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Alejandro Ferreiro, miembro de la comisión de Probidad y Transparencia de la Nueva Mayoría:
"Los políticos no pueden ser tratados como si fueran una tropa de bandidos"

Domingo 22 de marzo de 2015


Foto:SERGIO ALFONSO LOPEZ

"Los partidos políticos no son interdictos para buscar las soluciones a los problemas que les competen", sostiene el ex ministro, defendiendo la conformación del grupo paralelo al que convocara la Presidenta Bachelet, pero descartando que haya una "rebelión" ante la fórmula de La Moneda.
 


M. Soledad Vial 

T res veces superintendente, ministro de Estado, secretario de la primera comisión de Probidad y Ética Pública en tiempos de Frei, y presidente del Consejo para la Transparencia durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Alejandro Ferreiro ha caminado desde muy joven en el mundo público y también en el privado, como consultor y director de empresas.

Comenzó a las órdenes del paradigmático Edgardo Boeninger: el influyente ministro lo fichó para el gobierno de Aylwin apenas egresado de Derecho de la U. de Chile, donde fue el mejor alumno, igual que en su colegio, el Saint George. Si bien sus últimos años lo han vinculado más al mundo privado, acaba de ingresar como investigador senior a Cieplan, el think tank de los ex ministros Foxley, Arellano y Cortázar, y es director de Espacio Público, que preside Eduardo Engel.

Ahora ambos integran comisiones paralelas, en busca de propuestas que combatan la corrupción y el tráfico de influencias. Ferreiro representa a la DC en el grupo que los partidos de la Nueva Mayoría constituyeron, luego de no ser convocados por la Presidenta Bachelet al equipo que encabeza Engel. "No es posible restarse a este esfuerzo. Si creyera que es una forma de debilitar la comisión de Eduardo, no estaría aquí", enfatiza Ferreiro.

-¿Y no es un desafío al Gobierno? Los partidos ya adelantaron que si no acoge sus propuestas, las tramitarán igual en el Congreso.

-Es comprensible que la Presidenta haya querido conformar una comisión sin participantes activos del mundo de la política o los negocios, pero los partidos no podían cruzarse de brazos. La presión del tiempo que pasa, la crítica social y la desconfianza son soportadas principalmente por el mundo político, que debe reaccionar con prontitud. Hay cosas que pueden y deben hacerse antes de las propuestas de la comisión Engel, como el anuncio de la Presidenta respecto a las declaraciones de patrimonio.

-¿Qué credibilidad tendrán las propuestas de esta comisión si los partidos están entre las instituciones más cuestionadas del país?

-No me gusta aceptar esa premisa. Por más que los políticos estén cuestionados, no pueden ser tratados como si fueran una tropa de bandidos que defienden sus intereses particulares. Tenemos una clase política esencialmente proba y bien inspirada. Los partidos políticos no son interdictos para buscar las soluciones a los problemas que les competen.

-¿Qué propuestas pueden combatir el escepticismo?

-Debemos aprovechar este escepticismo e indignación ciudadanos como incentivo para avanzar rápido en las correcciones, pero sin perder de vista lo que somos y hemos logrado como país. Tenemos una clase política y empresarial que se cuentan por lejos entre las mejores de la región. En los últimos 30 años, la política y el mundo de la empresa han permitido un desarrollo económico y avances sociales sin precedentes. Eso es consecuencia de la buena gobernabilidad y un desarrollo económico impulsado por una clase empresarial que, en general, ha operado en escenarios de competencia e innovación.

-Ud. trabaja en temas de probidad desde hace 25 años: ¿es cuestión de leyes o simplemente de capacidad para hacer lo correcto?

-Siempre me ha sorprendido este divorcio entre las instituciones en Chile, con índices de transparencia y gobernanza superiores al promedio de la OCDE, y el bajo aprecio social que despiertan. Pero esta excesiva autocrítica nacional tiene una ventaja: el mundo político está obligado a reaccionar frente a una sociedad que se indigna fácil, que es intolerante con las malas prácticas. Prefiero esta actitud a la resignación que en muchos países se observa frente a la corrupción. Pero hay un riesgo si la crítica excesiva confunde el juicio, mete a todos en el mismo saco o no distingue entre lo que funciona bien y lo que requiere corrección.

-¿Cuáles son los haberes y cuáles las deudas?

-No hemos resuelto bien la relación del dinero y la política. Tenemos un financiamiento que favorece en demasía las donaciones de las empresas, permitiendo la opacidad y el beneficio tributario.

"No hemos sido capaces de hacer cumplir las reglas electorales; poca gente cree que la rendición del gasto electoral corresponda en verdad al gasto efectivo; la ley no tiene nada que ver con lo que pasa en la calle, porque buena parte de la propaganda electoral es ilegal".

"La institucionalidad actual del SII no contribuye a desechar las sospechas"

-El debate está centrado en el financiamiento de la política: ¿qué reformas impedirían la corrupción en otras esferas públicas?

-Regular el post empleo de personas que salen del sector público al sector privado. No puedo pedirle a un experto que pase dos años en su casa sin poder trabajar, a menos que se le compense. La experiencia internacional es muy clara.

"Lo más importante, quizás, es revisar cómo se toman decisiones públicas que pueden tener altísimo impacto económico y cuál es el riesgo de captura. Los cuestionamientos al Servicio de Impuestos Internos (SII) no habrían sido tan virulentos si su director no fuera un funcionario de exclusiva confianza presidencial que hoy participa de un concurso para asumir en propiedad el cargo".

"El mismo gobierno corporativo propuesto para la Comisión de Valores, colegiado y autónomo, debería prevalecer para todas las entidades gubernamentales que adoptan decisiones discrecionales con alto impacto para el sector privado".

-¿Cree que el SII ha sido presionado políticamente?

-No quiero entrar en juicios de valor, pero es evidente que la institucionalidad actual del SII no contribuye a desechar las sospechas acerca de una eventual influencia política sobre sus decisiones. Esa es la lección institucional de este caso. Demasiado poder ejercido en forma discrecional por un funcionario designado y removible por la exclusiva voluntad de la autoridad es, casi por definición, fuente de riesgo.

-¿Cuánto más ha dañado a la institucionalidad este tira y afloja entre la fiscalía y el SII?

-El tema ha sido confuso e innecesariamente polémico. La ciudadanía lo ha observado desde la sospecha, y eso complica aún más el escenario. Cada quien debe hacer su labor. Ambas instituciones deben "funcionar". De hecho, las instituciones realmente funcionan cuando están dispuestas a tomar decisiones impopulares, pero correctas de acuerdo a la ley. Para tener esa fuerza se requiere de un gobierno institucional que dé plenas garantías.

-En ese sentido, el debate no ha tocado a los municipios, una de las instituciones peor evaluadas en los índices de transparencia.

-Tenemos una cultura social de muchas irregularidades. Se considera normal tirar y dar una licencia médica falsa, evadir el pago del Transantiago, pedir factura para gastos familiares. Hemos aceptado códigos de conducta que distan de la probidad; hay algo de hipocresía social cuando los mismos que incurren en malas prácticas son tan ácidos para cuestionar las prácticas de otros. Ninguna institucionalidad garantizará pleno cumplimiento de las buenas prácticas si subyace una cultura que valida el atajo.

"La gente no cambiará su opinión por una comisión"

-¿Advierte que el escalamiento de escándalos adquiere ya proporciones sistémicas?

-La percepción de la opinión pública está marcada por la difusión de casos de mucho impacto, una especie de Sodoma y Gomorra. Nada más lejos de la realidad; en general, prevalece la probidad en el mundo de la empresa y en el mundo de la política. Sin embargo, hay riesgos.

-¿Cómo se enfrenta un escenario en que políticos de todos los sectores aparecen involucrados en formas de financiamiento irregular? ¿Debe quedar en manos de la justicia o también involucrar un acuerdo político al estilo MOP-Gate?

-No hay espacio para amnistías ni para decisiones legales o administrativas que bloqueen el actuar de la justicia. Los acuerdos políticos deben darse en torno a nuevas y mejores normas de probidad y transparencia.

"Es claro que la ley electoral en su actual diseño y escasa fiscalización hace casi irresistible que el candidato intente conseguir el mayor financiamiento posible sin detenerse frente a los límites legales. ¿Significa eso que estamos ante una clase política capturada por los intereses de los financistas? No".

"Pero hoy los niveles de desconfianza son tales, que la gente no cambiará su opinión por una comisión o una ley que se aprueba en el Parlamento. La confianza se recuperará en la medida en que podamos demostrar con nitidez que hemos mejorado el funcionamiento de las instituciones. Eso tomará tiempo".

"Los cuestionamientos a Impuestos Internos (SII) no habrían sido tan virulentos si su director no fuera un funcionario de exclusiva confianza presidencial que hoy participa de un concurso para asumir en propiedad el cargo".

"Hay hipocresía social cuando los mismos que incurren en malas prácticas son tan ácidos para cuestionar las prácticas de otros".

"La Ley Electoral en su actual diseño y escasa fiscalización hace casi irresistible que el candidato intente conseguir el mayor financiamiento posible sin detenerse frente a los límites legales".

 "No me gusta la publicidad de las investigaciones"

-Como abogado, ¿le satisface la forma en que el Ministerio Público ha enfrentado el tema?

-El Ministerio Público busca cumplir con su mandato de persecución criminal. Es explicable y deseable su conducta porque no cumpliría su misión si se inhibiera de ser lo más agudo, penetrante y exigente posible en sus investigaciones, caiga quien caiga.

-¿Qué caso ve más grave: Penta, Caval, SQM?

-Son casos distintos, algunos están más desarrollados y en otros apenas sabemos de trascendidos.

-A propósito de diferencias: la incautación de documentos en el caso Penta fue informada a los medios, que las transmitieron en vivo. En el caso Caval, trascendió varios días después de efectuada. ¿Es prudente?

-No me gusta, en general, la publicidad de las investigaciones criminales, que algunas decisiones lleguen a oídos de la prensa y otras no, o que alguien decida discrecionalmente qué audiencias se transmiten por TV y cuáles no. Finalmente, se generan discriminaciones discutibles que afectan la igualdad de trato en un ámbito muy sensible.