En todo el país en 2014:
Ministerio Público invirtió $1.786 millones en protección y apoyo a las víctimas de delitos

Desde hoteles, medicamentos, pasajes y cámaras de vigilancia hasta medidas extremas, como la reubicación en otras ciudades.  

S. Neira y M. Vega 

"En algunas islas es una hazaña reforzar un domicilio para proteger a las personas", dice Marcela Villarreal, jefa (s) de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos en la Región de Los Lagos (Uavit).

Una hazaña, porque a una hora y media de navegación de Puerto Montt, la Isla Maillén tiene otro desafío: dos horas más caminando a campo traviesa.

Trámites como una constatación de lesiones en el Servicio Médico Legal, que en cualquier ciudad pueden tomar un par de horas, en zonas apartadas pueden extenderse hasta por 3 o 4 días, lo que obliga a la Uavit a pagar todos los gastos de viaje.

Hoteles, medicamentos, terapias, pasajes de bus, lancha o avión, reparaciones de puertas, cercos, instalación de cámaras de vigilancia, rejas y hasta furgón escolar, entre otros, financia el Fondo para Gastos de protección y apoyo a víctimas y testigos del Ministerio Público.

En 2014 este fondo destinó $1.786.044.856 a medidas de protección y apoyo para personas intervinientes en causas penales en todo Chile.

Los gastos varían dependiendo de la zona del país. Así, en los centros más poblados, la teleasistencia está entre las medidas más valoradas por los usuarios, especialmente en casos de violencia intrafamiliar, explica Ángela Chávez, directora (s) de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.

Unas 25 mil personas cuentan con esta protección domiciliaria que opera 24/7 todo el año.

"Es una comunicación segura y rápida, con una central que derivará el caso de inmediato a quien corresponda: Carabineros, el Plan Cuadrante, Urgencia, a familiares", agrega.

Cerca del 12,2% del fondo de protección está destinado a este servicio que funciona con un dispositivo de comunicación en el domicilio del beneficiario o tecla de marcado rápido en un celular que la fiscalía designa, o una base conectada a una línea telefónica y un botón de pánico adherido a una pulsera o collar que se puede activar en situaciones de riesgo.

"Son personas preparadas para dar contención. Muchas veces las personas llaman desbordadas, asustadas", dice Marcela Villarreal, quien explica que para cada persona se genera un protocolo de acción distinto.

Tienen tiempos breves de reacción, "puede estar en riesgo de vida la persona", afirma la directora (s) Chávez.

Pero requiere "un nivel mínimo de tecnología. Opera con una central telefónica. Si no hay señal es más difícil", añade.

Marcela explica que en regiones apartadas, donde incluso la conectividad telefónica es compleja, ese sistema está descartado y los funcionarios de la Uavit tienen que partir con teléfonos celulares "de todas las compañías, para asegurarnos de que haya señal".

En Aysén incluso han instalado antenas en lugares lejanos.

Y aunque lo más simple sería la reubicación en las ciudades, "su arraigo es tan fuerte que no las podemos obligar y tenemos que ser creativos para que puedan estar protegidas pese a su extrema condición de aislamiento", acota.

Muchas veces enfrentan decepción de los beneficiarios, que tenían expectativas distintas del apoyo que van a recibir.

"Hay reglamentos que regulan los montos, y las fiscalías regionales se tienen que adecuar a ellos, a precios de pasajes, arriendos, si requiere apoyo monetario", dice la encargada subrogante.

La relocalización es la medida más radical y también de mayor costo porque requiere acciones complementarias, "desde un trabajo, colegios o liceos, centros de atención médica si hay personas enfermas en la familia".

Hay muchos casos en el país, especialmente en causas de violencia intrafamiliar pero también ligadas al conflicto indígena, por ejemplo.

Creciente también es la demanda en casos de trata de personas, desde que rige la ley sobre el tema (abril de 2011), que obliga a medidas de protección "muy demandantes y de alto costo. Se requiere apoyos especializados, retornar víctimas a otros países".

Porque aunque "siempre la primera alternativa de apoyo será la red pública, con psicólogos o médicos, para tratamientos o prestaciones", si no están disponibles deben contratar esos servicios fuera, indica Ángela Chávez, de la Fiscalía Nacional.

Inversión
De los $ 205 millones que invirtió la Fiscalía Occidente en 2014, unos $142 millones fueron gastados en protección de personas.
 El destino de los fondos invertidos por las fiscalías

Del total del Fondo de Aportes Económicos para gastos de protección y apoyo a las víctimas y testigos invertido en 2014, un 57% se utilizó en protección y un 43% en apoyo.

Entre los ítems de aportes asociados a "protección" se encuentran los gastos en elementos de seguridad (personal y de vivienda), que representan un 33% del total del fondo.

En este ítem se encuentran principalmente: instalación, reparación y/o reforzamiento de puertas, ventanas, cercos y/o rejas, y representa el 14,2%; instalación de ojo mágico, cadena de seguridad y/o chapas, correspondiente al 1,4%; servicio de asistencia en línea, que alcanza un 12,2%.

Por su parte, los recursos destinados a apoyo correspondieron principalmente a traslado de personas a audiencias, pago de terapias profesionales, alojamiento y alimentación de víctimas y testigos.

Este fondo, desde el año 2012 a la fecha, se ha incrementado, en lo relativo a Elementos de Seguridad tanto personal como para la vivienda, en un 38%, permitiendo un trabajo más eficiente.



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Zonas aisladas.- Las medidas de ayuda y protección son costosas en zonas aisladas y el arraigo de las personas a los lugares que habitan hace imposible su relocalización. Cada caso requiere un tratamiento distinto.
Zonas aisladas.- Las medidas de ayuda y protección son costosas en zonas aisladas y el arraigo de las personas a los lugares que habitan hace imposible su relocalización. Cada caso requiere un tratamiento distinto.
Foto:MINISTERIO PÚBLICO

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