Jorge Bermúdez lleva cuatro meses en el cargo:
Los cinco factores que marcan el inicio de la gestión del nuevo contralor

Suprimir una división, remover altos cargos de la administración anterior y redestinar a personal para fortalecer la capacidad fiscalizadora de la entidad se cuentan entre las acciones del funcionario, cuya figuración pública aumenta progresivamente.  

Marcelo Pinto E. 

E l comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, hizo una notoria venia cuando Jorge Bermúdez pasó junto a él, al término de la primera cuenta pública que este rindió como contralor general de la República, la mañana del jueves.

Bermúdez, quien el próximo 17 de mayo cumplirá cinco meses en el cargo, respondió el saludo del jefe militar con un gesto sobrio y siguió caminando, mientras flanqueaba a la máxima autoridad presente en el acto: la Presidenta Michelle Bachelet.

El fugaz cruce con el uniformado ocurrió 48 horas después de una visita que el contralor hizo al cuartel general de la institución, como parte de los preparativos de una fiscalización que su entidad hará al Ejército. La actividad del martes, además, se dio en la semana en que trascendieron detalles de una indagación de la fiscalía al patrimonio del antecesor de Oviedo, el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba.

Quienes asistieron a la cuenta de Bermúdez (abogado, 46 años) coinciden en que se le vio "cómodo" en su papel. Al punto de que en su exposición de 24 minutos se dio tiempo hasta para hacer bromas a uno de los asistentes: el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Asumió el cargo en diciembre de 2015, tras ser elegido de manera unánime por el Senado, a partir de una propuesta de la Presidenta Bachelet. A esas alturas, la Contraloría llevaba ocho meses sin un titular. Y Enrique Rajevic, el primer candidato de La Moneda para ocupar la vacante dejada por Ramiro Mendoza, había caído, tras no reunir los sufragios mínimos en la Cámara Alta.

Trastienda de las remociones: la tirante salida de Pallavicini

Tan pronto Bermúdez llegó a la Contraloría, tuvo reuniones con directivos y representantes de los funcionarios. Una persona que estuvo en uno de esos encuentros cuenta que el abogado pidió transmitir "tranquilidad" al personal.

Por eso, algunos se sorprendieron con sus primeros movimientos en el "tablero": las remociones de dos altos cargos de la "era Mendoza", la secretaria general, Victoria Narváez, y el jefe de la División Jurídica, Julio Pallavicini.

Bermúdez resolvió la salida de ambos al día siguiente de su llegada. Tal fue la inquietud, que dirigentes de los trabajadores de la entidad, encabezados por Andrea Palacios, le pidieron una audiencia para preguntarle qué ocurría. Cita en la que él aludió a temas de "confianza".

En el caso de Pallavicini, la notificación del despido estuvo marcada por la tirantez. Al punto que el trámite, además de breve, se zanjó sin un apretón de manos.

Pallavicini, profesor de Facultad de Derecho de la U. de Chile, figuró en su momento como una posible carta a la Contraloría. Tanto, que lo apoyaban senadores opositores y oficialistas, entre ellos Andrés Zaldívar (DC), además de los propios funcionarios.

Victoria Narváez, por su cargo, manejaba aspectos de personal y presupuestarios. Áreas en las que sigue concitando, tanto elogios como críticas.

En fuentes allegadas a la Contraloría subrayan que, por ley, ambos cargos eran de exclusiva confianza. Y que Bermúdez actuó bajo esa premisa, tomando además en cuenta los distintos "criterios jurídicos" que tenían con Pallavicini.

Más adelante se dio la salida de la fiscal Ruth Israel. En círculos próximos al ente contralor aseguran que renunció luego de una "conversación" en que se trataron aspectos netamente profesionales. Otros apuntan a supuestas presiones para que presentara su dimisión.

En los estamentos inferiores también hubo un "remezón", como lo catalogan algunos. Dos jefes de división, Marcelo Galaz y María Isabel Carril, pasaron a ocupar cargos de menor rango. Y se despidió a un jefe de comité, Roberto Garrido, del equipo de Pallavicini.

Quienes conocieron esta última desvinculación aseguran que a Garrido -hoy en el estudio Garrido y Ormazábal- no se le explicaron las razones de su salida. Pese a que había entrado al servicio por concurso público.

En el entorno de la Contraloría se hace ver que a Garrido se le removió por diferencias en materia de "criterios jurídicos". Y respecto de los demás, que se trató de cambios propios de un período de ajuste, los que, en todo caso, se tradujeron mayoritariamente en redestinaciones y no en exoneraciones.

Los mismos antecedentes apuntan al hecho de que en ningún caso puede hablarse de una "desramirización" -en alusión a Ramiro Mendoza-, pues varios jefes de división, así como prácticamente la totalidad de los jefes de comité designados por el anterior contralor, permanecen en sus puestos.

Mención aparte merece la subcontralora Patricia Arriagada (67), quien dejará el organismo en los próximos meses, tras renunciar. Algunos aseguran que en esa decisión pesaron los criterios supuestamente distintos con Bermúdez sobre un dictamen de la Contraloría relativo a la fusión de las AFP Cuprum y Argentum. Fuentes próximas al organismo refutan de plano esa versión, al afirmar que Bermúdez "nunca vio ese tema".

Reestructuración del organismo: ¿eficiencia o incertidumbre?

Aparte de barajar el naipe a nivel de jefaturas, Bermúdez ha introducido cambios estructurales. Uno de ellos fue la eliminación de una de las divisiones con que contaba la Contraloría: la de Coordinación e Información Jurídica.

En el entorno del organismo explican que en esa decisión pesaron criterios de "eficiencia". Entre otras razones, porque, dicha área "revisaba" trabajos ya realizados y visados en otras divisiones. Lo que en la práctica implicaba, según este análisis, una suerte de "duplicación" de funciones que, por añadidura, generaba demoras.

Conforme a los mismos datos, la modificación, además, podía hacerse, porque la división no tenía ese rango en la ley.

Conocedores del trabajo de la disuelta división entregan una versión distinta. Aseguran que la ley orgánica de la entidad consagra su existencia. Y que, por lo mismo, era necesario modificar esa disposición antes de suprimirla.

En el marco de la "reingeniería" que lleva adelante Bermúdez se han eliminado o reformulado, además, otras unidades menores; entre ellas una de inteligencia estratégica. Cambios que, a juicio de ex funcionarios, generan un clima de "incertidumbre" dentro del organismo.

Visión que difiere de la entregada por fuentes allegadas al ente contralor, donde se destaca que la reestructuración ha permitido reforzar un área prioritaria para Bermúdez: la de la fiscalización (auditorías). Ámbito en el que se desempeñan diversos profesionales, como ingenieros o arquitectos. Y que habían quedado a la zaga respecto de sus colegas del área jurídica, principalmente abogados.

Parte de las modificaciones han sido resueltas por Bermúdez a partir del recorrido que ha hecho por las sedes regionales, donde ha sostenido reuniones con directivos, funcionarios y sus dirigentes.

En esos encuentros, se explica, las conversaciones con el personal alcanzan a veces un alto nivel de detalle. Pues el contralor pide "datos duros" y puede llegar a preguntar si tienen vestuario adecuado o GPS en sus vehículos.

Así, se ha enterado de que entre los funcionarios hay una presión por irse a Santiago. Precisamente porque está instalada la percepción de que en la capital las condiciones son mejores. Lo que Bermúdez ha enfrentado abriendo concursos internos para que el personal pueda acceder a grados superiores, sin gasto de recursos.

La mayor fiscalización, que incluye capacitación a nivel de municipios, y el trabajo en las regiones se cuentan entre los ejes del trabajo realizado por el contralor en estos meses. Quien, además, está creando nuevas reparticiones, como la unidad de Declaración de Patrimonio e Intereses, que en el futuro permitirá examinar a las autoridades en ese plano.

Nueva jurisprudencia: eventual impacto de dictámenes

La llegada de Bermúdez ha implicado igualmente un cambio en la "jurisprudencia" de la Contraloría. Vale decir, la aplicación de criterios distintos a los de sus antecesores frente a ciertas materias.

En fuentes allegadas al organismo advierten que los "criterios" en ese plano "se han mantenido en su gran mayoría". Con la salvedad de algunos casos en los que "se ha contado con nuevos antecedentes". O en los que una "mirada más armónica de la norma" ha implicado "ajustar" los criterios. Se hace ver, sin embargo, que se trata de situaciones "acotadas".

A juicio de algunos ex funcionarios, ciertos dictámenes visados por Bermúdez merecen un análisis por sus eventuales implicancias. Como uno de marzo que establece nuevos criterios en relación al personal a contrata de la administración pública. En él se plantea que si un contrato de ese tipo se ha renovado de manera continua, puede cambiarse solo por un "acto fundado" y dándole razones al empleado.

Sobre este dictamen, hay opiniones de que, en los hechos, podría impactar en la práctica habitual de las reparticiones públicas, que deciden anualmente la renovación de las contratas.

Entre los pronunciamientos "innovadores" también se menciona uno del 29 de abril pasado, en que la Contraloría prohíbe al Ejército enajenar una propiedad que le había sido entregada por Bienes Nacionales. Y dispone que esa secretaría de Estado pida la restitución del terreno si la institución castrense no le está dando el uso para el que lo recibió.

Presencia mediática: su visita al Ejército

El jueves, durante la cuenta de la Contraloría, Bermúdez compartió testera con las máximas autoridades del país, entre ellas la Presidenta Bachelet y los titulares de la Corte Suprema y del Senado.

Más allá de que la integración en el proscenio obedeciera al protocolo, algunos vieron en ese cuadro una evidencia del progresivo "posicionamiento" público de Bermúdez.

Lo que se ha dado a partir de algunos dictámenes de la entidad. Pero también de la mano de sucesivos pronunciamientos o actividades del contralor en los que algunos ven un componente "mediático".

Como en febrero pasado, cuando, con solo un mes en el cargo, anunció la actualización del instructivo que establece la prescindencia de los funcionarios públicos en actividades proselitistas.

Una de sus apariciones de mayor "impacto", sin embargo, se dio esta semana. Precisamente cuando realizó la visita al cuartel general del Ejército, en medio de la expectación por los cuestionamientos que salpican a la institución armada.

Próximos a la Contraloría niegan que haya una puesta en escena para posicionar a Bermúdez. Y argumentan que su mayor presencia se enmarca en el cumplimiento de las tareas que le son propias.

Sostienen, por ejemplo, que su ida al Ejército se originó en una visita protocolar que hace un tiempo le hizo la institución. Oportunidad que él aprovechó para coordinar la actividad de este martes, en el entendido de que era una buena ocasión para alistar futuras fiscalizaciones.

Relación con Burgos, Allamand y Ana Lya Uriarte

La relación que tiene con la política es uno de los temas que suelen abordar quienes analizan los primeros meses de Bermúdez como contralor.

Aunque de perfil académico, en su trayectoria registra vinculaciones con ese mundo. Una recomendación del ex contralor Ramiro Mendoza fue clave para que hace unos años pasara al equipo de asesores del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand, hoy senador RN. Misma función que cumplió posteriormente cuando el actual ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), encabezaba esa cartera, en esta administración.

Luego de la caída de Rajevic, fue Allamand quien promovió a Bermúdez, anticipando que podía generar consenso en el oficialismo y la oposición, lo que a la postre se dio.

Ya investido contralor, algunos han querido poner al trasluz la relación que tiene con La Moneda y en especial con el ministro Burgos. Unos dicen que este convenció a la Presidenta de que Bermúdez era el mejor candidato para el cargo, mientras que otros apuntan a la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte (PS), quien conoce a Bermúdez por el hecho de que ambos son especialistas en derecho ambiental.

El vínculo del contralor con Palacio saltó con fuerza al debate público a raíz del caso de Cristián Riquelme, quien renunció a su puesto de administrador de La Moneda en febrero, tras los cuestionamientos de distintos sectores políticos.

En medio de la salida de Riquelme, la Contraloría resolvió iniciar un sumario a la repartición que encabezaba. Hubo quienes vieron esa decisión como un "refuerzo" a la estrategia que concibió el Gobierno para enfrentar la crisis. Y hasta hoy algunos consideran que abrir esa investigación fue "inoficioso", toda vez que Riquelme ya no es funcionario público y, por lo tanto, estaría fuera del alcance del organismo que lidera Bermúdez.

Cercanos al ente fiscalizador, sin embargo, recuerdan que el contralor decidió iniciar el sumario de manera "completamente autónoma". Y que su entidad notificó de la indagatoria a La Moneda, sin que existiera alguna comunicación previa desde la sede del Ejecutivo. Los mismos antecedentes indican que la investigación "no es contra una persona" (Riquelme), sino "por distintos hechos" y "contra quienes resulten responsables". Por lo que, se asegura, es plenamente viable.

 Gestión en cifras

180 Es el número de autoridades que ha recibido el contralor.

15 Bermúdez ha recorrido las oficinas que su repartición tiene en todas las regiones del país.

20 Es la cifra aproximada de funcionarios que, por la reestructuración, se han sumado a las fiscalizaciones.



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Foto:aton


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