Bruno Speck, asesor de Transparencia Internacional:
"Es limitada la capacidad del gobierno brasileño para frenar las investigaciones de corrupción"

El Poder Judicial y la Policía han mostrado "independencia, capacidad, coraje y experiencia en la investigación de crímenes de cuello blanco" vinculados al caso Petrobras, dice el experto.  

Jean Palou Egoaguirre 

El escándalo de Petrobras ha remecido a la clase política brasileña, y el nuevo gobierno de Michel Temer no ha quedado al margen. Con apenas unos días en el poder, el Presidente interino ya debió remover a uno de sus ministros clave, Romero Jucá, tras divulgarse un audio en el que el también presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) sugería que la destitución de Dilma Rousseff permitiría "cortar esta sangría", en relación con las investigaciones a parlamentarios involucrados en el esquema de corrupción en la petrolera estatal.

Según Bruno Speck, asesor de Transparencia Internacional y ex director de Investigación de Transparencia Brasil, esto pone a la sociedad civil alerta respecto de los próximos pasos de la administración Temer en relación con el caso.

"El escándalo de Petrobras afecta a una parte considerable del establishment político, y el PMDB es uno de los partidos más involucrados. Para ellos, la violación a la ley de presupuesto era solo un pretexto para sacar a Dilma, y tanto la grabación de Jucá como otras apoyan la tesis de que el proceso de destitución involucra a grupos que se sentían amenazados por las investigaciones y esperaban que el gobierno frenara a la Policía Federal", comenta el académico de la Universidad de Campinas, quien participará hoy en el seminario "Combatiendo la corrupción: Chile y el mundo", organizado por el centro de estudios Espacio Público.

"La opinión pública observará atentamente si el nuevo gobierno de Temer detiene las investigaciones en curso. En mi opinión, es limitada su capacidad para frenarlas o abortarlas", señala Speck. "Un tema principal en este momento es la mantención de las investigaciones, sin la interferencia política en las acciones de la Policía ni del Ministerio Público o el Poder Judicial", añade.

En esta línea, el asesor de Transparencia Internacional rescata el rol jugado por estos estamentos en la lucha anticorrupción: "El Poder Judicial, así como el Ministerio Público y la Policía Federal han mostrado no solo independencia y capacidad, sino también coraje y experiencia en relación con la investigación de crímenes de cuello blanco. Los mayores obstáculos continúan siendo el gran número de casos y la capacidad de la élite de dilatar y retrasar los procesos con recursos procesales, contratando abogados caros de primera categoría".

Tolerancia

Brasil, sin embargo, ya no es el mismo. El experto recalca que si bien el tema ha estado en el debate público desde el impeachment al Presidente Fernando Collor de Mello, en 1992, con escándalos recurrentes, incluyendo el caso del Mensalão que afectó al gobierno de Lula da Silva, los ciudadanos ya no tienen la misma tolerancia respecto de la corrupción. "En este último tiempo, el rechazo de la población a la corrupción ha crecido notablemente. Las encuestas muestran la creciente importancia del tema en la agenda de problemas que identifica la ciudadanía", dice Speck, quien diferencia entre la percepción ciudadana de la corrupción y cómo la clase política ha enfrentado esta demanda de mayor transparencia.

"Los simpatizantes y principalmente los dirigentes, tanto de la izquierda como de la derecha, han sido reacios a reconocer la veracidad o la legitimidad de las acusaciones. En la medida en que el clima político del país se polariza, las acusaciones de corrupción se mezclan o se superponen con las diferencias sobre las políticas públicas. Es más fácil acusar a la izquierda de la corrupción que debatir sobre sus políticas de redistribución. Es más fácil culpar a la derecha de corrupta que escuchar sus advertencias sobre el desequilibrio fiscal", afirma.

Speck, además, critica los fueros privilegiados de los parlamentarios, que han colapsado los más altos tribunales. "La sobrecarga de los procesos judiciales y la influencia política a menudo conducen a la dilación de esos casos. Puede llevar años o décadas para ir a un juicio", dice. "Por otro lado, los mecanismos de revisión entre los parlamentarios son débiles. En raras ocasiones los parlamentarios son sancionados por sus propios pares, por razones obvias. La moral colectiva es baja".

 "Responsabilidad política"

Según Bruno Speck, la Presidenta suspendida, Dilma Rousseff, sí tiene responsabilidad en el escándalo de Petrobras. "Ella fue ministra de Minas y Energía y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras antes de ser elegida. Aunque no haya participado personalmente en los escándalos, es políticamente responsable. Sin embargo, la idea de la responsabilidad política no es muy fuerte en la política brasileña", asegura el académico, quien considera que el proceso de impeachment se definió más por su bajo apoyo en el Congreso y poca movilización en las calles.

Respecto de la situación política que enfrenta el gobierno de Michel Temer, se muestra cauteloso. "Vivimos en un tiempo de gran incertidumbre, principalmente porque hay varios asuntos pendientes en el ámbito de la política y la justicia. En relación con las investigaciones sobre la operación Lava Jato, están prácticamente garantizadas nuevas sorpresas sobre la participación de más miembros de la clase política. Las decisiones sobre la responsabilidad judicial de figuras como el actual presidente del Senado, el ex presidente de la Cámara o el ex Presidente Lula afectarán profundamente la política del país", indica.



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Bruno Speck es asesor de Transparencia Internacional y ex director de Investigación de Transparencia Brasil.
Bruno Speck es asesor de Transparencia Internacional y ex director de Investigación de Transparencia Brasil.


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