Sociedad Interamericana de Prensa criticó la aprobación de la iniciativa en el Congreso:
SIP considera un "retroceso histórico" la polémica Ley de Comunicación de Ecuador

Nuevo cuerpo legal impulsado por Rafael Correa crea organismos de control a la prensa y redistribuye concesiones.  

JAVIER MÉNDEZ ARAYA 

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó de forma mayoritaria una controversial ley de medios de comunicación que crea organismos de control de la actividad periodística, con auditorías e imposición de sanciones administrativas y económicas a periodistas y medios.

Con 108 votos a favor, 26 votos en contra, y una abstención, para un total de 135 legisladores presentes, la iniciativa promovida por el propio Presidente Rafael Correa fue tachada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un "retroceso histórico" para la región, porque a su juicio "consagra" la censura previa, y coloca a Correa en la posición de "Gran editor".

Con la aprobación de esta ley "liberticida" se produce uno de los "retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina", dijo en una entrevista con EFE el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo.

"Las disposiciones de censura y de demandas penales contra periodistas son claros intentos de acallar críticas", advirtió el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en un comunicado.

En la parte sustancial, la ley crea organismos como la Superintendencia de la Información y Comunicación, el Consejo de Regulación y el Consejo Consultivo.

La Superintendencia podrá, a instancias de los consejos, realizar auditorías, aplicar sanciones económicas y administrativas, y establecer la responsabilidad ulterior, civil y penal, de los periodistas que difundan textos que lesionen derechos, y que los medios podrán publicar contenidos de redes sociales siempre y cuando verifiquen la identidad del autor.

También establece la figura del "linchamiento mediático", destinada a "garantizar el buen nombre de las personas".

Los medios han expresado temor a que este acápite impida investigaciones sobre corrupción.

Además, la ley establece una nueva política para la cesión de frecuencias para la televisión, disponiendo la siguiente distribución: 33% para entregar frecuencias a televisoras privadas, 33% para canales estatales y el restante 34% para organizaciones comunitarias.

El oficialismo celebró la aprobación de la ley, indicando que amplía la libertad de prensa. Mauro Andino, asambleísta patrocinante, señaló que "hoy es un día histórico para el país porque hoy sí todos vamos a hacer uso de ese legítimo derecho que es la libertad de expresión, de información y no solo de los empresarios de la comunicación, aquellos que se han creído los dueños del país".

Desde que ganó la reelección en febrero pasado, Correa señaló que su prioridad sería sacar adelante la ley de medios, que fue bloqueada por la oposición en la legislatura pasada. El Mandatario que promueve el llamado "Socialismo del Siglo XXI" ha sostenido duros enfrentamientos con la prensa crítica, a la que ha acusado de "corrupta, mediocre y malintencionada", llevando esta disputa incluso al terreno judicial.

En la oposición y los medios independientes piensan que el cuerpo legal pone en riesgo la libertad de expresión y la democracia misma.

César Rodríguez, del opositor Movimiento Poder Popular, dijo a "El Mercurio" que la ley será "un instrumento del gobierno para concentrar mayor poder y controlar a los medios".

El director del diario El Universo, Carlos Pérez Barriga, advirtió que el alcance de esta ley es muy extenso y se contradice con la Constitución, la cual garantiza los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Esta ley será aplicada a los medios independientes que discrepen o denuncien actos de corrupción del gobierno", añadió Pérez Barriga desde Guayaquil.

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La Asociación Nacional de la Prensa de Chile manifestó su preocupación y dijo que la aprobación de esta ley representa un "grave daño" al ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador (A2).

 


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El movimiento político CREO se manifestó ayer en la Asamblea Nacional en contra de la nueva ley de comunicación.
El movimiento político CREO se manifestó ayer en la Asamblea Nacional en contra de la nueva ley de comunicación.
Foto:EL COMERCIO DE QUITO/GDA


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