"El Polígrafo" toma el pulso a la agenda del Ejecutivo
Gobierno ha concretado la mitad de su plan reformista: 30 de 66 cambios

Del total de reformas anunciadas en los primeros meses de administración, quedan 36 pendientes. Investigación revisó el estado de situación de cada una y lo que revela respecto de las prioridades y la estrategia de las autoridades: las más avanzadas son al mismo tiempo algunas de las más controvertidas.  

María Consuelo Ulloa y Juan José Lyon 

E n 2014, tras los primeros siete meses de gobierno, "El Polígrafo" analizó los anuncios de reformas realizados por la administración entrante, concluyendo que esta se había comprometido a realizar 66 cambios, ya sea legales o administrativos, en 17 ministerios. Hoy, tras cumplir dos años de mandato, revisamos el estado de avance de los proyectos. ¿Fueron aprobados? ¿Cuáles han sido priorizados y cuáles "olvidados"?

Hasta ahora, 30 de 66 reformas están materializadas. Las tres carteras que acumulaban más anuncios eran Interior (13), Educación (8) y Justicia (8). De ellas, el primer ministerio ha concretado ocho reformas; el segundo, seis, y Justicia, dos. Entre las materias que se mantienen pendientes, figuran desde los cambios a la justicia militar y el nuevo Código Penal, hasta el sistema de emergencias.

En tanto, otros ministerios no han concretado ninguno de los cambios que se habían anunciado en los primeros meses de 2014, como Defensa (2 anuncios), Minería (1) y Obras Públicas (1).

De las tres carteras que solo tenían una reforma anunciada, solo Transportes la concretó.

Respecto de los cambios pendientes, varios se vinculan con temas de gestión, como la transformación del gobierno corporativo de Enap, la modernización de Enami o la del Instituto Nacional de Estadísticas.

En cuanto a áreas temáticas, las situaciones son disímiles. En seguridad, por ejemplo, se concretó la reforma a la Ley de Violencia en los Estadios, pero los resultados de su implementación siguen suscitando polémicas. Mientras, en materia de beneficios para la mujer, más allá del aumento de la cobertura del subsidio del empleo femenino, no hay otras reformas implementadas, a excepción del Ministerio de la Mujer, que todavía espera afinar detalles para estar en completo funcionamiento.

De los 17 ministerios consultados, solo el Servicio Nacional de la Mujer declinó entregar información al respecto.

 Un magro balance

El balance de la acción de un gobierno puede realizarse desde dos ángulos: en base al cumplimiento de las medidas comprometidas o, más importante aún, en base a los resultados políticos, económicos y sociales que obtenga.

En relación con la primera dimensión, la programática, se observa un nivel de cumplimiento proporcional al tiempo transcurrido de mandato (en torno al 50%). Pero el problema es otro. Y radica fundamentalmente en la (mala) calidad de las reformas. Sin perjuicio de iniciativas valorables como el Acuerdo de Unión Civil y la Agenda de Probidad, las principales medidas han debido ser corregidas incluso antes de su puesta en marcha (reforma tributaria), o bien, han adolecido de serias deficiencias técnicas y alta incertidumbre (reforma educacional y laboral). Además, hay otro grupo de medidas que si bien se pueden dar por cumplidas, han tenido consecuencias desastrosas. El caso más emblemático fue la paralización de las concesiones hospitalarias, que significó desechar seis modernos recintos ya licitados, con una inversión superior a los US$ 1.000 millones, profundizando con ello las severas carencias de infraestructura del sistema público de salud.

Por el lado de los compromisos incumplidos, es paradójico constatar que varios han sido víctimas de la propia "retroexcavadora". En efecto, diversas políticas, cuyo denominador común era provenir del gobierno anterior, fueron desechadas o se mantienen aún paralizadas (Ley de Isapres, Código Penal, Sename, INE, Onemi, etc.).

En cuanto a los resultados, las cifras de esta primera mitad son extremadamente pobres, si se comparan con las del período del ex Presidente Piñera. Prácticamente en todos los indicadores económicos y sociales disponibles, el país ha retrocedido sustantivamente: el crecimiento y el empleo cayeron a menos de la mitad, la deuda pública aumentó, la inflación se duplicó, los robos violentos y el temor a la delincuencia subieron a máximos históricos y la entrega de obras de reconstrucción se redujo a la quinta parte. Lo mismo con los salarios, la inversión o las listas de espera.

Esto la gente lo distingue con claridad. Según Cadem, la percepción de que el país va por "buen camino" cayó de 78% a 21% en los últimos 24 meses. Y más del 80% considera que estamos estancados o retrocediendo.

Desde una perspectiva política, el balance también es paupérrimo: ya van 12 meses consecutivos con una aprobación presidencial por debajo del 30% y una desaprobación por sobre el 60%, hecho inédito desde el retorno a la democracia.

En suma, una agenda reformista de dudosa solvencia técnica y magros resultados.

Reformas y políticas públicas

El programa de gobierno estableció una ambiciosa agenda destinada a superar las desigualdades sociales, mantener el crecimiento y elevar la productividad de la economía. Además de reformas estructurales en educación, sistema tributario y marco constitucional, propuso cambios profundos en diversos sectores. Para ello planteó que se requería más y mejor Estado, pero también cooperación entre el Estado, la ciudadanía y el mercado, diálogo entre los ámbitos público y privado, y capacidad creadora de los emprendedores.

Transcurrida la primera mitad del Gobierno, el desempeño ha sido mediocre. No ha sido posible mantener el crecimiento, elevar la productividad de la economía o reducir las desigualdades; las reformas estructurales avanzan a tropezones, las políticas sectoriales muestran resultados diversos, el diálogo público-privado es conflictivo y el emprendimiento es cuestionado en forma reiterada.

Pero es erróneo hacer una calificación uniforme, pues el Gobierno tiene múltiples objetivos, áreas y personas. Un análisis más fino permite no solo una mejor evaluación, sino también obtener conclusiones sobre políticas públicas. Claro contraste se aprecia, por ejemplo, en energía y educación superior.

En poco tiempo se ha revitalizado la inversión privada en generación eléctrica, que se encontraba prácticamente paralizada, logrando un nivel récord, con alta participación de las energías renovables. Modificaciones en las licitaciones han permitido fortalecer la competencia y rebajar los precios. Otras reformas avanzan razonablemente, por ejemplo en transmisión eléctrica, interconexión de sistemas o participación de ENAP en generación. El proceso está orientado por la Agenda de Energía y la Hoja de Ruta 2050, ambos documentos preparados con amplia participación ciudadana.

La reforma de la educación superior es un chiste. Luego de dos años de anuncios contradictorios, aún no se conoce su contenido. Urgencias políticas obligaron a improvisar un esquema de gratuidad, con glosa presupuestaria y legislación de emergencia para corregir errores constitucionales. Las entidades de educación superior y sus alumnos están en ascuas, sin saber qué pasará a futuro. La cooperación público-privada y el diálogo con la ciudadanía han brillado por su ausencia. El mercado, el emprendimiento y el lucro han sido anatemizados.

Varias razones explican los disímiles resultados. Van algunas hipótesis: pragmatismo versus obcecación ideológica, niveles de liderazgo y capacidad ejecutiva, calidad de los equipos técnicos, participación y diálogo en el diseño de políticas, todas las anteriores o mera suerte.

En trámite la reforma laboral y la de pensiones

División e incertidumbre ha generado la reforma laboral. El debate entre las distintas bancadas se centró, principalmente, en las llamadas "adecuaciones necesarias", indicación que fue finalmente aprobada tras un acuerdo entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas. A cambio, La Moneda garantizó que la obligatoriedad de la negociación interempresa, las huelgas en las empresas subcontratistas, el derecho a información y la huelga pacífica sean modificadas en la comisión mixta.

El resto de los temas pendientes ha tenido avances, pero la reforma al sistema de pensiones y la AFP Estatal son otras de las piedras de tope del ministerio. En agosto de 2015, el Ejecutivo decidió suspender la tramitación legislativa de este último proyecto, a la espera de conocer el informe de la comisión asesora presidencial. Desde el ministerio indican que después de la entrega del informe final, la Presidenta anunció que el comité de ministros deberá preparar proyectos de ley y medidas para modificar el actual sistema. Actualmente, el comité se encuentra trabajando y ha sesionado en dos oportunidades.

El aumento de cobertura del subsidio al empleo femenino, las sanciones al multi RUT y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de casa particular son tres de las cinco reformas anunciadas en 2014 que ya están implementadas.

A un año de la ley que regula el multi RUT, la Dirección del Trabajo ha recibido 595 solicitudes de informe de parte de los Tribunales de Justicia relativos a recursos por multiplicidad de razones sociales en las empresas. Al proyecto -que venía de la época del ex Presidente Sebastián Piñera- se le presentó sucesivas indicaciones durante esta administración.

Para los trabajadores puertas adentro, el proyecto puesto en marcha en noviembre significó incluir una serie de beneficios en sus contratos, como derecho a descanso los días sábado y vacaciones, entre otros.

Pocos proyectos y escaso cumplimiento

Código de Aguas en trámite

Anunciada el 21 de mayo de 2014, la reforma al Código de Aguas finalmente ingresó al Congreso en octubre de ese año y aún se encuentra en tramitación. La medida busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, privilegiando la provisión de agua para consumo y saneamiento por sobre otros usos, además de dotar de mayores atribuciones a la Dirección General de Aguas. También establece concesiones temporales de agua que serán renovables, entre otros temas.

Sin anuncios para Enami

También en 2014 el Ministerio de Minería se comprometió a una modernización de la Empresa Nacional de Minería; sin embargo, desde la cartera señalan que la reforma se habría retirado porque no respondía a las necesidades de Enami, pero aseguran que están trabajando en un nuevo proyecto.

Pendientes los cambios a la justicia militar

Sobre la Reforma a la Justicia Militar explican en el Ministerio de Defensa que se estaría avanzando en la redacción del proyecto, aunque todavía no se define cómo crear una instancia intermedia, ya que quedarían muy pocas causas en la justicia militar de pasar a los tribunales civiles. Del financiamiento de las FF.AA., afirman que preparan un conjunto de medidas para la gestión de los recursos financieros; entre ellas la presentación en el Congreso -en el segundo semestre de 2016- de una indicación sustitutiva que establece un nuevo mecanismo de financiamiento.

Cambios en los subsidios de vivienda

Ya se encuentra vigente el nuevo Programa de Habitabilidad Rural del Minvu, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de familias que residen en zonas rurales del país o en localidades urbanas. Con este programa dan en la cartera por cumplidos los cambios prometidos a los subsidios; sin embargo, no se refirieron a las mejoras prometidas para los subsidios de la clase media y los de arriendo.

Respecto de la reforma al suelo urbano, la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano le entregó a la Presidenta en mayo pasado un informe donde se abordan temáticas como la segregación urbana de los sectores más vulnerables. Ahora se espera de la materialización de los cambios.

Aprobado el cambio al sistema electoral; Onemi y reformulación a la Ley Antiterrorista en espera

Hasta ahora se ha aprobado más de la mitad de las reformas anunciadas por Interior. Las principales fueron los cambios al sistema binominal y a la ley de violencia en los estadios; la eliminación de la marihuana de la lista de drogas duras, y la reformulación del plan frontera norte. Pendientes en cambio siguen la reforma al sistema de inteligencia, la elección de intendentes, la modificación a la ley antiterrorista, el perfeccionamiento de la Onemi y el fortalecimiento de las comunas y gobiernos regionales.

Debutando en 2017, los cambios al binominal establecen más parlamentarios para regiones, aseguran cuotas de género y disminuyen las barreras para candidatos independientes. El nuevo sistema aumenta la cantidad de diputados a 155 y disminuye de 60 a 28 los distritos. En cuanto a senadores, estos pasan a ser 50, y se establece una sola circunscripción senatorial por región. Durante su discusión se debatió respecto de los mayores gastos que significaría el aumento de congresistas. Desde el Gobierno se afirmó que la reforma no implicaría mayores desembolsos; sin embargo, esta semana, la nueva mesa de la Cámara reconoció que no hay fondos para financiar las dietas de los nuevos diputados.

La Ley de Derechos y Deberes, que modificó la Ley de Violencia en los Estadios, entró en vigencia el 10 de junio de 2015. Según el ministerio, desde entonces, se han jugado 749 partidos, y solo en 7 se han producido incidentes (como los ocurridos en final del campeonato entre Colo-Colo y Wanderers). Existen además 1.918 personas con prohibición de asistir a los estadios, un 16,2% de aumento respecto a lo que ocurría antes de la reforma a la ley.

Mientras tanto, aún en tramitación se encuentra la ley para la elección popular de intendentes. La normativa sustituye la figura del Intendente por la de un Gobernador Regional, aunque todavía existen dudas respecto del traspaso de competencias y recursos.

Y pendiente sigue el nuevo marco legal, administrativo y de financiamiento para la Onemi. El gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de la administración anterior, y fue revisada en 2015 por las comisiones de Gobierno y Defensa. Ahora pasará a la comisión de Hacienda del Senado a la espera de que entre en tabla. En noviembre la comisión de Defensa votó en contra del proyecto, tras considerar "insuficiente" el nuevo modelo.

En marcha nuevo registro social de hogares; sin definición los "derechos reproductivos"

Ley de movilidad

Un plan nacional para combatir la congestión vehicular era la meta de Transportes en 2014. El proyecto, a cargo de la Comisión Pro Movilidad Urbana, fue entregado a la Presidenta en enero de 2015. Tras el informe, el ministerio se comprometió con 33 medidas en distintas ciudades, además de una Ley de Movilidad.

Recientemente, ex miembros de la comisión han criticado el lento avance de muchas medidas, y hubo un choque con el ministerio tras el anuncio de la restricción para catalíticos, la que, según ex miembros, no atacaría el problema de fondo e incentivaría la compra de más vehículos.

Sernam en deuda

Inconclusas se encuentran casi todas las reformas anunciadas por el Sernam. Desde la cartera negaron entregar antecedentes, pero lo concreto es que ni el proyecto de ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos ni el de Sociedad Conyugal han ingresado al Congreso. Por su parte, el proyecto de Violencia Intrafamiliar está desde diciembre en primer trámite constitucional.

Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ya es una realidad desde su promulgación, pero sigue afinando detalles relevantes para su funcionamiento. La Presidenta debería emitir los decretos con fuerza de ley que establecerán las plantas, dotaciones y normas que regularán al personal.

Cultura en trámite

Si bien era una de las promesas de los primeros 100 días de gobierno, el proyecto del Ministerio de Cultura fue recién ingresado en enero pasado como una indicación sustitutiva a la iniciativa enviada por Sebastián Piñera. Sobre la reformulación de los fondos de cultura, desde la cartera informan que ya se realizaron cambios, sobre todo de tipo tecnológico, que tienen como objetivo facilitar el acceso al proceso concursal, además de mejorar el seguimiento de proyectos. También se crearon tres líneas estratégicas complementarias a los fondos, que buscan la sostenibilidad de espacios culturales colaboradores del Estado, y fomentar el desarrollo y circulación de obras y organizaciones artísticas por el territorio.

Registro Social de Hogares

Luego de dudas en su continuidad, el Gobierno decidió mantener el programa "Elige Vivir Sano", pero con una reformulación. Bajo el nombre de "Sistema elige vivir sano en comunidad", se relanzó a mediados de 2015.

La Ficha de Protección Social se reemplazó por el Registro Social de Hogares. De este modo, los beneficios otorgados por el Estado se mantendrán hasta su renovación o expiración, aunque ya no es válida para la postulación a beneficios sociales, porque ahora se seleccionará por calificación socioeconómica, determinada a partir del cruce de datos que maneja el Estado.

Reforma a las isapres sigue postergada

La reforma a las isapres continúa sin una fecha clara de presentación al Congreso. La reforma, que lleva más de un año en fase de estudio por parte del ministerio, se prometió ingresaría a fines del año pasado, y en diciembre se aseguró que sería presentada en marzo, cosa que aún no ocurre. A comienzos de marzo, el ministro de Hacienda descartó incluir a Fonasa en la iniciativa, lo que fue considerado como una lápida para una reforma más estructural.

La modificación al modelo de hospitales concesionados se concretó y significó que seis establecimientos salieron del plan de concesiones. El Ministerio de Salud prometió 20 hospitales terminados al fin del período presidencial, pero varios de ellos presentan atrasos considerables. A pesar de ello, la ministra aseguró que serán 27 los entregados al finalizar el Gobierno.

Sobre la ley de salud mental, aún no se elabora el proyecto, y según la cartera, no hay plazos comprometidos para esta iniciativa.

El nuevo reglamento de la ley de etiquetado de alimentos fue enviado a Contraloría el año pasado y entrará en vigencia a partir de junio de este año.

Mejoras al Sernac aún en trámite legislativo

En Economía se cumplió con la reestructuración del programa de apoyo a emprendedores conocido como Start-Up Chile. Esta busca fortalecer y regionalizar el programa, entregando las herramientas para que emprendedores puedan instalarse en regiones. Así, se lanzó Start-Up Scale, una línea de financiamiento que provee de recursos extras a aquellos emprendedores que fueron beneficiados en la primera etapa del programa y buscan escalar sus proyectos. Y se creó también una versión del programa exclusivo para mujeres que se encuentran en las primeras etapas de su emprendimiento.

Los pendientes de esta cartera fueron la reformulación del Sernac, el fortalecimiento del INE y la derogación del reglamento sobre Consentimiento Expreso. El proyecto que fortalece el Sernac se encuentra en trámite en el Senado; este aumenta las atribuciones del organismo y dota a su director de la facultad de dictar normas e instrucciones de carácter general.

El proyecto que crea la nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional también se encuentra en el Congreso, y la derogación del consentimiento expreso en contratos financieros, si bien fue ingresada a Contraloría en 2015, luego fue retirada para su perfeccionamiento.

Concretada la agenda energética, pero siguen sin progreso los cambios a Enap y los CDEC

La reforma energética anunciada por la cartera contenía siete puntos y todos se concretaron, salvo el aumento de energías renovables, que tiene una proyección para el año 2025. Entre los aspectos cumplidos se destacan la ampliación de la central de GNL de Quintero, el fortalecimiento de Enap y el desarrollo de proyectos eléctricos por parte de la compañía estatal, además de reducir los precios de licitaciones de energía para los hogares, entre otros.

En cuanto al desempeño de Enap, la empresa cerró en diciembre un acuerdo con la japonesa Mitsui para desarrollar dos proyectos de generación eléctrica que requerirán una inversión de US$ 1.300 millones. Desde el ministerio agregan que la estatal ha tenido su mejor desempeño en 15 años. Sin embargo, otra de las reformas prometidas y que tiene que ver con la mencionada empresa no se ha concretado: la reforma a su gobierno corporativo. Los avances han sido trabajos conjuntos entre los ministerios de Hacienda y Energía, se revisaron las modificaciones que se han efectuado sobre otras empresas públicas, y se efectuaron también diálogos con los trabajadores.

Por su parte, la reforma a los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) se encuentra en tramitación en el Congreso. Dentro de los objetivos del proyecto está crear un coordinador del sistema más robusto e independiente. Actualmente, la línea de transmisión es controlada por las propias generadoras que coordinan la generación, transmisión y distribución; con la reforma, lo haría un comité de expertos.

Nuevo Código Penal, entre los pendientes

Entre los pendientes del Ministerio de Justicia figuran proyectos de gran magnitud, como la reforma al Código Penal. Aquí, la comisión de especialistas convocada por el Gobierno entregó una propuesta en el primer semestre de 2015 y desde el ministerio informan que continúa su análisis en la unidad jurídica. A fines de 2014 aseguraban que el proyecto ingresaría en 2015, lo que aún no ocurre. También hay otras iniciativas, como el nuevo Sename, que recién se revisan.

Durante 2015 la cartera desarrolló un análisis en profundidad del proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil iniciado por la administración Piñera, buscando abordar tanto materias que en la propuesta del gobierno anterior fueron rechazadas como resolver otros problemas planteados en la iniciativa, lo que el Ejecutivo definió como la "carencia de un diseño orgánico que permitiera sostener los nuevos procedimientos". Las indicaciones respectivas están aún en fase de elaboración.

En tanto, el nuevo sistema de notarios y conservadores, junto al proyecto que potencia la labor de la fiscalía judicial y el que crea el servicio de reinserción y rehabilitación, están en etapa de elaboración.

El plan de fortalecimiento del Ministerio Público y la Subsecretaría de Derechos Humanos son los proyectos que están aprobados y en fase de implementación.

El primero, que fue aprobado a mediados del año pasado, ha contemplado un sistema que beneficiará tanto a fiscales como funcionarios del Ministerio Público con mecanismos como la creación de un Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos.

En el caso de la recién estrenada Subsecretaría de Derechos Humanos, el organismo será el promotor y coordinador de las políticas públicas en el tema y el responsable de elaborar y proponer el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Sucesivas postergaciones a la Ley de Bancos

Una de las principales reformas anunciadas por el Gobierno fue también una de las que primero se concretaron: la reforma tributaria. Si bien se materializó tras un acuerdo en el que participaron todos los sectores políticos, no estuvo exenta de críticas y debió ser modificada con un nuevo proyecto para hacer viable su implementación, ley publicada el 8 de febrero, y que busca facilitar y perfeccionar las disposiciones de las normas sobre el impuesto a la renta, a las ventas y servicios y al Código Tributario.

Distinta es la situación que vive la reforma a la Ley General de Bancos. El proyecto aún no ve las puertas del Congreso a pesar de haber sido prometido para comienzos de 2015. Si bien el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció en septiembre la conformación de un grupo público-privado convocado para robustecer técnicamente la elaboración de la iniciativa -que a comienzos de diciembre entregó sus conclusiones-, fue él mismo quien informó que el incorporar las propuestas tomaría tiempo, por lo que la iniciativa legal no pudo ser enviada en enero al Congreso para iniciar su tramitación. El Gobierno ha enfocado sus prioridades legislativas en otros proyectos, por lo que la reforma continúa a la espera.

Tres alternativas de evaluación

Los gobiernos suelen proponerse un conjunto amplio de iniciativas que suelen no cumplir. Después de todo, los períodos presidenciales son breves y nunca dejan de ocurrir eventos inesperados. El actual no es distinto en esta dimensión e incluso su agenda puede ser la más ambiciosa de todos los que lo antecedieron desde 1990. No sorprende, entonces, que ella presente en diversos ejes un grado importante de atraso. La situación económica, particularmente el efecto que ella está teniendo sobre los recursos fiscales, no va a permitir que la agenda se complete en plenitud. Incluso hay áreas en las que seguramente no habrá mayores avances, como en la reforma al sistema de pensiones, o los progresos, de ocurrir, serán muy parciales, como en la redefinición del seguro de salud. Adicionalmente, reformas emblemáticas como la gratuidad en educación superior no podrán concretarse, al término de su mandato, en la magnitud que esperaba el Gobierno.

Ahora bien, evaluar la gestión de un gobierno solo por el grado de cumplimiento cuantitativo de sus metas difícilmente permite apreciar su impacto político. En ese sentido, más allá de este cálculo mecánico, hay que reconocer que el Gobierno ha impulsado aspectos centrales de su agenda con gran éxito y en este propósito no ha necesitado apartarse demasiado de los lineamientos centrales de su programa. Y lo ha logrado, más allá de tensiones que son propias en una coalición tan amplia, con un respaldo mayoritario de todos sus parlamentarios. Por cierto, muchas de estas reformas son imperfectas e incluso mal diseñadas. A su vez, la constitucional parece atrasada. Así, no es claro que logren satisfacer los objetivos políticos que la Presidenta y el Gobierno tenían en mente cuando las impulsaron. Habrá que esperar el paso del tiempo. Con todo, han generado un impacto político innegable y desde esta perspectiva han aprobado con creces.

Por supuesto, hay una tercera manera de aquilatar la labor del Gobierno. La población no recurre a índices cuantitativos ni a consideraciones político-intelectuales para evaluarla. Se detiene a pensar si sus posibilidades de una vida mejor, ampliamente entendida, se han expandido. No han sido convencidos de que la agenda gubernamental ayude a este propósito. Así, el oficialismo ha perdido el apoyo de grupos de ingresos medios y sectores moderados, de modo que la desaprobación a su gestión supera largamente la aprobación. Y este fenómeno, contrariamente a como tiende a pensar el oficialismo, no parece ser la consecuencia inevitable de los casos Caval y financiamiento irregular de la política. Desde esta mirada, el Gobierno ha reprobado con claridad.

Chile de Todos

"Chile de Todos" fue el eslogan con el que la candidatura presidencial de Michelle Bachelet convocó a la ciudadanía en las elecciones del 2013. Se trataba de una invitación a apoyar una agenda para hacer de Chile un país más inclusivo, con reglas más justas.

Con más del 60% de apoyo entre quienes votaron y un Congreso que por primera vez en 25 años era claramente favorable a la coalición gobernante, parecía por fin factible empujar reformas que habían sido imposibles en el pasado. Los altos quórum requeridos por la Constitución, los senadores designados y el binominal habían sido piedras de tope para avanzar en cambiar el legado de la dictadura en áreas clave.

Al poco andar, sin embargo, la discusión de la reforma tributaria dejó en evidencia que la tarea no sería tan fácil. Por un lado, hubo un excesivo voluntarismo por parte del Ejecutivo y un deficiente manejo político del debate. Por el otro, la coalición no tenía, después de todo, los votos que parecía tener en el Congreso.

La reforma tributaria buscaba recaudar unos 3 puntos porcentuales del PIB para financiar transformaciones -en particular, al sistema educacional- y para asegurar la consolidación fiscal. Al mismo tiempo, era una pieza esencial en la agenda de equidad: hacer del sistema impositivo uno realmente progresivo, uno en que efectivamente contribuyan más quienes más ganan.

El resultado fue uno de luces y sombras: la recaudación se elevó y algunos espacios de evasión y elusión se cerraron. Pero al mismo tiempo se abrieron otros. Por ejemplo, ahora el 98% de las empresas calificará como pequeña y podrá acceder a franquicias especiales, mientras que quienes mantienen ingresos en el exterior sin pagar los impuestos correspondientes fueron beneficiados con un perdonazo.

A las dificultades del debate de la reforma tributaria, se sumaron las de las reformas educacional y laboral. Asimismo, el caso Caval obligó a redirigir la agenda legislativa hacia medidas anticorrupción y contra el tráfico de influencias. Todo ello ha socavado el liderazgo del Gobierno y, junto al necesario ajuste fiscal, ha limitado la capacidad con la que puede empujar su agenda.

Aun en este contexto, el Gobierno ha tenido grandes aciertos, logrando avances relevantes. A mi juicio y sin lugar a dudas, el más importante es haber puesto fin al sistema electoral binominal.

También destaca la agilidad con la que el Gobierno respondió a los escándalos de financiamiento irregular de la política, así como el poner fin a la selección y el copago en el sistema escolar, y destrabar la agenda energética. Por último, las reformas al sistema de libre competencia y de protección al consumidor que avanzan en el Congreso siguen alineadas con la promesa original de un "Chile de Todos".

6 proyectos aprobados de los 8 que buscan cambiar el sistema

En mayo pasado se promulgó la ley que puso fin al lucro, la selección y el copago, que comenzó a regir a partir del 1 de marzo. Según el ministerio, hoy 9.985 escuelas son gratuitas, de ellas, 783 se sumaron voluntariamente al sistema, y el resto no cobraba desde antes.

Junto a la gratuidad en educación superior, la nueva carrera docente, la reforma a la educación preescolar, el administrador previsional, la nueva política de museos, la derogación de DFL2 (que abre la posibilidad de participación estudiantil en el gobierno universitario) y el proyecto de desmunicipalización fueron las reformas anunciadas en 2014 por el Ministerio de Educación.

Estas fueron aprobadas, salvo la nueva política nacional de museos y la desmunicipalización escolar. De la primera se desconocen detalles, pues no ha sido presentada, pero hace pocos meses un paro de 25 días de la Dibam resaltó los problemas del sector. El proyecto de desmunicipalización está en el Congreso desde noviembre.

Entre los efectos de las políticas aprobadas han surgido críticas. En la gratuidad en educación superior, que alcanzó a casi 160 mil alumnos, ya han aparecido cientos de estudiantes beneficiados por error. La cobertura, que hoy llega al 50% más vulnerable, ha sufrido diversos cambios, y si bien se dijo que llegaría al 70% al final del Gobierno, la ministra aclaró hace unos días que solo aumentaría hasta el 60%.

En tanto, la nueva Carrera Docente, ya aprobada, mejora los sueldos de los profesores a través de una nueva escala de remuneraciones y otros beneficios. Algunos expertos, sin embargo, han cuestionado su efectividad.

Nueva Constitución en proceso

Una de las reformas centrales que impulsa el Gobierno es la Nueva Constitución. En octubre comenzó un proceso que hoy avanza entre debates por las posibles repercusiones económicas y los puntos a tratar en el mecanismo constituyente.

El proceso consta de ocho etapas, de las cuales solo están implementadas la de Educación Cívica y Constitucional y la formación del Consejo Ciudadano de Observadores, quienes estarán a cargo de monitorear los cabildos ciudadanos a partir de abril.

El proyecto final sería enviado durante el segundo semestre de 2017, pero la decisión final quedará en manos del Poder Legislativo, que definirá si la discusión la realizará una Comisión Bicameral, una Convención Constituyente Mixta, o a través de una Asamblea Constituyente o un Plebiscito Ciudadano.

La Segpres también lleva la derogación de la Ley de Amnistía, la que continúa en tramitación en el Senado desde 2014 con urgencia simple, siendo blanco de críticas por parte de agrupaciones de DD.HH. por su nulo avance.

Mientras tanto, la Reforma al Financiamiento de Campañas Políticas fue aprobado por el Congreso y actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional. El proyecto, que pretende fortalecer y transparentar la democracia y que fue despachado por el Congreso en enero pasado, rebajaría en más de un 50% el monto máximo de unidades de fomento que se pueden gastar en una campaña electoral, además de reducir los aportes que pueden realizar las personas naturales a las diversas candidaturas, y de limitar las contribuciones personales de los propios candidatos a sus campañas, entre otras cosas.

Y el proyecto de voto de los chilenos en el exterior fue recientemente aprobado por la Cámara y continúa su tramitación en el Senado. Con esta reforma, los chilenos avecindados en otros países podrán sufragar durante las elecciones para Presidente y en las primarias presidenciales que hagan los partidos o pactos electorales.



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Foto:ILUSTRACIÓN: FRANCISCO JAVIER OLEA

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