"El Mercurio" accedió a informe completo de la U. Católica de Valparaíso
Caso Cascadas: Peritaje final detecta fallas en gobierno corporativo, no en inversiones

Más de $150 millones costó la pericia financiada por un querellante y ordenada por la fiscalía. "Existe racionalidad económica", dice el informe sobre las operaciones.  

Leslie Ayala C. 

Un total de 461 páginas tiene el denominado "Informe Pericial Final del caso Cascadas", elaborado por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que es considerado una pieza clave en la indagatoria penal del mismo nombre.

El 25 de septiembre pasado fue entregado a la Fiscalía Centro Norte, y se decretó su reserva por 40 días. "El Mercurio" tuvo acceso al informe completo, cuyas principales conclusiones dan cuenta de que la fiscalía deberá investigar una deliberada ausencia de gobierno corporativo en las sociedades cascada, lo que perjudicó a los accionistas minoritarios.

Sobre esta situación, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) -a diferencia de los peritos de la UCV- no se pronunció en el proceso administrativo que sancionó con millonarias multas al controlador de SQM Julio Ponce Lerou. En esa indagatoria, la SVS no hizo alusión a esas críticas a los gobiernos corporativos que hoy este informe hace duramente.

Junto con esto, el CEAL sostiene que las operaciones analizadas tienen "racionalidad financiera", por lo que los inversionistas, que son los bancos, AFP, corredores de bolsa, fondos mutuos y privados, tenían justificación económica para realizarlas. Se analizó un universo de operaciones, según el informe, aún mayor que el considerado por la SVS respecto de las cascadas Pampa Calichera, Oro Blanco, Potasios y Norte Grande.

A continuación, extractos de las conclusiones del peritaje que fue financiado por el querellante Moneda AGF, con un costo de 5.900 UF ($150 millones, aproximadamente), que fue supervisado y ordenado por el Ministerio Público y que seguirá, al menos, 20 días más bajo reserva.

Opción y decisión económica justificada

"La opinión de este perito, fundada en el análisis de los antecedentes oficiales y/o públicos que tuvo a bien disponer y conocer en el contexto de este encargo pericial, es que el conjunto de decisiones económicas acometidas por las personas responsables por los gobiernos corporativos de las empresas de la cascada periciada -directores y gerente general- es parte de una decisión u opción económica (por lo tanto, existe racionalidad económica). Dicha racionalidad económica consiste en elegir la opción de comercializar de manera habitual y sistemática acciones de sus propias empresas, incluyendo los títulos de su activo subyacente, tanto internamente (intraCascada) como con terceros, involucrando así salidas y/o entradas de acciones a la cascada periciada".

Efectos negativos en las pérdidas

A lo anterior, el informe final advierte: "La mencionada racionalidad u opción económica escogida no concluyó precisamente en la mejor creación de valor para las empresas, expresándose desde la perspectiva financiera en resultados negativos, que para las empresas cascada significaron pérdidas por $365.175 millones, o US$ 688 millones, y un beneficio financiero para las sociedades VIR (vinculadas, instrumentales y relacionadas) de $178.372 millones, equivalentes a US$ 341 millones".

El cara y sello de la cascada que gana y la que pierde

"Que la práctica de venta de acciones propias entre empresas de la cascada, incluidos títulos del activo subyacente SQM, no beneficia patrimonialmente a todos los accionistas -entendido esto como las participaciones accionariales que tenga sobre una empresa- ni financieramente a todos ellos, pues cuando una empresa de la cascada gana, su contraparte -otra empresa de la misma cascada- pierde, así unos accionistas ganan y otros pierden".

Gobierno corporativo disminuyó inversión

"Este modo del gobierno corporativo de la cascada periciada, además de afectar negativamente a algunos accionistas, también afectó a las propias empresas cascada, éstas como realidad independiente y distinta de quienes son sus dueños y/o accionistas, afectando de paso los intereses del mercado en su conjunto, ya que al verse afectadas las empresas, se ven disminuidas las posibilidades de inversión, no aportando a la profundización de aquél".

 Conflictos de interés e ilegal uso de información

El informe de la UCV sostiene que "la práctica de negocio implantada por las empresas de la cascada objeto de pericia, de comprar y/o vender acciones de sus propias empresas, observadas en estos dos objetivos, da cuenta de una sistematicidad consciente y elegida por su Gobierno Corporativo, práctica y uso que ha significado beneficios para algunos accionistas y perjuicios para otros; no obstante, también perjuicio para las propias empresas de la cascada, no solo financiero sino también de imagen".

Agrega que "considérense que es responsabilidad de quienes gobiernan y administran las empresas procurar la mayor creación posible de valor para todo el conjunto de interesados en la empresa, tanto insider como outsiders , y este deber cae precisamente en los tres poderes del gobierno de la empresa, la propiedad con capacidad de influir determinantemente en los destinos de la compañía, el directorio como cuerpo colegiado y la gerencia como primer oficial operativo".

En el documento se asegura que tras los antecedentes analizados y los resultados financieros concretados, "este perito concluye que el estilo de gobierno estructurado y ejercido en estas empresas cascadas objeto de pericia, permite malas prácticas, tales como manifiestos y explícitos conflictos de intereses o el uso de información privilegiada, todo lo que en conjunto impide el debido cumplimiento del rol fiduciario que inviste a todo administrador, y en consecuencia impide la plenitud de logro de su objeto social".



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<p>Julio Ponce fue sancionado en 2014 por la SVS en su calidad de controlador de SQM con una multa de 70 millones de dólares.</p>

Julio Ponce fue sancionado en 2014 por la SVS en su calidad de controlador de SQM con una multa de 70 millones de dólares.


Foto:Alejandro Balart


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