José Antonio Ramírez, abogado PPD:
"El principio de la soberanía en la voluntad popular es de la esencia del Estado de Derecho"

Profesor de Derecho en la UC, entregó insumos para la propuesta constitucional en el comando de la Presidenta Michelle Bachelet.  

 

¿Cuáles son sus aprensiones respecto del proceso de nueva Constitución?

Los procesos constituyentes marcan el inicio de un nuevo pacto social. Dependerá de la situación política que atraviesa cada país, teniendo presente su historia. En el caso de Chile, no estamos frente a la culminación de un proceso revolucionario ni tampoco de quiebre institucional, hitos emblemáticos que dan pie en la experiencia internacional a nuevas Constituciones. Sería un error pretender que Chile parte de cero, y que refunda ahora todas sus instituciones. Estamos dentro de un Estado de Derecho, legitimado por el plebiscito que culminó en la Reforma de 1989 y el Texto promulgado en 2005, con acuerdo del Congreso Nacional. La Carta Magna que emane de este nuevo encuentro ciudadano se produce dentro del marco jurídico que reconocen la actual Constitución y sus mecanismos de cambio. La seguridad y estabilidad jurídica no están en juego.

A su juicio, ¿es necesaria?

La Constitución representa los pilares fundamentales que sostienen al Estado. En el caso de Chile, es evidente el progresivo requerimiento de mayor injerencia vinculante de la ciudadanía en la dirección política del país, la probidad y debida gestión de sus autoridades, el desarrollo sustentable con igualdad de oportunidades, la equidad y justicia. Estos principios rectores no se encuentran debidamente consagrados como valores jurídicos constitucionalmente protegidos, dando lugar a interpretaciones que merman el fortalecimiento del Estado social y económico de Derecho, el cual Chile aspira consolidar. Es preciso constitucionalmente favorecer y alentar la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades en todos los ámbitos, potenciando el crecimiento económico, basado en la igualdad y la justicia. De la misma manera que el Plebiscito de 1988 significó un No a proseguir con un sistema autocrático no deseado, este nuevo proceso constituyente representa la consolidación de un recorrido institucional que, a partir de nuestra historia, mejore sustantivamente la forma de organización de gobierno, su relación e identificación con el pueblo como su mandante originario, permitiendo fortalecer las bases para garantizar los derechos sociales y culturales sustentados en un necesario emprendimiento económico.

 ¿Qué opina de los plazos estipulados por la Presidenta, de presentar la nueva Constitución el segundo semestre de 2017, fecha que coincide con la campaña presidencial y parlamentaria?

Es un itinerario propio de un país maduro, estable en su régimen democrático vigente. No tenemos la prisa de los estados en crisis institucionales; por el contrario, estamos dando un paso relevante para fortalecer las bases fundamentales del Estado de Derecho en que convivimos. Precisamente, al reconocerse la importancia de la vigencia de la institucionalidad democrática que nos rige, se adoptan los plazos propios de la elección de las nuevas autoridades representativas del pueblo, que provienen ahora de un sistema electoral proporcional, adoptado por la mayoría calificada del Congreso Nacional. Es una oportunidad privilegiada para que el país comparta con sus candidatos propuestas sobre lo que desea en los ámbitos clave, que permitirán el desarrollo socio-económico en democracia.

¿Comparte con Raúl Bertelsen su preocupación por que la campaña de educación cívica se transforme en un "adoctrinamiento" en favor de una nueva Constitución?

El principio de la soberanía en la voluntad popular es de la esencia del Estado de Derecho. No es admisible en un régimen democrático soslayarlo, apelando a la falta de madurez cívica en la comprensión de la importancia de los temas que consagra la Constitución. La historia de la transición chilena, por lo demás, demuestra cómo la ciudadanía respaldó ejemplares procesos constitucionales, como en 1988 y 1989. Recientemente, la experiencia denominada "Cabildos" ciudadanos, impulsados por el senador Felipe Harboe y el diputado Ricardo Rincón, como presidentes de las comisiones de Constitución, fueron ejemplos exitosos de participación, basado en el respeto de las ideas y el pluralismo ideológico.

 


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