¿A quién vamos a acusar?

Joaquín García-Huidobro 

Una acusación constitucional no es ninguna broma. Sus causas están expresadas taxativamente, y son graves. Se puede acusar a los ministros, "por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno".

¿Se cumple alguna de ellas? Habría que tener mucha imaginación para pensarlo. El ministro Beyer puede haberlo hecho mejor o peor, pero no ha incumplido la ley: ha intentado aplicarla. Al hacerlo, nos muestra que no es sencillo cerrar una universidad y esperar que la cuestión se resuelva con la Ley de Quiebras. El problema de la reubicación de los alumnos ha sido una cuestión insoluble, porque el resto de las universidades no parece tener mucho interés en recibir a esas pobres víctimas, sobre cuya calificación académica pesa más de una duda.

En el futuro, las autoridades lo pensarán dos veces antes de decretar una medida semejante. Es la consecuencia natural de una ley que, salvo unas multas irrisorias, solo contempla el cierre de la institución que ha incurrido en irregularidades. Es como si todos los delitos estuvieran penados con la pena de muerte.

Tenemos un problema serio. ¿Qué hacemos con ese grupo de universidades que están al borde de la legalidad? Quizá no sean muchas, pero tenemos que ir avanzando para aclarar un poco el panorama. El caso de la Universidad del Mar parece mostrar que se requiere no una política de shock , sino medidas graduales que permitan, en el mediano plazo, contar con un sistema de educación superior diverso y aceptable.

Muchos pensaron, años atrás, que la acreditación iba a solucionar nuestros problemas. Sin embargo, los escándalos en el seno de la propia Comisión Nacional de Acreditación nos han hecho ver que no hay que confiar en recetas mágicas, pues todas las fórmulas son susceptibles de corrupción.

¿Cuál ha sido la reacción de la CNA para recuperar la credibilidad minada por los escándalos? Aplicar mano dura y denegar la acreditación a algunas universidades. Es una solución bastante mala, pero pocos pueden criticarla. Quienes tenemos el privilegio de hacernos oír, estamos, casi todos, ligados a universidades, y las iras de la CNA nos pueden costar muy caro. Y quienes no tienen esos vínculos, carecen de la información necesaria y tampoco pueden hablar.

Aquí pasaron, al menos, dos cosas malas. La primera es que el sistema de acreditación, pensado originalmente para mejorar la calidad de las instituciones fue adquiriendo cada vez más el carácter de un mecanismo sancionador. En efecto, muchas universidades viven de los alumnos que tienen crédito con aval del Estado, que se supedita a la acreditación. Como, para ellas, el estar acreditadas es cuestión de vida o muerte (porque de lo contrario no reciben alumnos), el paso siguiente es la corrupción, para conseguir acreditaciones que no merecen. Este es el segundo problema, y la culpa aquí no es solo de las universidades inescrupulosas, sino de un sistema que está lleno de incentivos perversos.

Mientras tanto, los pobres alumnos de la Universidad del Mar dan palos de ciego, y creen que las tomas resolverán sus problemas. Y los diputados de la Concertación insisten en una acusación que, de prosperar, no resolverá ningún problema y creará otros nuevos, entre ellos, aumentar el desprestigio de la actividad política, que se deteriora cuando la gente utiliza los mecanismos constitucionales para fines ajenos a su letra y espíritu.

De paso, la Alianza descubre que con las acusaciones constitucionales no se juega. Aunque no lo digan en voz alta, muchos se preguntan si no habrán sido precipitados cuando hicieron con Yasna Provoste lo que ahora otros quieren hacer con Harald Beyer.

Lo menos grave de estos debates absurdos es que nos hacen perder tiempo en tonterías. Lo grave es que nos distraen de las cuestiones fundamentales. Si la educación es el único modo de conseguir movilidad social, ¿por qué seguimos descuidando la educación básica, que es donde se juega el partido? ¿Como fomentaremos la educación técnica? ¿Qué haremos para tener buenos profesores? No basta con poner mecanismos de certificación de calidad, porque lo único que nos dirán es algo que ya sabemos: que estamos mal.

Los diputados de la concertación insisten en una acusación que, de prosperar, no resolverá ningún problema y creará otros nuevos, entre ellos, aumentar el desprestigio de la actividad política, que se deteriora cuando la gente utiliza los mecanismos constitucionales para fines ajenos a su letra y espíritu.
Joaquín García-Huidobro

 


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