Segegob alista cuenta pública sobre el tema
Participación ciudadana: cómo funciona la ley dictada hace dos años

El Estado brindó más de 14 millones de atenciones en este plano durante 2012, tras la puesta en marcha de la Ley 20.500. La norma creó mecanismos como las consultas ciudadanas, consejos de la sociedad civil y cuentas públicas participativas. Las organizaciones civiles vinculadas al tema plantean la necesidad de difundir los nuevos instrumentos y de fiscalizar su empleo.  

Bernardita Álvarez 

El inspector general del colegio Sagrados Corazones de Alameda, Ricardo Salas Peralta, es miembro del consejo de la sociedad civil del Ministerio de Educación. Instancia consultiva que sesionó por primera vez en noviembre del año pasado.

En las dos reuniones que se han realizado hasta la fecha, Salas, junto a un grupo conformado por estudiantes, apoderados, directivos y sostenedores de establecimientos educacionales, trabaja en la elaboración de propuestas en temas como el nuevo marco para la educación superior, carrera docente y la regulación de jardines infantiles.

Este es uno de los mecanismos que puso en marcha la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana, promulgada en febrero de 2011. Su plena implementación por parte del Gobierno se inició el año pasado.

Por un lado, la norma legitima el derecho de las personas a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales. Por el otro, obliga a las 116 instituciones del Estado a promover y apoyar las iniciativas de la sociedad civil.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) es el encargado de centralizar la política de participación ciudadana que tiene como sello la "corresponsabilidad". Es decir, la apertura de espacios desde el Estado para que las personas se involucren en el quehacer gubernamental.

Tras dos años de avance, en marzo próximo se dará a conocer la primera cuenta pública sobre la materia.

Como el inspector del colegio de los Sagrados Corazones Alameda, este año fueron seleccionados más de 1.700 miembros de la sociedad civil para conformar consejos consultivos, los cuales son autónomos y desarrollan su tarea en el ámbito de las competencias de los distintos ministerios, servicios públicos y municipalidades.

"Me inscribí en el portal comunidadescolar.cl, y cuando me seleccionaron me contactó el secretario ejecutivo del consejo", explica Ricardo Salas.

Durante el año pasado, el 87% de los ministerios y servicios públicos ha consultado a los consejos de la sociedad civil, explica la asesora de participación ciudadana de la Segegob, Carla Parraguez.

A su vez, en 2012, el Estado brindó un total de 14.232.992 atenciones ciudadanas, sea por vía telefónica o a través de oficinas de información, reclamos y sugerencias (OIRS), buzones virtuales o en terreno.

El ministerio con mayor cantidad de solicitudes de atención ciudadana fue Hacienda, concentrando un 35,36% de ellas. Le siguieron Educación (26,12%), Salud (10,18%), Trabajo y Previsión Social (6,33%), Justicia (5,65%), Interior (4,68%), Vivienda y Urbanismo (4,3%), y Desarrollo Social (1,67%) (ver gráfico).

Con el fin de que la ciudadanía pueda interiorizarse de las materias que son de su interés y tenga la opción de aportar su opinión, entró en funcionamiento el mecanismo de las consultas ciudadanas. Hubo 538 en 2012. De ellas, 340 fueron a través de internet, mediante "ventanillas virtuales", que recogen opiniones ciudadanas sobre un tema determinado. Otras 198, en tanto, se efectuaron de manera presencial, a través de los denominados "diálogos participativos". Estos últimos corresponden a encuentros entre la autoridad y representantes de la sociedad civil, donde se reciben observaciones de las personas.

Fondo para proyectos

La normativa instruye también la creación de un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público, destinado al financiamiento de proyectos. Los recursos son administrados por un Consejo Nacional que adjudica las iniciativas a las que postulan las asociaciones civiles. El instrumento es liderado por la Segegob, y según sus datos, el año pasado hubo un total de 3.000 postulaciones y se adjudicaron 674 iniciativas, tanto de carácter nacional como local.

Baja participación

El Gobierno y las asociaciones son conscientes de que la política de participación ciudadana debe mejorar su difusión. "Muchas veces, la ciudadanía o las personas que pueden aportar no tienen idea de estas herramientas. Una de las cosas que se han reiterado en nuestras sesiones es que precisamente se haga mayor difusión", reconoce Salas, del consejo de la sociedad civil del Mineduc.

Al respecto, en la Segegob afirman que uno de los desafíos de este año será hacer "grandes esfuerzos en materia de difusión de la política de participación ciudadana".

Debido a esto, hubo consultas que se cerraron con escasas o nula participación. Fue el caso de la convocatoria virtual realizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile en noviembre del año pasado, para consultar por "la participación de la sociedad civil en la política de cooperación de Chile": solo tuvo dos respuestas de ciudadanos interesados.

Así también sucedió con la consulta que abrió la Segegob en diciembre de 2012 para opinar sobre "la comunicación del Gobierno con la ciudadanía", la cual no tuvo comentarios.

En ese sentido, Manuel Arís, jefe de investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente -organización latinoamericana que apoya el uso innovador de las tecnologías para profundización de la democracia-, opina que "la participación ciudadana tiene que ver con la cultura cívica de un país, y en la medida en que estos mecanismos se vayan profundizando, esa cultura va a ser cada vez más propia".

Sin embargo, Arís critica el que la ley no haya contemplado un órgano fiscalizador, y que los resultados de las instancias participativas no sean vinculantes. "No existe ningún organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana, a diferencia de la Ley de Transparencia, que nace con un organismo, como es el Consejo para la Transparencia, que se encarga de velar por la ley", advierte.

En la Segegob reconocen que aún están pendientes los reglamentos de la normativa, los cuales se encuentran en su mayoría en Contraloría.

 


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