De investigador a querellante en el Consejo de Defensa del Estado:
Las complicaciones que tendría Sabas Chahuán para su posible arribo al CDE

El fiscal nacional es una de las alternativas de la Presidenta para nominar en la vacante que hay en el organismo, lo que despierta cuestionamientos. Para otros, su experiencia en el Ministerio Público sería un aporte.  

CINTHYA CARVAJAL 

El futuro del fiscal nacional, el abogado Sabas Chahuán Sarrás (49), cuando deje su cargo el 1 de diciembre podría ser el Consejo de Defensa del Estado (CDE), puesto en el que se podría desempeñar hasta que cumpla los 75 años.

Su nombre es una de las alternativas que tiene la Presidenta Michelle Bachelet para ocupar la vacante de consejero que dejó el civilista Álvaro Quintanilla, quien jubiló en diciembre del año pasado. Para esta designación, la Mandataria no necesita de la aprobación del Senado.

"Me encantaría trabajar como consejero del CDE", reconoció Chahuán a "El Mercurio" el martes 13 de octubre, en el aniversario del Ministerio Público, donde estuvo también presente la Jefa de Estado.

Su posible arribo al CDE ya ha despertado cuestionamientos de consejeros, como de abogados litigantes, ya que el organismo obra como interviniente en representación del fisco en cientos de causas que investiga en la actualidad la fiscalía. Sin embargo, hay otros que piensan que su llegada a la institución podría ser un aporte en la tramitación de causas de la reforma, por sus años de experiencia en el Ministerio Público.

Cambio de rol

La principal crítica a una posible nominación es que traería dificultades en el trabajo y funcionamiento del CDE, por pasar de investigador de causas de financiamiento irregular de campañas políticas -como los casos Penta, SQM y Corpesca- en las que tomó "conocimiento personal en ciertos hechos", y en los que el organismo es parte. Así, Chahuán pasaría de investigador a querellante, es decir, a representar judicialmente a una de las víctimas (el fisco) en la indagatoria.

Hay quienes creen al interior de la institución que los abogados podrían usar este argumento para presentar recursos intentando anular actuaciones, y llevar este debate incluso al Tribunal Constitucional.

De ser nombrado consejero, Sabas Chahuán no solo sería el primer ex fiscal nacional en ocupar este importante cargo tras concluir su gestión, sino que -además- formaría parte del consejo, órgano que define y resuelve la estrategia jurídica de las causas.

Justamente, esta semana fue esta instancia la que decidió querellarse en contra de un funcionario público en ejercicio: el senador de la UDI Jaime Orpis, a quien el propio fiscal nacional le está tomando declaración en calidad de imputado en el caso Corpesca.

Secreto profesional

Otro de los reparos que se le hacen es que en su calidad de funcionario público tiene la obligación de secreto y reserva respecto de la información que conoció al ejercer el cargo.

¿Qué ocurre con este secreto y reserva? ¿Es compatible con su calidad de querellante? Estas son parte de las interrogantes que se hacen intervinientes y parte de quienes podrían ser sus pares en el CDE.

Una solución sería que Chahuán como consejero se inhibiera de conocer, de resolver y de intervenir en todas las causas penales del CDE. Lo anterior, a juicio de algunos, es poco "eficiente y transparente". Sin embargo, los consejeros del organismo consultados coinciden en que a la larga no se dedicaría a su especialidad: el derecho penal.

El problema que vislumbran al interior del CDE es que, además, se necesita un experto en materia civil, como era Quintanilla, ya que el 63% de las causas activas corresponde a esta área, y cerca del 10%, a penales. Sin embargo, hay otros que estiman que esto se solucionaría con una redistribución de los consejeros que integran los comités.

Inhabilidades

Al interior de la institución se sostiene que un eventual nombramiento podría ser "ilegal". Esto, porque atentaría contra la probidad de diversas disposiciones de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado. En algunas de ellas se vela por la transparencia de la función pública para que esta sea ejercida con transparencia.

"Desde ya no parece transparente que quien tuvo la calidad de investigador ahora pase a ser parte querellante en cientos de casos. Es como si en el procedimiento penal antiguo el juez renunciara al Poder Judicial y luego se transformara en el abogado del querellante en un proceso en el que él antes era juez", comentaron desde el interior del CDE a "El Mercurio".

Esas mismas fuentes agregan que también se estaría vulnerando el debido proceso de los imputados de estas investigaciones. Para ello aluden a los números 6 inciso segundo y 8 del artículo 62 de la ley que se refiere al principio de la probidad administrativa, y a las conductas de "participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, y a los deberes de eficiencia que rigen el desempeño de los cargos públicos con grave entorpecimiento del servicio".

La otra norma que se cuestiona es la del artículo 70 del Código de Ética del Colegio de Abogados, que dice que el profesional que se retira de un organismo público no podrá "intervenir en asunto alguno del cual conoció en el ejercicio de sus funciones". Esta norma, además, agrega que "tampoco podrá patrocinar ni representar en juicio intereses coincidentes o contrapuestos con el mismo organismo público, por el lapso de un año con posterioridad a su retiro". Se refiere como organismo público al servicio de la administración pública o fiscalía.

Experiencia

Para Chahuán no es desconocido el trabajo en el CDE. Aquí se desempeñó por ocho años como abogado penalista a cargo de litigar causas en favor del fisco. Esto, antes de ser nombrado en 2003 como fiscal regional Metropolitano Occidente. Esta experiencia y, sobre todo su paso por el Ministerio Público, para algunos es una fortaleza, porque piensan que podría ser un aporte en el CDE diseñando estrategias para mejorar la tramitación de causas de la reforma. "Su experiencia en la fiscalía puede ayudar al CDE para mejorar la tramitación de causas de la reforma. Sería un aporte, porque se ha dedicado a lo penal, y como abogado, es bueno", dicen quienes conocen su trayectoria.

Agregan que en caso de llegar como consejero, Chahuán se inhabilitará cuando crea que corresponde. "Es una persona proba", sostienen.

Casos
Sabas Chahuán debió asumir la investigación de los casos Penta, SQM y Corpesca de manera inédita en febrero.
 "Inapropiada designación", según abogado

El abogado Mauricio Daza, querellante en los casos Penta, SQM, Corpesca y Metas, cree que la llegada de Sabas Chahuán al CDE sería inconveniente. "Además de resultar inapropiado que se pida públicamente un cargo de consejero del CDE, cuya designación es facultad de la Presidenta, se trataría de un nombramiento contradictorio, ya que el Consejo es querellante del caso Metas (ver relacionado), donde se debe investigar la actuación del propio Chahuán, quien rechazó todas las diligencias solicitadas por el CDE para que la causa avanzara, en medio de fuertes críticas dirigidas en su contra por el entonces presidente de dicho organismo (Sergio Urrejola)", dijo.

Daza también opina que le podría corresponder intervenir en el proceso que se sigue actualmente ante la OIT a partir de una denuncia realizada por Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, "fundada en graves y reiteradas prácticas antisindicales y abusos laborales que se le imputan a Chahuán, sobre la cual el Estado de Chile ha sido llamado a informar por dicho organismo internacional".

El caso que tensionó la relación con la entidad

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es querellante en una causa en que se investiga precisamente la participación de funcionarios públicos de la fiscalía en la adulteración de información con el objeto de obtener pagos de determinados bonos. Se le denomina "caso Metas" y se produjo durante la gestión del fiscal nacional, Sabas Chahuán.

Esta indagación, que está a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, tensionó la relación de Chahuán con el CDE, ya que se cuestionó que el caso estuviera paralizado y se rechazaran diligencias solicitadas por el fisco, entre ellas la incautación y pericias a computadores del Ministerio Público.

El más crítico fue el ex presidente del organismo Sergio Urrejola, quien en su cuenta pública de marzo de 2014 aseguró que le parecía "desconcertante y preocupante que el fiscal regional de la Cuarta Región, señor Labarca, haya denegado las diligencias de investigación solicitadas para esclarecer los hechos".

Urrejola en esa época también objetó directamente a Chahuán: "Si en el servicio que presidí se hubieran alterado registros computacionales con el objetivo de cumplir metas, yo habría tomado la decisión de renunciar de inmediato, y habría efectuado la denuncia respectiva al día siguiente", sostuvo.

La tensión del ex presidente del CDE y el fiscal nacional se generó por un oficio que le envió Urrejola a Chahuán el 21 de enero para informarle que, en la querella del caso Metas, el fiscal a cargo rechazó las diligencias, lo que Sabas Chahuán tardó en responder.



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<p>FUTURO. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, concluye su período el 1 de diciembre.</p>

FUTURO. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, concluye su período el 1 de diciembre.


Foto:ÓSCAR ÓRDENES


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