Fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad y el Fasic
DD.HH.: Héctor Salazar se suma al llamado del padre Fernando Montes

Pide beneficios humanitarios para algunos presos de Punta Peuco y dice que los gobiernos no quieren asumir este costo.  

Lilian Olivares 

"Un día, un preso de Punta Peuco que llevaba prácticamente 25 años privado de libertad me preguntó, asumiendo su condición de culpable: 'Los violadores de derechos humanos, ¿tenemos derechos humanos?'. Yo creo que esa es una pregunta válida, que nos tenemos que contestar".

Quien hace esta declaración es el abogado de derechos humanos Héctor Salazar (67), quien se suma ahora al llamado público que hizo el sacerdote jesuita Fernando Montes, abogando por beneficios humanitarios para algunos presos de Punta Peuco.

Lo explica así: "Yo creo que (los abogados de derechos humanos) hemos contribuido a dosis importantes de verdad y justicia. Y yo soy uno de quienes, profesionalmente, somos responsables de que muchas personas estén en Punta Peuco. Ahora, ¿cuál es la idea de justicia en un régimen democrático, que pretende fundarse y construirse sobre la base del principio de los derechos humanos? En primer lugar, que no haya impunidad. Pero buscamos la justicia a través de los tribunales. Esa es la manera civilizada de enfrentar este tipo de situaciones".

Recuerda que en el caso Degollados él representó a María Maluenda, la madre del sociólogo José Manuel Parada, uno de los tres asesinados en marzo de 1985 por la entonces Dicomcar, de Carabineros. Parada había sido compañero de trabajo del abogado Salazar en la Vicaría de la Solidaridad. Durante el juicio, ocurrió algo que el abogado no olvida: María Maluenda no quiso que pidieran pena de muerte, que entonces era una alternativa, por una razón de principios. Y optaron por la cadena perpetua. "Hay principios que son muy caros para nosotros, los abogados de derechos humanos. Por ejemplo, la igualdad ante la ley. Y cuando hay trato discriminatorio, desde el punto de vista de los derechos humanos, a mí me choca".

Se refiere puntualmente a lo que ha visto en Punta Peuco.

"El punto está en que, cumpliéndose los requisitos para acceder a algún tipo de beneficio penitenciario, en Punta Peuco eso no ocurre, o ha ocurrido excepcionalmente en situaciones específicas. Y eso no ocurre porque, dentro del contexto nacional, los gobiernos de turno no quieren asumir el costo de tener que explicar por qué los organismos pertinentes les dieron acceso a beneficios penitenciarios a violadores de derechos humanos. Y, por lo tanto, se buscan subterfugios para no dárselos. Cada vez que ha salido alguno con algún beneficio penitenciario se ha armado un revuelo por parte de las víctimas de esos delitos; y de manera comprensible, porque les choca".

Agrega:

"Es interesante conocer que hay jurisprudencia de nuestra Corte Suprema respecto de ese problema. Se le ha ordenado a Gendarmería revisar los procesos penitenciarios en los que se han negado los beneficios a los que tienen derecho algunos de los internos. Hay más o menos siete fallos de la Corte Suprema en ese sentido. Y, sin embargo, se mantiene la política de tener un criterio demasiado restrictivo en relación con el resto de los penales de Chile, respecto de ellos. Lo que, en mi opinión, importa un doble castigo por el mismo hecho, cuestión que a mí me choca. Si ellos ya fueron juzgados y condenados, esta política de no dar beneficios penitenciarios es otra forma de castigo.

-Usted ha estado en Punta Peuco, ¿cómo ha sido esa experiencia?

-Pasa una cosa curiosa: cuando ya los cañones dejaron de humear, usted se encuentra con otro ser humano al frente. Y espero no perder nunca de vista que estamos hablando de seres humanos en uno u otro lado.

 Directora del INDH lo condiciona

La directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, dijo que comparte "en abstracto" el planteamiento del padre jesuita Fernando Montes, partidario de otorgar beneficios humanitarios para algunos presos de Punta Peuco.

Sin embargo, explicó que "el estándar internacional de beneficios penitenciarios para criminales de lesa humanidad es más alto que el de los beneficios para un delincuente común, y es más alto por la naturaleza del delito".

Y añadió que "el umbral para acceder a beneficios, a los que tienen derecho a acceder, debiera ser el arrepentimiento público respecto de los hechos, y, en segundo lugar, una cooperación eficaz con la justicia".



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<p>''Cuando ya los cañones dejaron de humear, usted se encuentra con otro ser humano al frente. Y espero no perder nunca de vista que estamos hablando de seres humanos en uno u otro lado.<br/>HÉCTOR SALAZAR<br/>Abogado de DD.HH.</p>

''Cuando ya los cañones dejaron de humear, usted se encuentra con otro ser humano al frente. Y espero no perder nunca de vista que estamos hablando de seres humanos en uno u otro lado".
HÉCTOR SALAZAR
Abogado de DD.HH.


Foto:HÉCTOR YÁÑEZ


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