Presidente del consejo en respuesta a oficio de la Cámara por estado de avance de la investigación:
CDE afirma que fiscalía ha rechazado la mayoría de las diligencias que pidió en caso Metas

El organismo de defensa estatal es querellante en la causa por la alteración de más de 20 mil registros del Ministerio Público para alcanzar objetivos asociados al pago de bonos.  

Andrea Chaparro 

Tres años atrás se conoció públicamente que una de las jurisdicciones metropolitanas del Ministerio Público manipuló, al menos, 21.875 registros de víctimas y testigos para alcanzar las metas regionales asociadas al pago de determinados bonos. Era el comienzo de la investigación que se conoció como el caso Metas. En octubre de este año, la Cámara de Diputados -a través de su secretario general (s)- quiso saber cuál era el estado de avance de la causa y ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa como querellante, solicitando información.

La respuesta llegó a la corporación el 11 de noviembre último. La mayoría de las diligencias solicitadas por el organismo de defensa estatal fueron rechazadas por la fiscalía, consigna el documento que el CDE remitió a los diputados.

En el oficio a la Cámara, el presidente del consejo, Juan Ignacio Piña, relata que se negó la realización de pesquisas como la incautación y pericias a computadores del Ministerio Público.

Parte de estas diligencias se solicitaron en la querella presentada por el CDE en enero de 2014 por delito informático contra el ex director ejecutivo regional centro norte, Hamilton Vega, a quien se le imputa haber alterado el sistema SAF (Sistema de Apoyo a Fiscales) afectando ilícitamente el cumplimiento de las metas fijadas para 2011.

"La mayoría de estas diligencias fueron rechazadas por el fiscal a cargo de la investigación" el 21 de enero de 2014, consigna el texto enviado a la corporación. El documento agrega que "con posterioridad, este consejo volvió a requerir nuevas diligencias de investigación y solicitó se fijara domicilio en Santiago con el fin de facilitar la labor del CDE como interviniente". Nuevamente, reseña el oficio, "esta solicitud fue rechazada".

Precisa además que el 30 de octubre de 2014 abogados del consejo preguntaron al fiscal a cargo, el jefe regional de Coquimbo, Enrique Labarca, por avances de la indagatoria. Este respondió vía correo electrónico que "la investigación no presentaba mayores avances y que estaba pendiente la declaración de ciertos funcionarios", explica el CDE.

Con todo, el 16 de febrero último se solicitó copia de la carpeta investigativa y se han sostenido constantes conversaciones con el fiscal del caso, advierte el organismo de defensa estatal.

Los hechos que se investigan en el caso Metas se conocieron bajo la gestión del fiscal nacional, Sabas Chahuán, y no quedarían aclarados penalmente antes de que este deje el cargo el próximo 1 de diciembre.

Se trata de una causa que se destapó en un juicio laboral. En noviembre de 2012, la funcionaria de la Fiscalía Nacional Lugarda Andrade presentó una demanda por acoso laboral, acusando que la habían desplazado a un cargo inferior luego de que ella denunciara métodos para hacer más laxas las metas de los fiscales.

En enero de 2013, el tribunal laboral le dio la razón a la mujer y condenó al Ministerio Público, pero poco después la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió la sentencia y esta decisión fue confirmada -en marzo de 2014- por el máximo tribunal del país.

Querella
El organismo de defensa estatal se querelló en enero de 2014 por delito informático contra el ex director ejecutivo regional Hamilton Vega, a quien se le atribuye haber alterado el Sistema de Apoyo a Fiscales, afectando el cumplimiento de las metas fijadas para 2011. Sumario determinó distintas responsabilidades administrativas

El conocimiento público del caso Metas significó también la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en los hechos. Este concluyó en julio de 2013 y en agosto de ese año se fijaron las sanciones.

Así, luego de nueve meses de diligencias y de revisar la propuesta del sumariante, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, el jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, dio por acreditado que se cometieron irregularidades en la carga masiva de 21.875 registros del SAF en la Fiscalía Centro Norte, a partir del 13 de septiembre de 2011.

Lo anterior, con "el propósito de incidir en el porcentaje de cumplimiento del indicador 'calidad de registros', insertos en las metas anuales asignadas a las fiscalías regionales".

En cuanto a las sanciones, el fiscal Gómez sugirió a su superior jerárquico aplicar al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, la sanción de censura por escrito; al ex director ejecutivo regional (DER) Hamilton Vega, la remoción del cargo, y al jefe de la Unidad de Gestión e Informática de esa repartición, Jaime Orrego, la suspensión de dos meses de su cargo con el goce de medio sueldo.

Chahuán confirmó estas dos últimas recomendaciones.

En el caso de Montes, sin embargo, el jefe del Ministerio Público tomó entonces otro camino: lo exculpó de los cargos de negligencia y de no supervisar el funcionamiento administrativo de su fiscalía, dado que -a su juicio- la responsabilidad correspondía a los ejecutivos de gestión.

Además, el fiscal nacional -en su resolución- rebajó la sanción de multa de 40% de remuneración a censura por escrito al entonces ejecutivo de informática de la Fiscalía Nacional Mauricio Godoy; asimismo disminuyó de un 30% a un 20% la multa para la coordinadora de metas de la época, Lugarda Andrade.

También rebajó la multa de 20% del sueldo a amonestación privada al analista Patricio Carvajal. En tanto, los funcionarios de Informática Carlos Martínez y Alessandra Lulion fueron absueltos.



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Fiscal.- Enrique Labarca, fiscal regional de Coquimbo, instruye las indagatorias por el denominado caso Metas.
Fiscal.- Enrique Labarca, fiscal regional de Coquimbo, instruye las indagatorias por el denominado caso Metas.
Foto:Fiscalía de Chile

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