Casos de platas políticas abrieron debate:
¿Fiscales fuera de control? La crítica que cada vez menos silenciosamente recorre el mundo jurídico

Manejo sesgado de los interrogatorios, prácticas intimidatorias a partir de las medidas cautelares, incumplimiento de acuerdos... La lista de cuestionamientos que los abogados hacen a los persecutores es larga. Y mientras estos se defienden haciendo notar que pocas veces esos reclamos son formalizados, sus contrapartes advierten contra el poder que han ido acumulando y la ineficacia de los mecanismos de control. Equipo Reportajes  

 

"Tenemos una grabación que lo muestra a usted saliendo de las oficinas del grupo Penta, ubicadas en avenida El Bosque, después de cobrar el dinero para su jefe", habría sido la advertencia lanzada por los fiscales en medio de un interrogatorio a un testigo en el marco de las indagaciones por platas políticas, en abril pasado. El detalle es que el testigo no solo negó en repetidas ocasiones haber concurrido a dicho lugar -y menos cobrar la suma en cuestión-, sino que nunca conoció el supuesto video. En buenas cuentas, sostienen abogados ligados a la causa, se le intentó "sacar de mentiras verdad".

La historia circula entre todos los defensores de los casos que empezaron salir a la luz a partir de Penta, desde SQM a Corpesca. Y es repetida con insistencia, y en tono crítico, a la hora de describir cómo se manejan los persecutores a cargo de este tipo de indagatorias. Pocos se atreven a plantear los cuestionamientos públicamente; una excepción fueron los dichos del abogado Gabriel Zaliasnik a "El Mercurio" el lunes pasado, comparando el manejo de las actuales investigaciones con el caso MOP-Gate.

Pero es precisamente esa la línea de las críticas que se hacen hoy a los fiscales: la idea de que incurren en prácticas al límite de lo legal, producto de los bajos niveles de control que se ejercerían sobre ellos. O como señala un abogado: "Si los ministros en visita y jueces del antiguo sistema estaban siempre expuestos a que un superior vigilara sus actuaciones, hoy los persecutores se mueven con mucha más libertad... pueden formalizar sin problemas por el delito que estimen, a diferencia de los antiguos procesamientos, que eran revisados".

Y en cuanto a eventuales conductas abusivas, señalan que en los hechos son escasas las ocasiones en que ellas derivan en sanciones. Como ejemplo, ponen el nulo resultado de las denuncias por filtraciones que se han hecho precisamente desde el estallido de Penta.

Citados como testigos, interrogados como imputados

Un punto crítico para los defensores es lo que ocurre en los interrogatorios. Aquí los representantes de los involucrados en casos de platas políticas enumeran un conjunto de prácticas dudosas. Sus colegas que participan en casos de menor connotación pública, en tanto, hacen notar que tales prácticas son para ellos cosa conocida, y celebran que ahora los abogados de los "poderosos" también tomen conciencia de su existencia.

Un problema no poco habitual -dicen- sería el aprovechar la situación de quienes son citados como simples testigos, los que concurren sin la asistencia de un abogado. En tales circunstancias -y según esas críticas- algunos fiscales jugarían a intimidar a los declarantes (como habría ocurrido en el caso citado al inicio de este reportaje), de modo de presionarlos para que entreguen información comprometedora respecto de terceros.

Una práctica menos común en los casos de mayor impacto mediático pero que distintos profesionales sostienen que suele ocurrir en otras investigaciones es la de citar a los imputados sin indicarles que tienen esa condición, de modo que llegan a la fiscalía sin asesoría jurídica. Así, "se los interroga como testigos y después se los formaliza... es un clásico", sostiene un profesional.

Registros escritos de las declaraciones no consignan preguntas ni contexto

Pero si ese tipo de situaciones ocurrirían principalmente respecto de personas con menores recursos y más bajo nivel educacional, algunas de las características de los interrogatorios afectan a todos por igual. El hecho de que los escritos que recogen estas declaraciones no consignen las preguntas hechas es objeto de todo tipo de cuestionamientos, pues se presta al sesgo, en la medida en que no queda registrado el contexto en el cual una persona declara ni si sus respuestas fueron inducidas por su interrogador.

Objetividad puesta en duda

Esto se suma a otra queja: los textos en cuestión solo consideran los dichos que el fiscal estima relevantes... y normalmente estos son aquellos que avalan su tesis investigativa, descartando los que podrían rebatirla. Aquí pesaría además otro punto: los fiscales chilenos -reclaman sus colegas abogados- consideran un fracaso cuando no logran probar la culpabilidad, lo que termina afectando el principio de objetividad, uno de los pilares del actual sistema procesal penal.

Un factor práctico que agrava los problemas -explica un abogado- es que no existe foliación de la carpeta investigación, de manera que la defensa tiene poco manejo respecto de los antecedentes que pudieran ir siendo añadidos. Incluso, se señala que en el caso SQM este punto generó un desorden respecto de la existencia de los mails que intercambiaron Pablo Longueira y Patricio Contesse.

"O colaboras o..."

En el caso de quienes concuren como imputados, el manejo de las medidas cautelares es indicado como la gran "arma" de que disponen los fiscales. "Si no colaboras, pediré cautelares gravosas (léase cárcel)", sería una advertencia recurrente, aseguran distintos abogados. Lo más complejo, sostienen, es que este uso de las cautelares puede terminar minando la decisión de defenderse judicialmente. "Muchas personas que llegan alegando su inocencia y decididos a concurrir a juicio oral, terminan al final negociando un juicio abreviado, ante la perspectiva de pasar años bajo restricciones y habiendo recibido una condena anticipada por parte de la opinión pública", explica el representante de un ejecutivo investigado por platas políticas.

Confianzas rotas

El caso Penta -advierten distintos profesionales- marcó también un punto de inflexión en materia de negociaciones entre la fiscalía y las defensas. En esta investigación, recuerdan varios, los fiscales habían llegado a un acuerdo con Calos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que supuestamente pasaba por no pedir privación de libertad, y esto a cambio de su colaboración.

Aquí las versiones difieren: según dijo en su momento la defensa, dicho acuerdo no fue cumplido por el Ministerio Público; desde este, en cambio, se sostiene que la colaboración de "los Carlos" no fue completa.

Como sea, el acuerdo no se concretó y los controladores de Penta pasaron un mes y medio en prisión. Más allá de esos, el caso -señalan abogados de distintos estudios- trizó las confianzas de un modo que hasta hoy sigue teniendo repercusiones.

 "Hasta acá nunca he recibido un reclamo de que una declaración de un testigo no haya sido fiel"

En medio de las consultas de la prensa tras la audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de Laurence Golborne en la Corte de Apelaciones, el fiscal jefe de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo, respondió a las inquietudes sobre el modus operandi de él y su equipo a la hora de tomar declaraciones a testigos e imputados de corte empresarial y político que han llegado a la fiscalía de Ñuñoa.

Gajardo es categórico: "Hasta acá nunca he tenido un reclamo de que una declaración de un testigo no haya sido fiel". Además indica que el sistema procesal chileno entrega las garantías para que si una persona se siente disconforme con el actuar de los investigadores, realice un reclamo ante los tribunales. Y vuelve a reiterar que en su trayectoria como fiscal "no he tenido ese reclamo ni en audiencia ni en fiscalía".

Sus palabras son respaldadas por el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, quien descarta que de parte de los fiscales exista un "ánimo de coacción en contra de los testigos e imputados", y señala que "en los tres años que llevo al mando de esta entidad no ha venido ningún fiscal a decirme que necesita asesorías porque hay una denuncia en su contra porque incurrió en abusos".

Pero, ¿cómo realizan las entrevistas a imputados y testigos dentro de las fiscalías?

Gajardo, a cargo de investigar las donaciones irregulares entre personeros de la UDI y el Grupo Penta, detalla que por lo general recibe a testigos e imputados en una oficina, sin cámaras ni grabaciones. "Casi siempre las declaraciones las tomamos en equipo. A veces estoy yo con el fiscal Pablo Norambuena o con el fiscal José Antonio Villalobos". Y aclara que su rol en la sala se basa en hacer preguntas y anotar los relatos en un computador: "El que escribe soy yo, en la mayoría de los casos, pero las preguntas las hacemos en duplas porque nos parece que ha sido provechoso".

Entre los fiscales existe la idea de que para el caso de los testigos puede haber cierta preparación, o como ellos los definen, un "pauteo", a la hora de prestar una confesión. En definitiva, lo que expresan es que no se trata de cualquier persona que va por la calle y se les pide dar un testimonio. En muchos casos asisten partes interesadas, algunas ligadas empresas, quienes por temor a no quedar en una situación desfavorable no prestan la colaboración necesaria.

La técnica, señalan ex fiscales y abogados del Ministerio Público, es tratar de sacar de una "estructura preconcebida" a las personas que se sientan a declarar.

Uno de ellos cuenta que primero pregunta al imputado sobre su trayectoria, después le muestra cartolas y correos. "Me ha pasado que algunos imputados niegan relaciones comerciales pero ahí les muestro depósitos, papeles y les dices 'mire lo que tengo'", cuenta la misma fuente.En general, reconocen como un desafío -en medio de los interrogatorios- la necesidad de sorprender a los testigos o imputados y sacarlos de la estrategia que estudiaron previamente con sus defensas.

"Los abogados defensores, a los que les pagan bastante, no pueden decir que nosotros los engañamos", indica un persecutor, quien a su vez menciona que han habido episodios en que las defensas tardan horas en firmar una declaración antes de abandonar las dependencias del Ministerio Público.

El fiscal Cristián Galdames, de la Fiscalía Sur, quien llevó a cabo el interrogatorio del otrora socio mayoritario de la empresa PISA, Gabriel Ruiz-Tagle, por el caso Colusión del papel Tissue, opina que entre menos "prescindencia" tenga la declaración de un imputado, mayor beneficio existe para el investigador. Para graficar la situación, Galdames indica que "al igual que una mesa, si la declaración es una pata y por algún motivo el imputado quiere guardar silencio, la mesa va a quedar coja y por lo tanto se va caer porque le falta una pata. Entonces si tu investigación se baja en un testimonio quiere decir que se trata de un caso bastante complejo", indica.

Al igual que su par de la fiscalía Oriente, Galdames es el que anota en su computador los testimonios que debe escuchar en sus indagatorias. Una práctica que también utiliza el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

Como sea, los fiscales sostienen en privado que el sistema penal chileno no está apto para llevar investigaciones largas, como ocurrió en el caso de la cárcel de San Miguel, donde estuvieron un año concurriendo los distintos fiscales. Además, dice uno de los fiscales, "en la etapa del juicio oral es cuando la investigación queda al descubierto y donde se revelan todos los ripios; entonces entre que se caiga la investigación de un caso antes de llegar a un abreviado, obviamente que vas a estudiar otra salida".

A la hora de nombrar referentes de la investigación algunos nombres se repiten. Entre ellos, la jueza del caso Mop-Gate, Gloria Ana Chevesich, a quien le atribuyen la persistencia a la hora de indagar a personeros de la Concertación. Otro nombres que se reiteran son el ministro Isidro Solís, el ministro Mario Carroza y el ex fiscal Xavier Armendáriz.



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Foto:ilustración: Marcelo Duhalde

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