Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional:
"Creemos en la presunción de inocencia y tratamos de respetarla, pero hay cosas que escapan de nuestras manos"

Abogada aborda las complejidades de la investigación en los delitos de corrupción en la administración y de la protección de la información en los casos.  

RICARDO MUGA 

La necesidad de contar con más herramientas investigativas para poder enfrentar los delitos de corrupción pública resaltó la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, en particular aquellas que se requieren para proteger los antecedentes de la investigación.

La abogada, que además es directora jurídica del Ministerio Público, hace ver, en primer término, que la investigación de los delitos de corrupción es "muy compleja", con elementos como falta de denuncia, poca colaboración de testigos, ausencia de pruebas directas, entre otros. "Y el cohecho, además de recoger todas estas complejidades, añade que se trata de un acto súper clandestino".

Explica que, respecto de funcionarios públicos, existen diversos tipos de cohecho: el propio, que es cuando se recibe una dádiva por ejecutar actos propios del cargo; el impropio, que es aquel donde el cohechado omite o falsea actuaciones de su responsabilidad; y el unilateral, que se consolida por la sola oferta (por ejemplo, el intento de pagar a un policía para que no curse una infracción). Este último, asegura la abogada, por lo general, no es difícil de configurar, porque surge de una denuncia directa.

El problema está en el bilateral.

En este caso, "ni el funcionario público que recibió la plata, ni quien la entregó van a querer hablar. O sea, no tenemos nada", señala Herrera.

Y de ahí parten los desafíos investigativos: primero, cómo se desarrolla la investigación, y después cómo se construye un caso que permita convencer al tribunal, "porque principalmente estamos llevando pruebas indiciarias. Acá, de flagrancia ni hablar. El mundo ideal de tener en una escucha telefónica la prueba de un cohecho, pasa poco".

-¿Y los correos electrónicos?

"Son un antecedente importante en virtud del cual nosotros comenzamos a construir el indicio. El cohecho puede acreditarse con algunos elementos como el correo electrónico, pero también tengo que acreditar que se recibió el beneficio económico. Entonces, hay que iniciar una investigación de tipo patrimonial. Hay ocasiones en las que el dinero no se recibe directamente. Tenemos que empezar a seguirlo, lo que puede hacerse en la medida que se use el sistema financiero habitual. Además, también tenemos el 'hombre del maletín', o sea el pago en efectivo del cohecho".

Marta Herrera suma a este conjunto de complejidades la escasa cantidad de testigos. "Hay amenazas, gente que no quiere meterse por no tener problemas laborales. En los casos de corrupción también tenemos los factores políticos asociados, o sea el silencio es lealtad". Y en el plano jurídico, "hay un punto con el primer elemento del cohecho, que es que tiene que haber una infracción a los deberes del cargo o una omisión de los actos propios del cargo. Uno podría entender que eso es un deber de probidad, pero a veces los tribunales nos han dicho que no, que tiene que estar bien establecido en algún reglamento específico o en el contrato de trabajo cuál es el deber que se infringió".

Las filtraciones

La abogada reconoce, "con todo el respeto que le tengo a la libertad de prensa", que el impacto en la opinión pública que genera la revelación de antecedentes que involucran a importantes personajes públicos añade una complejidad extra a la indagatoria.

"Cuando tenemos un antecedente como ese -dice refiriéndose al caso de los correos electrónicos entre el ex senador UDI Pablo Longueira y el ex gerente de SQM Patricio Contesse- de inmediato vamos a empezar diligencias investigativas, que es lo que se ha hecho en este caso. El punto está en que nosotros, para poder proteger esas diligencias y también, hablando más francamente, cuidar ciertas cosas en las que estamos siendo criticados los fiscales, debemos andar con mucho cuidado".

"Queremos ceñirnos a los principios del sistema. Creemos en la presunción de inocencia y tratamos de respetarla, pero hay cosas que escapan de nuestras manos", dice Herrera y añade: "Entonces, estamos tratando de actuar y de hacerlo sigilosamente".

-Pero las filtraciones salen del entorno de la investigación...

"Es un tema que preocupa mucho al fiscal nacional. Se han adoptado medidas que pueden resultar severas, como sumarios administrativos o investigaciones penales, pero en lo neutro necesitamos tener más armas que nos permitan proteger la información, como las que se aplican en delitos de lavado de dinero. Donde nos vemos expuestos a las normas generales, tenemos la obligación de dar acceso a las partes y en este tipo de casos tengo muchos intervinientes. Y respecto de aquellas que puedan provenir de la fiscalía, estamos trabajando y nos vamos a preocupar cada vez más de proteger la información y trabajarla de manera más acotada. La fiscalía requiere, no obstante, de trabajo en equipo, y se van generando algunos riesgos, que estamos tratando de minimizar. El ideal sería llegar a no tener ningún tipo de filtración, pero no podemos decirlo".

Para cerrar el punto sobre los correos entre Longueira y Contesse, Herrera señala que "no me puedo referir a una investigación en curso respecto de que tengamos un caso, pero estamos tratando de tenerlo. Para eso estamos investigando. Y si no está, es porque objetivamente hemos llegado a la conclusión de que se dan estos elementos".

Carencias y penas bajas

"Para nada", responde Marta Herrera, cuando se le consulta si el Ministerio Público cuenta con todas las herramientas necesarias para investigar hechos de corrupción.

Vuelve sobre el punto de proteger la información. "Es una dificultad que las cosas aparezcan. Después cuando vamos a incautar no queda nada". En esa línea, plantea aplicar normas como las de casos de drogas o lavado de activos, donde se puede extender el secreto y no se permite el uso del artículo 186 del Código Procesal Penal, que establece que cualquier persona afectada por una investigación puede exigirle al fiscal, por la vía del tribunal, que le informe por qué se le está investigando y se ponga un plazo a las diligencias.

"En estas causas estamos lidiando con buenos estudios jurídicos, que conocen el sistema y son bastante creativos, entonces nos están pidiendo plazos, y lo que menos necesitamos en estas investigaciones complejas, donde hay que revisar muchos antecedentes asociados a indicios, son plazos acotados", expresa la directora jurídica del Ministerio Público.

La baja penalidad del cohecho, de 61 a 541 días de cárcel en el caso del cohecho propio y hasta tres años de cárcel en el impropio, sin considerar atenuantes, "que siempre concurren", dice Herrera, es otra materia cuestionada por el Ministerio Público. "A este bien jurídico que es la probidad en la administración pública no se le da la importancia que debiera dársele. Este marco de penas no tiene ninguna relación con lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos, donde es de terror cometer este delito", sostiene.

Dice que en Chile un efecto preventivo más importante lo cumplen, en este sentido, las penas de inhabilitación que vienen asociadas.

Y respecto al desenlace de los casos, Marta Herrera asegura que, si bien en términos teóricos llegar a una suspensión condicional de la pena es "perfectamente posible", la normativa interna del Ministerio Público la restringe completamente para este tipo de hechos "que estamos convencidos firmemente que afectan fuertemente la institucionalidad".

290
personas fueron formalizadas por los delitos de cohecho y soborno en 2015, la cifra más alta desde 2010.

140
acusados fueron encontrados culpables del delito en el año pasado. Siete más que en 2014 según las cifras del Ministerio Público.

394
fue el ingreso de denuncias de cohecho y soborno al Ministerio Público en 2015. La tendencia viene en descenso desde el 2011.

 


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DIFICULTADES.- La abogada Marta Herrera pone acento en la falta de herramientas investigativas y la baja penalidad para el delito de cohecho.
DIFICULTADES.- La abogada Marta Herrera pone acento en la falta de herramientas investigativas y la baja penalidad para el delito de cohecho.
Foto:JUAN EDUARDO LÓPEZ


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