Viviendas no son parte del proyecto que considera construcción de nuevo edificio:
Vecinos tratan de impedir la demolición de casas de la Corte de Apelaciones de San Miguel

Poder Judicial advierte que los inmuebles no cuentan con ningún reconocimiento patrimonial y que nuevo proyecto revitalizará el barrio.  

Sebastián Sottorff 

Como si se tratara de una ciudad aparte, el desarrollo de San Miguel y de muchos de sus barrios se forjó de manera distinta al ritmo que adquirió la capital.

Corría la primera mitad del siglo XX cuando esta inmensa área del sector sur de Santiago comenzó a consolidarse al alero de las viñas y del arribo de vecinos que promovieron la construcción de casonas que hoy tienen un alto valor patrimonial.

Asimismo, con el paso de los años y la subdivisión de la comuna, el auge inmobiliario fue creciendo. Sin embargo, su carácter residencial persiste.

Así fue como en 1978 la Corte de Apelaciones de San Miguel se instaló en la calle Álvarez de Toledo. Junto con levantar sus propios muros, el tribunal incorporó dos casonas ya existentes: una de claras influencias moriscas construida en la primera mitad del siglo XX y otra de 1930, diseñada por el arquitecto y ex regidor de la comuna Moisés Bravo y Toro.

Hoy, un proyecto de modernización del Poder Judicial considera levantar dos edificios de siete pisos que sumarán más 18 mil metros cuadrados. La iniciativa no contempla conservar las dos casonas, por lo que los vecinos, coordinados en la agrupación "Patrimonio Santiago Sur" y "Te quiero San Miguel", iniciaron una cruzada que pretende salvarlas de la demolición.

Iniciativa vecinal

"Estas casas tienen un valor importante patrimonial, cultural y afectivo para todos los vecinos y los familiares de los dueños, que algunas vez las vendieron al Poder Judicial para justamente no cederlas a una inmobiliaria y lograr que se conservaran", explica Ignacio Venegas, vocero de "Patrimonio Santiago Sur". Además de velatones, campañas en redes sociales y recolección de firmas, se están organizando para presentar una propuesta al Poder Judicial que reconsidere la demolición.

"Estamos contra el tiempo. En Chile hay una falsa dicotomía entre renovación urbana y patrimonio. Uno va a Buenos Aires o París y ve que allá la conservación es una inversión", agrega.

En su opinión, el proyecto podría haber considerado ambas casonas para la eventual implementación de una biblioteca o, incluso, una cafetería.

Plan de obras

Desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial dicen comprender la inquietud de los vecinos, pero advierten que las obras cuentan con todos los permisos necesarios, entre ellos el de edificación emitido por la Dirección de Obras Municipales de San Miguel.

"Esta área de la comuna de San Miguel no tiene carácter patrimonial ni ha sido declarada zona típica, lo que permite a cualquier institución o particular llevar adelante construcciones de este tipo, ajustándose a la normativa vigente", señalaron desde dicha corporación.

Destacan que la nueva Corte de Apelaciones "será un proyecto que traerá consigo múltiples beneficios, revitalizando la zona y generando más de 500 nuevos empleos".

Asimismo, explicaron que ya se inició un plan de recuperación patrimonial que involucra el retiro, recuperación y restauración de algunos elementos históricos de estas casonas, como son sus puertas, las antiguas rejas y la pileta de agua del acceso principal, los cuales serán incorporados en el proyecto de construcción definitivo como un recuerdo de lo que fue la antigua corte.

2 millones
de personas están bajo la jurisdicción de la Corte de San Miguel. Por ello, el Poder Judicial justifica la ampliación.

$24 mil millones
cuesta el proyecto de la nueva Corte de Apelaciones, que debería estar listo en 2017.

 

 


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TERRENOS.- La Corte de San Miguel está impulsando la construcción de un nuevo edificio, que implica demoler dos casas de valor patrimonial. Organizaciones vecinales recolectan firmas para evitar su destrucción.
TERRENOS.- La Corte de San Miguel está impulsando la construcción de un nuevo edificio, que implica demoler dos casas de valor patrimonial. Organizaciones vecinales recolectan firmas para evitar su destrucción.
Foto:HÉCTOR FLORES

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