Partidos de la Nueva Mayoría critican falta de una "línea política clara":
El diseño de La Moneda para recuperar el control de la agenda no convence al oficialismo

Abril es el plazo que dio la Presidenta para contener los efectos políticos derivados de los casos Caval y SQM, y presentar propuestas legislativas que apunten a revertir la desconfianza. En tanto, el ministro Peñailillo es el principal encargado del control de daños, el subsecretario Aleuy debe monitorear la marcha habitual del Gobierno.  

Carlos Saldivia y Fernanda Vallejo 

La noche del miércoles, asesores del Ministerio del Interior se comunicaron por teléfono con diversos líderes del Congreso, lo que causó sorpresa en muchos de ellos. El equipo de conflicto del jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, estaba trabajando en la elaboración de los escenarios futuros que podría enfrentar el Gobierno a raíz de los casos Caval y Soquimich. Y en ese marco, se les preguntó a los parlamentarios de la Nueva Mayoría si manejaban información sobre el "estado de ánimo" que imperaba en el Ministerio Público y si estaban enterados de los próximos pasos que darían los fiscales a cargo de las investigaciones.

El episodio, de acuerdo con los análisis de los dirigentes oficialistas, grafica la descoordinación, la falta de redes y el escaso "tonelaje político" de quienes se han encargado de monitorear los efectos que podrían tener los procesos judiciales en la imagen y en la marcha del Gobierno. Diagnóstico que ha generado un manto de dudas y cuestionamientos en la Nueva Mayoría al diseño que implementó La Moneda para enfrentar la crisis.

Esquema que comenzó a delinearse el 23 de febrero, cuando la Presidenta Michelle Bachelet puso fin a sus vacaciones en Caburgua y regresó a Palacio.

En esos días, luego de varias conversaciones con su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, el equipo de Interior, que dirige Rodrigo Peñailillo, y el subsecretario Mahmud Aleuy, más el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, la Mandataria resolvió adoptar un diseño para afrontar la coyuntura, tras un diagnóstico preliminar de los daños en el Ejecutivo.

Y a continuación se socializaron los lineamientos de la estrategia con los ministros del gabinete: se contemplaba seguir una vía jurídica y paralelamente otra política; además, se establecería un marco regulatorio con "cambios radicales" y en ellos participarían empresarios, políticos y parlamentarios.

Sin embargo, en los partidos de la Nueva Mayoría y en el Congreso señalan que esa línea de acción "todavía no se puede observar con claridad".

De acuerdo con dicha planificación, mientras el consejo asesor presidencial anticorrupción elabora sus propuestas, analistas de Interior, liderado por el ministro Peñailillo y Flavio Candia (PPD), jefe de la unidad de conflictos de la cartera, efectuaría un control de daños y una proyección de los escenarios posibles en el corto plazo.

Paralelamente, se acordó que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sostendrá conversaciones con los partidos políticos para dirimir divergencias entre el Legislativo y Ejecutivo en este tema, y que monitoreará de cerca la marcha habitual del Gobierno, para evitar posibles atrasos en el cumplimiento de las metas del programa.

El diagnóstico y las críticas de La Moneda

De acuerdo al diagnóstico elaborado en La Moneda, la situación generada por Caval, Penta y Soquimich constituye "un problema severo" que tendrá un "impacto electoral medible". Efecto que, estiman en el Ejecutivo, podría disminuir si se establece una línea de "transparencia radical" en la administración del Estado, que no solo marque un punto de inflexión en los cuestionamientos públicos y que revierta en alguna medida la desconfianza ciudadana, sino que también evite la posibilidad de nuevos conflictos de interés en el futuro.

En este sentido, en el Gobierno existe inquietud por la forma en que el Ministerio Público ha abordado las investigaciones judiciales en curso. La transmisión en vivo de las audiencias de formalización del caso Penta generó incomodidad en La Moneda, pues se consideró que algunos fiscales buscaron cierto "protagonismo innecesario" y que ello podría replicarse en el caso Caval y SQM. Diversas autoridades de Gobierno han planteado en privado que observan en la fiscalía cierto "ánimo de inquisición" y de "erigirse como una reserva moral".

Por ello, en el Ejecutivo señalan que parte estructural de su diseño apunta a defender la institucionalidad, y que toda reforma debe orientarse a certificar que las instituciones del Estado son legítimas y que también lo son quienes las dirigen.

El "fuego amigo" se ha instalado como una preocupación de La Moneda a la hora de hacer el control de daños. No han sido bien evaluadas, por ejemplo, las acusaciones del diputado Hugo Gutiérrez (PC) contra el senador del PS, Fulvio Rossi, sobre la posibilidad de que este último recibiera financiamiento para su campaña desde Soquimich y de empresas mineras. Tampoco los cuestionamientos del senador PS Alfonso de Urresti en contra del ministro de Obras Públicas (DC), Alberto Undurraga, acerca de que "está más preocupado del caso Penta" que de las fallas que presenta el puente Cau Cau en Valdivia.

Dicho tema lo abordó Aleuy en diversas reuniones con partidos de la Nueva Mayoría -PS, PPD, DC y PC- y les enfatizó que es relevante evitar que proliferen "críticas sin fundamento" entre dirigentes políticos del oficialismo, o "ajustes de cuentas" y "gustos personales".

Advertencia que se enmarca en un diagnóstico claro: en el Gobierno están concientes de que los procesos judiciales y los cuestionamientos a la clase política estarán en la agenda por "varios meses".

Así, en el Ejecutivo estiman necesario dar muestras de que, junto con abocarse a la crisis, también se trabaja en el cumplimiento del programa y la gestión administrativa. Por ello, desde Presidencia se solicitó a todos los ministerios revisar sus áreas de gestión política y preparar una ofensiva legislativa que comience en mayo con proyectos sectoriales.

Según explican en el Gobierno, el "segundo piso" ya ha comenzado a trabajar con miras a la cuenta presidencial del 21 de mayo y está dentro de las expectativas que con el correr de los días el debate se vaya centrando en las reformas que se contemplan para 2015 -entre ellas, educación superior, desmunicipalización y carrera docente- y que el discurso de la Mandataria no se vea ensombrecida por el caso Caval.

Disgusto de los parlamentarios

El diseño del Gobierno para enfrentar la crisis no ha dejado satisfechos a los parlamentarios de la Nueva Mayoría. En el PS y la DC, por ejemplo, no tuvo una buena acogida que el comité asesor presidencial, que encabeza Eduardo Engel, no incluyera a los partidos políticos. ¿El motivo? En las colectividades oficialistas aseguran que este "no es el tiempo de la academia, sino el de la política". Y para graficar esta afirmación dicen que en la Biblioteca del Congreso actualmente figuran cerca de 300 informes, en diversos estantes, sobre la relación entre política y negocios.

También, se ha hecho habitual en los últimos días escuchar a los parlamentarios comentar en los pasillos del Congreso que no son necesarios "más cerros castillos", en una clara alusión a que la crisis no se resolverá impulsando las prioridades sectoriales del Gobierno, sino con una "conducción política firme".

Algo que desde los partidos de la Nueva Mayoría resienten como una debilidad del Ejecutivo y que se suma a la ausencia de una figura que pueda alinear y coordinar a los parlamentarios. Hecho que quedó graficado esta semana cuando el nuevo vicepresidente de la Cámara, Patricio Vallespín (DC), planteó cambios en el presupuesto del Congreso y en la comisión de Ética, lo que generó la incomodidad del presidente, Marco Antonio Núñez (PPD), ya que no había sido informado de sus declaraciones.

En esta línea, en la DC señalan que la Presidenta tuvo que "poner los pies en la tierra" tras Caval, y pasar de un liderazgo en que no necesitaba acuerdos, a un sistema habitual en el que esperan que se comunique y reúna más con los partidos políticos. Además, afirman que no ha habido contacto desde el Gobierno para transmitir planes y plazos del diseño.

En el PR, en tanto, consideran que la conducción de la crisis ha sido "bastante errática". Advierten que la falta de una "línea clara" se tradujo en que se extendiera un manto de dudas sobre las actuaciones del SII y si finalmente se estaba orientando por criterios técnicos o políticos.

Asimismo, en el PS y en parte del PPD explican que, tras el estallido del caso Caval, entre los equipos que lideran Peñailillo y Aleuy surgieron diferencias, lo que ha dificultado que se establezcan canales de coordinación política.

Según plantean en el oficialismo, aunque Flavio Candia ha sido "empoderado" por Peñailillo para dirigir la crisis, no tiene mayores líneas de comunicación con Aleuy ni con los principales dirigentes de los partidos del bloque.

Si bien el analista -amigo de su juventud, considerado como la "mano derecha" de Peñailillo- ha buscado apoyo en algunos dirigentes políticos de la cartera, como en el jefe de gabinete de Peñailillo, Felipe Barnechea (PS), no ha logrado aminorar las críticas ni articular diálogos con los líderes del Congreso.

La relación con SII

Desde La Moneda sostienen que Peñailillo y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, han sido los encargados de comunicarse con el director del SII, Michel Jorratt. Y que una vez conocida la lista de los posibles implicados en el caso SQM, se hizo ver al servicio que para el Gobierno sería necesario "contar con algo de tiempo" para hacer un control de daños antes de que se solicitara la ampliación de la querella por delitos tributarios hasta 2014.

Desde Hacienda indican que el ministro Arenas tuvo la última reunión con Jorratt -con quien cultivó una relación cercana en el comando de campaña de Michelle Bachelet- en noviembre pasado, en el marco de la reforma tributaria, y que desde esa instancia no han vuelto a reunirse.

No obstante, afirman que el secretario de Estado decidió dejar la implementación de la modificación impositiva a cargo del subsecretario Alejandro Micco, quien tiene un diálogo permanente con Jorratt, en el que también se abordan otros temas.

La Nueva Secom

Fines de abril es el plazo que zanjó la Presidenta Bachelet para que la crisis por el caso Caval y Soquimich quede encauzada por una serie de propuestas legislativas y mecanismos administrativos que apunten a mejorar la confianza en la política.

De lograrse ese objetivo, en La Moneda esperan que se comience a destacar el cumplimiento de promesas presidenciales y del programa de gobierno. Para ello, las expectativas están centradas en el mejoramiento del trabajo comunicacional de la Secom, cuyo nuevo director sería nombrado, tras la salida de Paula Walker del cargo, antes de fin de mes.

En el Ejecutivo explican que en la búsqueda del reemplazo han estado trabajando la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, el ministro Peñailillo, y el ministro Álvaro Elizalde.

Una de las metas que tendrá la nueva Secom será la de mejorar la evaluación de la Presidenta en encuestas y recuperar terreno en su atributo de "cercanía con la gente". Además, deberá mejorar la coordinación con los ministros para poder promocionar los logros de cada cartera.

 


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El subsecretario Mahmud Aleuy (PS) y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), son los hombres clave de La Moneda para afrontar la crisis.
El subsecretario Mahmud Aleuy (PS) y el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), son los hombres clave de La Moneda para afrontar la crisis.
Foto:Héctor Aravena


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