Dilación hasta enero del proyecto de educación superior:
Retraso de la reforma podría llevar a que la gratuidad se vea, otra vez, por presupuesto

Parlamentarios esperan un mayor trabajo prelegislativo y que se asimilen las críticas que hubo respecto al beneficio 2016.  

J. Herrera, C. Said y F. Paúl 

A pesar de que era un proyecto comprometido para 2014, la reforma a la educación superior chilena recién se comenzará a tramitar en el Congreso el próximo año, luego que el Ministerio de Educación anunciara -sorprendiendo incluso a la Nueva Mayoría- una tercera postergación de la iniciativa.

Según argumentó la ministra de Educación, Adriana Delpiano, el texto aún está siendo trabajado y se necesitan dos meses más para ajustarlo. Así, la reforma sería presentada al Parlamento en enero, pero debido a la falta de tiempo legislativo en ambas cámaras solo comenzaría a ser revisada en marzo.

Con esta nueva fecha, los tiempos para revisar y despachar la reforma -que incluye un nuevo tipo de financiamiento y la creación de instituciones como una superintendencia y una agencia nacional de acreditación- se reducen. Incluso, una lenta tramitación del proyecto podría derivar en que la gratuidad de 2017 se tenga que ver otra vez vía Ley de Presupuestos.

"No hay ninguna posibilidad de que volvamos a tratar la gratuidad a través de una glosa presupuestaria", advierte la diputada María José Hoffmann. Según la jefa de bancada de la UDI, "sabemos que este tema no corresponde ser tratado como lo ha sido, a través de una glosa que ha tenido muchos problemas". Y recordó que su partido recurrirá al Tribunal Constitucional por posible discriminación en la designación de los planteles que el próximo año pueden acceder al beneficio (ver recuadro).

El presidente de la comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana (PPD), cree aconsejable que la iniciativa "no se retrase de manera significativa (...) Lo razonable es que el proyecto debiese ser tramitado durante el primer semestre del próximo año. Y lo que no puede ocurrir es que lleguemos a la discusión de presupuesto de 2017 con ese proyecto aún no despachado".

Para evitar ese escenario, la diputada Yasna Provoste (DC) propone realizar un trabajo prelegislativo "que nos permita tener un escenario mucho más positivo a la hora de enfrentar el proyecto (...) Me imagino que este tiempo (de postergación) es para poder decantar" las opiniones que hubo durante la tramitación de la gratuidad 2016.

De ser así, la ex ministra de Educación adelanta "un escenario favorable para que la tramitación sea mucho más rápida y tengamos gratuidad en 2017 por efecto de la ley y no solo por una partida".

Punto de inflexión

A juicio de distintos parlamentarios, lo ocurrido durante la tramitación de la gratuidad 2016 marcó un punto de inflexión en la reforma a la educación superior, y de ahí la idea de postergar el envío del proyecto.

Según el diputado Jaime Bellolio (UDI), "la glosa tuvo que ver (en la postergación) porque en la Nueva Mayoría hay diferencias profundas al respecto. Los cambios de opinión de algunos diputados o senadores son increíbles y el Gobierno terminó eligiendo a dedo a qué instituciones beneficiar".

Así, la senadora y presidenta del PS, Isabel Allende, asegura que "el proyecto tiene que ser muy conversado prelegislativamente con los parlamentarios porque es de la mayor importancia. Si no es a fin de año y será en enero, bien, pero lo que nos interesa es discutirlo y muy ampliamente".

En esa línea, a la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, Camila Vallejo (PC), le interesa que el proyecto "se presente de buena manera y que sea bien discutido. Y para eso es importantísimo el rol que jueguen los estudiantes, los rectores, los trabajadores del sector de educación superior".

División
Una opción en debate es dividir la reforma y enviar dos proyectos para no entrampar la discusión.
 Los escenarios que enfrenta la gratuidad en el Tribunal Constitucional

A las 10:00 horas de hoy, parlamentarios de la UDI presentarán el anunciado requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), para que este se pronuncie sobre si la gratuidad para la educación superior -contenida en una glosa de la Ley de Presupuestos- se ajusta a derecho.

En el partido de oposición sostienen que no es así, y dan tres argumentos: en lo formal, que el Gobierno excedió la discusión de ingresos y gastos en el debate presupuestario y que por la breve tramitación del proyecto no hubo una deliberación democrática. Y en el fondo, que la glosa genera una discriminación entre estudiantes vulnerables, pues solo aquellos que están en planteles que cumplan con ciertas condiciones serán beneficiados.

El diputado Jaime Bellolio, patrocinante del requerimiento, explica que si el TC les da la razón, la gratuidad podría enfrentar dos escenarios: "Que los recursos (US$ 750 millones) sean traspasados a becas, o que el Ejecutivo haga un proyecto de ley corta para traspasar esos fondos de otra forma".

Según Bellolio, la resolución del TC será trascendental para el propio gobierno, pues "va a fijar un precedente de cuáles son las cosas que son arbitrarias versus aquellas que son razonables. Por ejemplo, si van a exigir años de acreditación a las instituciones, me parece legítimo, pero no puede ser que las del CRUCh no tengan requisitos. Son condiciones caprichosas e impactan en los estudiantes".

Otros diputados cuestionan la decisión de recurrir al TC. Según Giorgio Jackson (RD), lo que plantea la UDI "no tiene base" y busca "insistir en frenar la gratuidad" luego de haber perdido la discusión presupuestaria.

Mientras, Camila Vallejo (PC) afirma que en la UDI "quieren defender un modelo que en sí mismo es discriminador. Hay estudiantes en universidades creadas para cobrar, y jamás presentaron un requerimiento", por lo que anuncia que su bancada se hará parte de los alegatos ante el Tribunal Constitucional.



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Educación Pública Ayer, los diputados que ven el proyecto de desmunicipalización recibieron a representantes de Educación 2020 y del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la U. Diego Portales.
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Foto:Héctor Yáñez


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