La democracia en peligro

Carlos Peña 

La manera en que el Gobierno está enfrentando los escándalos propios y los ajenos está equivocada y, lo que es peor, podría acabar dañando la democracia.

Desde luego está equivocada.

Lo que los casos Penta, Soquimich y Caval ponen de manifiesto es que existiendo reglas, hay poca disposición a cumplirlas y, lo que es peor, una renuencia de los órganos estatales (con la excepción del Ministerio Público) a hacerlas valer cuando se las incumple.

El Gobierno confunde, no obstante, las cosas y trata la falta de disposición a cumplir las reglas como si fuera un problema de carencia o de mala redacción de ellas. Y por eso pretende que el diseño de reglas por parte de un grupo experto pueda corregir el problema que hoy aqueja a la esfera pública.

Pero se equivoca.

No son las reglas, sino la falta de disposición a cumplirlas el problema. Y la manera de curar ese defecto no es instituir una comisión que piense nuevas reglas o aleccione a los ciudadanos con discursos edificantes o lugares comunes, sino alentar a los órganos persecutores para que cumplan con su deber y persigan las transgresiones de las reglas hoy día existentes. Hay que perseguir la infracción de las reglas sin consideración a la identidad de los involucrados y no, en cambio, como se ha hecho, desplazar el problema: desde el mal comportamiento a las reglas; desde los actos del hijo de la Presidenta a la reflexión general sobre el conflicto de interés; desde el caso Penta a la ideación de reglas para financiar la política. Desplazar -enseñó Freud- es ocultar.

La estrategia del Gobierno es entonces equivocada: intenta desplazar el problema, cuando se trata de enfrentarlo, sea cual fuere el rostro que al final asome.

Pero, además, su conducta puede dañar la democracia.

Al formar una comisión y excluir de ella a los políticos se trató a diputados y a senadores como incumbentes, personas cuyos intereses sombríos les impedirían considerar con imparcialidad asuntos tan importantes como la relación entre el dinero y la política. En pocas palabras, se les dijo, a diputados y a senadores, que ellos eran parte del problema y no, en cambio, parte de la solución. Es difícil imaginar una forma más temeraria de devaluar la función de los representantes elegidos. Y no hay palabras ni gestos que puedan, en lo inmediato, curar ese acto casi performativo de desprecio.

Tratar al conjunto de los diputados y senadores, de izquierda y de derecha, como sujetos cuyo interés personal les impide ver el interés general, simples buscadores de rentas en la selva de las elecciones periódicas, al extremo que sería mejor omitirlos de la deliberación acerca de la corrupción, es un error institucional de proporciones (y en muchos casos una injusticia) que lleva aguas al molino del desprestigio de la actividad política a favor de todos quienes anhelan hacer política desde la nada o desde una personalidad providencial o desde un momento inaugural y originario, donde, para alcanzar la pureza, ninguna regla debiera existir porque todas se estarían diseñando de nuevo.

En las Sátiras de Juvenal se sugiere que es imposible custodiar la fidelidad si sus custodios son corrompibles. La frase de Juvenal -¿quién custodia a quienes custodian?- describe también el dilema de la política: ¿Quién controla a quienes, como los diputados y senadores, tienen en sus manos el poder soberano?

La respuesta de la democracia no es, desde luego, una comisión de expertos.

La democracia confía en sí misma y entrega (como sugiere Tocqueville) a la opinión pública la moderación del poder; a la división de este último (como aconseja Madison), el control de cada una de sus partes; al sentido del deber de quienes lo ejercen (como proclama Maquiavelo), la capacidad de corregir sus propios errores; a la ley (recuerda Spinoza), la tarea de decir dónde acaba la libertad de cada uno para hacer lo que le plazca.

Todo esto aparenta ingenuidad, pero sobre esa ingenuidad reposa la democracia.

Lo otro no es democracia: o es el gobierno de expertos, o la primacía del líder providencial, o un momento originario donde todo es puro, pero solo porque no hay reglas que digan qué es lícito y qué no.

Todas esas alternativas equivalen a la inocencia total.

Y la inocencia -enseña G. Greene- es como un leproso mudo que ha perdido su campana y se pasea por el mundo sin mala intención.

La estrategia del Gobierno frente al caso Caval o Soquimich es equivocada: intenta desplazar el problema, cuando se trata de enfrentarlo, sea cual fuere el rostro que al final asome.

 


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