010 revelan problema en la quema de pasta base y cocaína:
Hasta el 10% de la droga incautada se ha perdido en el proceso de destrucción

Interior trabaja en un protocolo, junto a Salud, que busca normar la forma como se realiza el traslado y quema de las sustancias.  

R. VERGARA, M. GÁLVEZ, R. OLIVARES Y P. LEZAETA 

Si bien la detención de la funcionaria del Servicio de Salud, Viviana Vega (quien cayó junto al ex sargento del OS-7 Luis Contreras por comercializar marihuana destinada a quemarse), generó alerta sobre el proceso de destrucción de la droga incautada en el país, el tema ya estaba instalado desde hace varios meses en unidades investigativas y el Ejecutivo.

Es más, ya cifras recopiladas de 2010 indicaban que cerca del 10% de las drogas duras decomisadas (cocaína y pasta base de cocaína) no llegó hasta el proceso final de destrucción. De hecho, la estadística que se encuentra en la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica que en ese año se incautaron 2.808 kilos de cocaína y 7.127 de pasta base (9.935 kg en total de los dos tipos). Y de acuerdo a los números manejados por quienes trabajaron en el tema, ese año sólo llegaron hasta el Servicio de Salud o el ISP en total (pasta base y coca) 8.860 kilos de ambas drogas y se quemaron 8.769. Es decir, hay una diferencia entre lo que se confiscó y destruyó de más de una tonelada (1.166 kg).

Ya en ese tiempo se pudo apreciar que pese a que el análisis y quema de droga está normado por los artículos 41 y 43 de la Ley 20.000 de drogas (que establecen tiempos y fracciones de las sustancias destinada a análisis), no había protocolos claros que contemplaran mecanismos de control sobre la destrucción eficiente y controlada de coca, pasta base, marihuana y precursores químicos.

Por lo mismo, en los ministerio de Interior y Salud se comenzó a trabajar en 2011 un protocolo, el que aún no está operativo. El documento, al que accedió El Mercurio, entre otras cosas deja de manifiesto algunas deficiencias del sistema. Entre ellas destaca que varios servicios de salud queman la droga en sitios eriazos, los lugares de almacenaje no cuentan con estándares de seguridad mínimos y los pocos o nulos chequeos para verificar cumplimiento de las cadenas de custodia. Además los traslados de las sustancias desde el centro de acopio hasta el lugar de incineración contaban con bajos niveles de protección.

Una parte del problema buscó ser solucionado con la compra de tres incineradores portátiles, lo que fue impulsado luego de conocerse del robo de cerca de 100 kilos de marihuana del Cementerio General que iban a ser destruidos allí. Dos de ellos fueron destinados a Arica y Antofagasta. El tercero a Santiago, pero el propio subsecretario Rodrigo Ubilla señala que este último aún no funciona del todo. "En el caso de la Región Metropolitana, la situación fue un poco más compleja porque por estar en un área de saturación se requieren ciertas normas adicionales para el uso de este tipo de equipos. Durante el año pasado tuvimos una dificultad porque hubo una emanación superior de gases a los que están autorizados por ser una zona con características ambientales distintas", dice. Sobre el protocolo, agrega: "Nosotros estábamos trabajando con el Ministerio de Salud y con otros órganos involucrados los procedimientos que debe tener el servicio de salud para garantizar que esto se haga en tiempos y formas correctas".

El documento establece desde la grabación de videos, verificaciones formales de pesos, confecciones de actas que registren todos los pasos dados hasta pruebas de campo aleatorias sobre la droga destruida, entre otros requerimientos.

HORNOS
Interior adquirió en 2011 tres hornos móviles para quemar droga. Uno está en Santiago.

 Detención de funcionaria de Salud deja al descubierto deficiencias en el acopio de drogas en los hospitales

"La regulación es inadecuada porque se impone a los servicios de salud una responsabilidad que no tiene nada que ver con su giro", es la conclusión que saca el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto del acopio de droga en los hospitales, cuya debilidad en las acciones quedó en evidencia esta semana.

Ya en 2009, la Asociación de Funcionarios del Hospital San Borja Arriarán interpuso una denuncia porque en el recinto había más de una tonelada de marihuana acumulada. La ley de drogas determina que los servicios de salud tienen que deshacerse de los estupefacientes en un plazo máximo de 15 días desde su recepción.

Daniel Valenzuela fue uno de los dirigentes que lideró esta denuncia. Dice que en la oportunidad, Viviana Vega -encargada de recibir la droga por parte del servicio de salud y hoy investigada por tráfico- afirmó que no era tanta cantidad, sino "200 o 300 kilos, y que la diferencia se producía porque la droga se deshidrataba".

Recuerda además que las medidas de seguridad eran escasas: "Cuando fuimos a hablar con ella (Vega) había una mata de marihuana en su oficina. Era muy larga, de unos tres metros, y la tenía ahí porque, según dijo, estaba esperando que le llevaran un serrucho para cortarla y hacerla caber en la bodega", cuenta el médico.

Aparte de la falta de protocolos para el manejo y acopio, los hospitales sufren por la inexistencia de calderas adecuadas en los recintos asistenciales -dependientes de las direcciones de servicio- obliga a comprar estas prestaciones a los crematorios de cementerios y empresas privadas para su destrucción.

Si el hospital lo hace en una empresa privada, cuesta 0,1 UF por kilo, con un mínimo de cinco UF ($113.000 aprox.). En el Cementerio General, en cambio, cuesta unos $16.000 la carga de diez kilos. Mañalich explica que "desde que hubo un robo en Iquique se ha trabajado con los jueces para que emitan las órdenes de eliminar las drogas mucho más rápido y eso ha permitido tener acopios más pequeños, haciendo desaparecer la droga en una semana" y así se reduce el peligro de robo. La seguridad de los centros de acopio está en manos de los funcionarios de salud con ayuda de las policías.

Además, Interior puso a disposición, hace algunos meses, incineradores móviles, para agilizar la destrucción de la droga, pero el destinado a la Región Metropolitana aún no se utiliza.

El director del servicio de salud del que depende el hospital San Borja, Nibaldo Mora, explicó que se tomarán medidas de seguridad y se hará una auditoría "para determinar posibles diferencias cuantitativas entre la droga ingresada y la egresada durante 2012".

$113 mil
es el valor que cobran las empresas privadas a los servicios de salud por destruir cinco kilos de estupefaciente.

Fiscalía interroga a jefe de decomisos

Durante la tarde de ayer, en dependencias de la Fiscalía Sur de Santiago, fue interrogado en calidad de testigo el jefe de la Unidad de Decomisos del Servicio de Salud Metropolitano Central, Ernesto Godoy, en el marco de las primeras diligencias por el caso del ahora ex sargento de Carabineros, Luis Contreras, acusado de vender marihuana a narcos de La Legua, la que conseguía desde las partidas de droga enviada al organismo sanitario para su incineración. Hasta donde se ha podido establecer, el expulsado policía habría tenido la colaboración de la secretaria de la citada Unidad de Decomiso, Viviana Vega.

Trascendió que para el Ministerio Público es capital establecer cómo se vulneró la custodia de la droga y si hay más involucrados.

Para hoy, se dijo, se espera que la fiscalía comience a citar a funcionarios policiales que trabajaron con el ex sargento Contreras en la Sección de Control de Drogas y Estupefacientes Santiago Sur de Carabineros. Esta unidad fue desmantelada por resolución del alto mando de la policía uniformada y se reestructurará con personal de otras destinaciones.

En este escenario, la fiscalía además estaría intentando dilucidar si existieron otros involucrados en el caso.

Una de las sospechas al respecto, según se explicó el día de los arrestos y la formalización de los implicados, tendría que ver con datos investigativos que apuntan a que las ganancias por la droga robada y comercializadas en La Legua serían repartidas entre, al menos, cuatro personas.

Ayer, fuentes ligadas a la investigación explicaron que se había desvirtuado un antecedente que esbozaba la posibilidad de que el funcionario policial procesado tuviera algún nexo con los carabineros que se enfrentaron a tiros con detectives en San Joaquín.

Parlamentarios creen que lo descubierto no es un hecho aislado y piden control

Tanto el senador Jaime Orpis (UDI) como los diputados Jorge Burgos (DC) y Carlos Montes (PS) estiman que la colusión descubierta entre un funcionario de Carabineros, otra del Servicio de Salud y bandas de narcotraficantes, no es un hecho aislado.

Los tres advirtieron que lo ocurrido da una señal de alerta que el narcotráfico está penetrando organismos sensibles, que se deben mejorar los controles en todos los estamentos involucrados con la persecución y destrucción de la droga incautada, como también se deben revisar los criterios de selección del personal que trabaja en estas tareas.

Orpis, por ejemplo, recordó que han ocurrido varios hechos, tanto en el norte del país y en 2010 en el Cementerio General. "Cuando se detecta eso, son señales de corrupción y hay que revisar con mucha mayor profundidad y rigurosidad tanto el control como la cadena que sigue la droga desde que es incautada hasta que se quema".

Desde Roma, el diputado Burgos advirtió que desde hace algunos años "estamos en presencia de una penetración de los narcos en entidades públicas". Destacó la reacción del martes de los mandos de Carabineros, pero precisó que es necesario poner atención en lo que ocurre. "Puede que haya un relajamiento en los controles o hay que cambiar los exámenes de selección. Pero, es una alerta".

El diputado Montes, junto con calificar lo ocurrido como grave, dijo que es un indicio "de que las cosas se pueden complicar mucho". Advirtió que cuando el narcotráfico penetra a las instituciones, en especial a las policías, y los sistemas no reaccionan debidamente, la situación puede tornarse de mayor complejidad.

"Creo que el Ministerio Público, las policías, con el apoyo del Ministerio del Interior, debieran evaluar esto y definir un plan especial para determinar qué está ocurriendo y para evitar que adquiera otras características. Estos no son hechos aislados", concluyó.



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