Impugnó las alzas que se justifiquen por mayor uso de los planes o aumento de costos:
Isapres urgen a legislar tras cúmulo de fallos de la Suprema que impiden reajustes de precios

Máximo tribunal dictó 30 fallos sobre este tema justo en la víspera de que la Cámara de Diputados vote reforma al sector.  

R. OLIVARES, C. CARVAJAL y S. SOTTORFF 

En agosto de 2010, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en que establece que el mecanismo de alza de precios de las isapres por sexo y edad no podía ser definido por cada isapre, como ocurría hasta entonces. Así, quedó sin piso uno de los principales sistemas de reajuste de precios que tenían estas aseguradoras.

Ayer, el Poder Judicial volvió a hacer un pronunciamiento clave en este tema, esta vez refiriéndose al otro mecanismo -incluido en la Ley de Isapres-, por medio del cual estas empresas ajustan los precios de sus planes de salud: las alzas anuales. En una batería de 30 fallos emitidos por la Corte Suprema, el máximo tribunal rechazó por unanimidad las alzas y, además, estableció que los argumentos esgrimidos por las isapres son insuficientes para justificar los reajustes.

La posición de las aseguradoras es que cada vez el uso de los seguros es más intenso -de nueve prestaciones por persona en los años noventa se llegó a 22 en 2012- y que el sector de salud aumenta sus precios por sobre el IPC general. Estos motivos son desechados por el tribunal, que considera que no existe "un cambio efectivo y plenamente comprobable del valor económico de las prestaciones médicas".

Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, afirmó que los aumentos de costos son "una realidad indesmentible que debe transformarse en una realidad legal cuanto antes".

Para el presidente de la isapre Masvida, Claudio Santander, "este fallo refleja lo necesario que es modernizar la ley, pues no está funcionando y tiene muchos errores. Asimismo, ésta es una oportunidad tremenda para mejorar el sistema, pues tiene varias falencias, como el tema de las preexistencias o el hecho de que las personas sean cautivas de una determinada isapre. Eso no me parece y ciertamente también debe haber un control sobre los costos".

La controversia lleva al menos cinco años (la ley que norma el sistema es de 2005) y ha llevado a la judicialización de los casos de alzas por parte de los cotizantes -que se estiman en 50 mil durante 2012-, lo que a su vez copa el trabajo de las cortes de apelaciones. Con sus fallos, la Corte Suprema fijó un punto de referencia para futuras resoluciones del tribunal de alzada, que es el que tiene que revisar permanentemente los recursos de protección de los usuarios por las alzas. Sostiene que cuando un afiliado presenta esta acción judicial "es permanente y no transitoria", por lo que no se puede subir el plan argumentando las mismas razones.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que la corte "da una indicación hacia el futuro diciendo que va a seguir fallando de la misma manera. Está sentando un precedente, que es que cualquier alza de precios unilateral, sin considerar elementos objetivos de cambios en los costos, va a declararlo ilegal, porque no se apega a la Constitución".

Además, la posición del máximo tribunal se conoció justo en la víspera de que se discuta el proyecto de reforma al sistema de financiamiento de la salud privada, que crea un Plan Garantizado de Salud (PGS), que está hoy en tabla en la Cámara de Diputados.

Éste elimina las diferenciaciones por edad y sexo (con lo que se pretende resolver el problema que dejó entrever el Tribunal Constitucional) y crea un IPC de la Salud, que pretende ser una referencia legal para las alzas de precios base, impugnadas ayer por la Corte Suprema.

El ministro Mañalich esperaba una votación favorable hoy en la sala, si ésta se llevaba a cabo, pues veía como probable un acuerdo político. De aprobarse la propuesta del Gobierno, pasaría al Senado al segundo trámite constitucional.

Sin embargo, tras el fallo algunas voces de la oposición han mostrado sus dudas. El académico de la U. Andrés Bello y militante DC Manuel Inostroza afirmó que "este fallo cambia las condiciones de contexto en las que se está conversando el acuerdo político". En esa línea, el diputado DC Gabriel Silber afirmó que la situación creada por la Suprema es más conveniente para los usuarios que lo que propone Salud.

En la Concertación creen que el fallo de ayer los deja en buen pie para negociar mejoras en el proyecto respecto de la indicación presentada por el Ejecutivo.

 Un recurso bastaría para congelar valor del plan para siempre

El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema advierte que se ha declarado que las alzas vulneran las garantías constitucionales del afiliado, por lo que el asegurador no puede volver a actuar del mismo modo (generar una nueva alza al año siguiente). "No resulta admisible que la isapre reitere esa misma conducta, puesto que la protección otorgada por la jurisdicción es permanente y no transitoria", dice el fallo. Así, a los afiliados les bastaría con presentar una vez un recurso para congelar sus precios para siempre, de no mediar cambios legales. El abogado Pedro Barría explica que por primera vez un fallo de este tipo de la Corte Suprema "extiende sus efectos más allá del período anual de reajuste de la isapre".

Decisión deja en vilo incipiente acuerdo que se discute hoy

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que la nueva propuesta del Gobierno (la cuarta desde el ingreso del proyecto) para crear un Plan Garantizado de Salud (PGS) incluye dos precios distintos: $21.942 para todos los mayores de 24 años, y $8.500 para los menores de esa edad.

Así, se pretende atenuar las alzas por edad y favorecer al grupo de los jóvenes, que son los más sanos y que hubieran subsidiado a los grupos más riesgosos (mujeres, adultos mayores) si se mantenía la tarifa plana, que era el acuerdo original.

Además, el proyecto incluye la creación del IPC de salud, que sea una referencia para saber si las alzas de las isapres son o no justificadas. De ahí que el ministro de Salud reconociera que el fallo de la Suprema "es un bombazo". Los efectos de éste pueden verse reflejados hoy, ya que está en tabla la discusión del proyecto y Mañalich había alcanzado un principio de acuerdo con la oposición, que podría caerse tras el cambio en el panorama.

Para la directora de la consultora Altura Management, Victoria Beaumont, de todos modos el efecto directo del PGS es que "encarecerá la salud a los grupos productivos de la sociedad y es un modelo supeditado a un frágil equilibrio entre el incierto incremento de los costos de la salud, el envejecimiento acelerado de la población y la disminución de la natalidad, lo que no se ha siquiera planteado en la discusión legislativa actual".



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<p><b>Las isapres</b> tienen la facultad legal de revisar una vez al año los precios base de los planes, lo que debe ser informado el 31 de marzo a Salud y por medio de cartas a los afiliados.<br/></p>

Las isapres tienen la facultad legal de revisar una vez al año los precios base de los planes, lo que debe ser informado el 31 de marzo a Salud y por medio de cartas a los afiliados.


Foto:CRISTIÁN SOTO


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