Rectores enjuician sin eufemismos el proyecto del Gobierno para cambiar la educación superior:
"Si no hay cambios importantes, se habrá perdido una oportunidad ; los países no pueden estar haciendo reformas a cada rato"

Representantes de todo el abanico de planteles que componen el sistema universitario -estatales, privadas tradicionales y privadas creadas con posterioridad a 1981- muestran sorprendentes grados de acuerdo a la hora de expresar su insatisfacción con la iniciativa que esta semana inició su trámite parlamentario. Estas son sus razones.  

M. Soledad Vial 

Más acuerdos y menos discrepancias de lo que se podría haber esperado. Desde luego, menos de lo que ellos mismos han lanzado contra la esperada reforma a la educación superior que el Gobierno envió esta semana al Congreso, y que no dejó a nadie contento. Ese fue el balance que pudimos sacar de la conversación a la que invitamos a 6 representativos rectores del abanico estatal-público-privado que abarca el sistema universitario chileno.

"Tal como está, este proyecto no tendrá efectos transformadores en mayor equidad e inclusión". Bien impresionante la conclusión de un firme partidario de esta reforma y que incluso marchó por ella. Es el porteño Aldo Valle, rector de la U. de Valparaíso y presidente del CRUCh, el Consejo que reúne a 25 de las principales universidades del país, entre estatales y públicas tradicionales. También la desilusión que confiesa, convencido de que "esta no es una reforma transformadora". Con matices, Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile, y su par del Cuech -el consorcio de las estatales-, tampoco vio cristalizado el apoyo que soñó para sus universidades.

Coinciden y profundizan en sus críticas sus compañeros de planteles privados de orientación pública en el CRUCh, los rectores de las universidades Católica y de Concepción, Ignacio Sánchez y Sergio Lavanchy. Igual que los "privados" del G-8, Andrés Benítez, de la Adolfo Ibáñez, y Rubén Covarrubias, de la U. Mayor, que el año pasado decidieron no entrar a la gratuidad.

¿EN QUÉ ESTÁN TODOS DE ACUERDO...? En que era necesario modernizar, perfeccionar y regular mejor un sistema que tiene hoy una oferta muy amplia y un "borde" que reconocen inaceptable. Lo aplaude el rector Vivaldi. "De los cambios que se hicieron entre 1973 y 1989, el más fácil, el más indefendible, era el sistema de universidades y no ocurrió absolutamente nada. Es para felicitar al Gobierno: algo de coraje, de responsabilidad histórica, han tenido al modificar este modelo".

Los privados destacan que la reforma reconoce un sistema de provisión mixto y mantiene distintos tipos de financiamiento, incluido el Crédito con Aval del Estado, que "se ha satanizado erróneamente porque ayuda a mucha gente".

¿QUÉ ECHAN DE MENOS...? "Que no se ven por ninguna parte los instrumentos para fortalecer la educación pública, un objetivo que siempre se fijó para esta reforma", dice el rector Valle. Y enfatiza en tono duro: "Los efectos sociales del actual sistema de educación superior se mantienen incólumes", a excepción de la gratuidad, "que tiene un camino muy largo por delante".

Con más participación, esto se habría evitado, afirma Vivaldi. "Me preocupa que en torno a este proyecto haya un sentimiento de decepción, de rabia, de frustración".

Los recursos preocupan a Ignacio Sánchez, de la UC, destacada por su calidad en los más recientes rankings internacionales. "Claramente, faltó establecer qué nuevos recursos tendrá el sistema para mejorar calidad. Si cambiamos fondos privados por estatales, pero no hay un incremento, será muy difícil elevar la calidad".

¿Y EL PEOR ERROR...? "No distinguir la función pública, que no está dada por la propiedad, sino por la historia y el servicio al país, y omitirlas en su fortalecimiento", dice de inmediato el rector Sánchez. Que pone divisiones en un sistema que debiera ser una red articulada, refuerza Lavanchy, de Concepción; ambos ven el fin de los fondos basales.

Y los apoyan los estatales. "Jamás los rectores de las universidades estatales objetaríamos darles un peso más a las universidades del CRUCh y a otras de fuera que lo ameriten", dice Vivaldi, y agrega: "Lo público no ha sido suficientemente defendido y se ha trivializado, habría ayudado mucho discutir sobre factores claves, como tradición, nivel de investigación e inserción internacional, para justificar financiamiento".

A los privados como Benítez no les gusta la fijación de aranceles -"agrupar carreras y regular sus precios como si fueran iguales, eso sí que es tratar la educación como un bien de consumo"- y menos que no se haga por calidad. Una palabra que ven en retirada sin recursos nuevos; el proyecto cambia aportes privados por públicos -explican-, pero el monto global seguirá siendo el mismo.

"Primó un funcionalismo neoliberal"

En medio de este "caos nacional", Covarrubias ve una oportunidad, la de una discusión "razonable, con altura de miras".

-Sin embargo, el proyecto no recibió este aire de acuerdo, sino una lluvia de críticas de todos los lados: universidades estatales, públicas, privadas, estudiantes, parlamentarios. ¿Cómo se llegó a esto después de tantos meses de conversaciones?

Valle: "Es que la discusión no fue tan amplia como parece creerse. Hubo capítulos completos del proyecto que no pudieron discutirse. Por meses pedimos en el CRUCh hablar del sistema de financiamiento y no fue posible; quienes redactaron este proyecto se guardaron para sí esa decisión. Hablamos de institucionalidad, acreditación, aseguramiento de calidad, superintendencia y no hay grandes diferencias. El sentido futuro del sistema de educación está dado por cómo se van a distribuir los recursos".

Sánchez: "Hubo una mezcla de hermetismo y sordera. Conocimos el proyecto solo a través de minutas, y muchas cosas que repetimos no se tradujeron en el proyecto. Nunca hubo un trabajo en equipo".

Lavanchy: "Entregamos documentos, estudios. La ministra tiene razón en que no siempre se puede dejar a todos contentos, pero haber logrado dejar a todos descontentos..."

Vivaldi: "Fue chocante, dramático, para los rectores de las universidades estatales cuando terminamos de ver el power point con el proyecto, el miércoles de la semana pasada, en Talca".

Covarrubias: "Me alegro mucho de escuchar a los señores del CRUCh, porque si ellos no tenían información, nosotros teníamos menos. Nos enterábamos por la prensa o por trascendidos".

Benítez: "Con todas las diferencias, si se les hubiera preguntado más a los rectores, habría salido mejor el proyecto. Se farrearon la oportunidad. Era más fácil ponernos a nosotros de acuerdo que al Parlamento".

-¿Creen que fue Hacienda y la restricción presupuestaria lo que al final se impuso?

Covarrubias: "Se aterrizó en este proyecto como producto de la crisis económica mundial y nacional. Gran parte de la sociedad entiende que no es razonable ni lógico financiar la educación de los ricos, que es claramente regresivo".

Valle: "Primó aquí una concepción tecnocrática, un funcionalismo neoliberal, no una perspectiva de construcción democrática de una sociedad. La discusión fue absolutamente excluyente, sin la buena fe y disposición al consenso que exigen el diálogo y las prácticas democráticas. Por eso este proyecto no va a impactar en el desarrollo de una educación superior".

Vivaldi: "Me llamó la atención que la ministra dijera: 'este es un bote que se echa al mar y ahí veremos'. Cuando uno anuncia su propuesta, lo hace con ganas, dice '¡¡ésta es mi propuesta!!' Quiero verlo como algo positivo, como una invitación a que sea un punto de partida. De todos nosotros depende".

Sánchez: "Lo más serio es que se puso como norte la gratuidad y se olvidó absolutamente de las instituciones que la hacen posible. Es muy importante dar acceso y oportunidades a los estudiantes, pero no es posible sin instituciones que se fortalezcan para poder acogerlos".

-¿Y no era la gratuidad un pie forzado para el Gobierno desde su origen, desde la misma campaña presidencial?

Valle: "No es incompatible avanzar con urgencia en gratuidad para los sectores más desfavorecidos y fortalecer un sistema de educación superior que genere investigación, conocimiento, ideas, interacción intelectual. No se puede confundir desarrollo con cobertura. La gratuidad es un instrumento valioso, pero es un instrumento".

Vivaldi: "Este proyecto alguna preocupación tiene por definir lo que es universidad y no se había hecho, pone énfasis en la calidad de investigación, de docencia. Pudo haber sido mejor, sin duda; pero para ser justos, da pasos importantes".

Lavanchy: "Uno comparte sus objetivos: crear un nuevo sistema de educación superior que desarrolle capacidades, aporte al país, a la región y a sus personas, pero no creo que se vaya a lograr cuando leo lo que propone el proyecto".

-¿Creen que vaya a ver la luz así como está planteado?

Covarrubias: "Tendrá cambios drásticos".

Valle: "Espero que tenga cambios importantes. De lo contrario, se habrá perdido una oportunidad porque los países no pueden estar haciendo reformas a cada rato".

"El riesgo es llegar a una suerte de punto muerto"

-¿Les preocupa que pase lo mismo que con la reforma escolar, que comenzó con 60% de apoyo y hoy el 70% la rechaza?

Valle: "Aquí va a ser al revés".

Sánchez: "Dependerá mucho de la discusión que se dé en el Parlamento".

Benítez: "Comienza en período eleccionario y la Nueva Mayoría ha dicho que este es su legado, que prácticamente depende de él que pueda seguir en el poder. Cuando los proyectos se politizan es difícil que los argumentos se encuentren. El riesgo es llegar a una suerte de punto muerto".

 "El proyecto no es lo suficientemente transformador y democratizador"

Al rector de la UC le preocupa la deserción que afecta al 50% de la educación superior chilena; 35% de esta corresponde a universitarios. "Si hay algo grave es fracasar y quedar endeudado. Debemos seguir avanzando en cobertura y financiamiento y en cómo acogemos a esos estudiantes más vulnerables. No tenemos recursos para eso, tiene que aportarlos el Estado", dice.

-Si aumentan esos alumnos por la gratuidad, ¿podría afectar la calidad de las universidades que más los reciban?

Vivaldi: "Son impresionante los datos del trabajo que hacen las estatales al recoger estudiantes de buenos puntajes del sector municipal. Es increíble lo que logran pese a cómo han sido tratadas, con todas las limitaciones y sobrecargas".

Lavanchy: "Igual que todas las del CRUCh. La U. de Concepción tiene una composición socioeconómica mucho más baja en sus estudiantes que la U. de Chile, tú lo sabes, Ennio. Entonces, programas remediales como el PACE (de acompañamiento y acceso a la educación superior) tienen que ser financiados. La calidad es un gran problema que tiene la reforma".

-¿Les pondrán más presión los ajustes que les significa aumentar la gratuidad?

Covarrubias: "Si en el futuro, en régimen, tenemos menos recursos que los actuales en el sistema, obviamente se va a resentir la calidad.

Lavanchy: "He buscado elementos de calidad más allá del Consejo y no los veo; menos si hay universidades que no van a tener recursos basales, muy importantes para seguir mejorando".

Sánchez: "Este proyecto no pone un énfasis en la calidad; está en cobertura, regulación, financiamiento. Incluso, nos complica a instituciones que llevamos muchos años trabajando en aumentar calidad y al mismo tiempo inclusión, porque necesitamos recursos para poder invertir más en esos estudiantes con más brecha académica".

Benítez: "Hay una discusión de calidad que no se ha abordado, y este proyecto entra a competir con eso al colocar los recursos en el acceso, en la gratuidad. La universidad tiene que ser ahora un colegio; era más fácil arreglar los colegios y que llegaran alumnos mejor preparados".

Valle: "El 90% de los doctorados acreditados en Chile son impartidos por universidades del CRUCh; el sistema debe preocuparse de que puedan hacerlo y no poner todos los dados en cobertura, porque eso puede producir un daño a largo plazo. Hay medidas que van a tener impacto favorable, como la acreditación obligatoria; exigir una mayor complejidad; acreditación obligatoria de los doctorados, y asegurarse que las instituciones inviertan. Todo eso va a mejorar el promedio".

-¿Hay también un riesgo de segregar, de replicar en las universidades lo que se quiere evitar a nivel escolar si finalmente los alumnos se agrupan según su capacidad de pago?

Valle: "Me preocupa que se estructuren regímenes económicos distintos, que haya universidades que reciban beneficios de carácter público y que puedan fijar libremente sus aranceles, porque habrá otras que suscriban la gratuidad y no podrán cobrar nada adicional. Hay un factor que puede generar segregación. El proyecto no es lo suficientemente transformador y democratizador como necesitamos".

Lavanchy: "Se va a llegar a un sistema segregado, porque no me cabe duda de que algunas universidades van a preferir libertad para fijar aranceles y matrículas al financiamiento".

Autonomía en riesgo: el "controlismo" del nuevo modelo que se plantea

"Me llama la atención que no hayan salido en esta mesa las atribuciones de ciertas instituciones que nacen en este proyecto", lanza Rubén Covarrubias para entrar en la nueva red que se crea -"una maraña burocrática que dice que costará US$ 50 millones, pero van a ser dos o tres veces más"- para regular el sistema. De todo, son la nueva subsecretaría y sus atribuciones las que encienden más alertas.

"No es razonable que se fijen vacantes y aranceles -agrega Covarrubias-. Es peligroso que un modelo de admisión dependa del Gobierno. Tampoco es razonable que los 11 miembros de la nueva agencia de acreditación sean designados por la Alta Dirección Pública: a la larga, por el Presidente de la República".

-Entonces, ¿están de acuerdo con expertos como José Joaquín Brünner en que este es un proyecto "controlista"?

Lavanchy: "Claramente, tiene ese sesgo. Yo hice el ejercicio, lo leí como si fuera rector de universidad estatal, y tampoco me habría gustado: se entrega autonomía por recursos".

"Es peligroso fijar aranceles"

-Y a los rectores estatales, ¿les gusta que el Gobierno les seleccione los alumnos?

Valle: "No estoy de acuerdo con que el Estado decida los criterios de admisión. Es de cuidado que el Gobierno de turno tenga atribuciones para limitar proyectos y posibilidades de desarrollo. Eso no significa que rija la libertad de comercio que ha regido en la educación superior en Chile. Veo con cierta decepción un sincretismo entre exceso de control y que el Estado compre educación a unos privados que se la ofrecen en condiciones más reguladas. Tenía otra idea de esta reforma".

Sánchez: "Hay un acuerdo muy amplio en el CRUCh de avanzar en la participación del ministerio, de la educación secundaria, técnico-profesional y de universidades privadas en el proceso de admisión".

Vivaldi: "No comparto esto de considerar nefasta cualquier injerencia del Estado, que debe velar por que el estudiante reciba calidad".

Lavanchy: "Una cosa es regular los recursos públicos; otra, regular la autonomía de una universidad. Ahí esta subsecretaría se excede".

Benítez : "¿Qué pasaría si una universidad crea un programa de excelencia para que sus alumnos pasen un año en Harvard? Aunque sea muy bueno, el Estado impediría cobrar más del arancel fijado. Los altos precios no siempre significan un engaño; muchas veces significan recibir una mejor educación, y este sistema no lo permite. Es peligroso fijar aranceles".

Covarrubias: "Me gustaría saber cuál es el modelo teórico detrás de la fijación de tarifas. El Estado está haciendo sus propias pruebas con dos nuevas universidades estatales, y una de sus rectoras llamó a Hacienda, porque ya tiene un déficit de $1.500 millones".

Valle: "En la regulación de aranceles no tiene por qué haber un precio unitario, pero el Estado tiene derecho a poner ciertas bandas o límites, porque tenemos 700 mil estudiantes endeudados con el Crédito con Aval del Estado".

Vivaldi: "Hasta aquí, la fijación nos ha perjudicado a las estatales. Nos han prohibido aumentar las matrículas, que han crecido solo 4% en los últimos 10 años, y 40% las del G-9".

"¿El resto no son universidades?"

Benítez: "¿Dónde tiene que poner los recursos el Estado? Su obligación no es con sus universidades, sino con sus estudiantes".

Valle: "Tengo una concepción distinta. El Estado debe promover la educación pública porque tiene la obligación de constituir un espacio para el bien común, no aspirar simplemente a la dispersión de proyectos particulares. La realidad es que ha abandonado a sus universidades. La reivindicación de las universidades estatales es legítima y compatible con que el Estado reconozca a las tradicionales no estatales del CRUCh; me parece un desatino desconocer su aporte".

Vivaldi: "Hay una tendencia 'coberturista'. Es importante qué significa 'universidad' para nosotros. Hay un estudio muy bonito de Patricio Aceituno, decano de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, y ¡si vieran las carreras que hoy se llaman ingeniería!"

Benítez: "Según define este proyecto, habría pocas universidades en Chile: 4 estatales, 6 del G-9 y 3 privadas. ¿Por qué Valparaíso no sería universidad? Porque no está acreditada en posgrado. Entonces, si no son complejas, ¿el resto no son universidades?".

Cómo "leyeron" a Valdés¿Queremos gratuidad?:

-El ministro de Hacienda se preguntó si "queremos" poner US$ 3.500 millones para gratuidad universal cuando hay tantas otras necesidades... ¿cómo leyeron ese mensaje?

Covarrubias: "Fue un acto de realismo y responsabilidad que debemos rescatar. 30.000 familias han caído al nivel de campamentos en los últimos dos años, ¿es razonable que no les encontremos una solución?".

Valle: "Hay varios deciles que necesitan urgentemente gratuidad y el Gobierno debe ser fiel a su palabra. Dicho eso, todos debemos entender que haya sectores en la cúspide del ingreso económico que pueden no requerirla".

Vivaldi: "Las universidades públicas deberían ser gratuitas todas. Y mientras más plata tenga el alumno, mejor que tenga la oportunidad".

Sánchez: "Las necesidades básicas de las personas más vulnerables están, por supuesto, mucho antes que entregar recursos para una gratuidad universal".

Lavanchy: "Desde el comienzo pensé que la gratuidad universal es una quimera, pero hay que cambiar la relación entre el aporte privado y el público. Según la OCDE, Chile tiene el aporte de las familias más alto como porcentaje de PIB de educación".

Benítez: "La ecuación queda perfecta si le das gratuidad al 50% más pobre y aumentas el presupuesto público. Pero no puedes eliminar el financiamiento privado: entonces los recursos totales del sistema quedan iguales".



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Foto:juan eduardo lópez

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