El abogado y accionista de la empresa acusó "matonaje" de parte del actual gobierno:
La dura intervención de Enrique Alcalde en la última reunión de directorio de La Nación

Macarena Vega 

"Dicen que la historia se repite porque el ser humano tiene mala memoria. Probablemente, La Nación sea un caso emblemático de cómo se cometen, una y otra vez, los mismos desaciertos que responden, en su mayoría, al abuso de poder de unos en perjuicio de otros".

Enrique Alcalde se demoró diez días en escribir el discurso que pronunció el miércoles pasado en la última reunión de directorio del diario La Nación. El mismo día, y tras 95 años de funcionamiento, la empresa quedó legalmente disuelta de acuerdo a los plazos establecidos, y dio inicio a su proceso de liquidación.

El abogado -accionista de la empresa a través de la Sociedad Colliguay, dueña del 31% de la propiedad del medio-, había llegado a esa instancia dispuesto a exponer todos sus reparos contra el cierre de la empresa. Mientras, los miembros del directorio, entre ellos Daniel Platovsky, lo escuchaban en un silencio que él interpretó como cordial o como una forma de aceptar que tenía razón.

En su exposición, aseguró que, desde hace algunos años, tanto Colliguay como sus socios y los directores de La Nación han sido víctimas de una "campaña de desprestigio tenaz y brutal" de parte del Gobierno, la que se sustentaría en la premisa, "tan errónea como mal intencionada, de que Colliguay habría pagado un valor muy inferior al precio de mercado de las acciones, pues tenía acceso a información que nadie más conocía".

Eso, advirtió, implicaría un supuesto desconocimiento de los vendedores -Juan Jorge Lazo y Radio Nacional de Chile-, sobre el estado de la empresa respecto de los compradores. "Dicha afirmación -así como tantas otras que hemos visto de parte del Poder Ejecutivo desde 2010 y que, a la fecha, han minado seriamente la confianza de los chilenos en el Gobierno y sus instituciones- es completamente antojadiza y, por qué no decirlo, absolutamente falsa", aseveró en su intervención.

La defensa de Colliguay

Las 29.048 acciones de La Nación que posee Colliguay, afirmó Alcalde, fueron adquiridas de una negociación directa tanto con Lazo como con un miembro del directorio de Radio Nacional mandatado para ello.

En el caso de Lazo, aseguró, fue éste quien le ofreció vender sus acciones, ya que "no compartía la línea editorial del diario La Nación". En cuanto a Radio Nacional, explicó, otro miembro de su directorio, Juan Irarrázabal, formaba parte también del directorio de Empresa Periodística La Nación, "de lo que se sigue la absoluta imposibilidad de que existiera desinformación respecto del estado de la empresa".

Además, dijo, el gerente general de la radio en esa época (1991) fue por más de dos años gerente general de Empresa Periodística La Nación "por lo que sólo se puede concluir su perfecto y acabado conocimiento del detalle de la empresa, sus balances, contingencias y resultados". Fue precisamente él, aseguró Alcalde el miércoles, quien suscribió el contrato de compraventa de acciones.

Finalmente, agregó, se argumentó que Colliguay habría sabido de la ley que condonó las deudas tributarias de La Nación, mientras ni Lazo ni Radio Nacional lo habrían hecho. "Dicha afirmación, que cruza el límite de lo burdo, es tan falsa como ridícula por cuanto la Ley N° 19.041 (...) fue publicada en el Diario Oficial con fecha 11 de febrero de 1991".

De esa forma, prosiguió el abogado y accionista, la condonación no era información confidencial, sino una ley publicada en el Diario Oficial meses antes de que se celebraran las compraventas de acciones.

Así las cosas, en su discurso concluyó que, para afirmar que Colliguay poseía información privilegiada sobre la empresa, habría que "sostener que los directores no conocían la empresa que dirigían, que los gerentes no tenían idea del estado financiero de la empresa en que trabajaban, que la ley constituye un secreto 'conocido por unos pocos' y que La Nación, pese a editar el Diario Oficial y a ser un medio de comunicación periodística, no tenía la más mínima idea de lo que publicaban sus medios, de lo que era noticia y de leyes que condonaban sus propias deudas".

"Con el actual gobierno, las reglas dejaron de importar"

Luego de hablar sobre la negociación, Alcalde arremetió contra el Ejecutivo. "Desde 2010, con el arribo del actual gobierno, las cosas cambiaron: las reglas dejaron de importar, comenzaron las persecuciones indiscriminadas, las posiciones acomodaticias y las medias verdades tendientes a cubrir con un barniz de legalidad aquello que es completamente inaceptable en un Estado de Derecho".

Acusó el cierre de La Nación como una " vendetta política en que no hay reglas ni ley que valga, reduciendo las cosas al imperio del más fuerte". Y son esas leyes las que lo llevaron a presentar un recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones, el que fue declarado admisible y que se revisará mañana lunes (además de los socios de su firma, los ayudará en esto el abogado Raúl Tavolari, quien estará encargado del alegato).

Todo esto, insistió, derivó en la liquidación de la empresa, que "se realizó gracias a la irresponsable e ilegal ignorancia, por parte del representante, el accionista mayoritario, de los Estatutos Sociales y de la ley, desconociendo los derechos de los minoritarios. Ello constituye expoliación o expropiación ilegal que culminó en la 'liquidación', pero que también se manifestó en múltiples etapas intermedias tendientes a mermar las finanzas de La Nación y a llevarla -sin éxito- a un estado de irremediable falencia".

Finalmente, Alcalde solicitó al directorio desmarcarse del actuar del Fisco, "y que omitan ser cómplices en hechos por los cuales deben responder personalmente".

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"En La Nación, comenzó una persecución como una especie de vendetta política en que no hay reglas ni ley que valga, reduciendo las cosas al imperio del más fuerte".

 


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Alcalde es accionista de la empresa a través de la Sociedad Colliguay, dueña del 31% de la propiedad del medio.
Alcalde es accionista de la empresa a través de la Sociedad Colliguay, dueña del 31% de la propiedad del medio.


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