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Fundaciones ponen en tela de juicio nuevo plan para fortalecer al Sename

Domingo 10 de julio de 2016

Este lunes se realizará una nueva sesión de la Comisión Investigadora Sename II, en la que se expondrá en profundidad el Plan Protege.Foto:MINISTERIO DE JUSTICIA



 

Una carta dirigida a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, fue enviada a fines de junio por tres organismos colaboradores del Sename. En el documento, firmado por los directores de la Fundación Leon Bloy, Mi Casa y Achnu, se le consulta las razones por las cuales se definió traspasar los Programas de Representación Jurídica (PRJ) desde el Sename a Justicia, en el marco del Plan Protege.

Esta iniciativa se gestó a partir de la muerte de la menor Lissette al interior de un centro del servicio y fue expuesta el pasado lunes ante la Comisión Investigadora Sename II, en la Cámara de Diputados.

En efecto, una de las seis medidas del Plan Protege, y que explicó la ministra Blanco en la comisión, es el traspaso de los PRJ, es decir, la representación judicial de los niños y adolescentes del país ante los tribunales, a la Subsecretaría de Justicia, para así "descomprimir" la carga que debe llevar el Sename.

Con ello, las fundaciones temen que al poner fin al modelo, que ha sido avalado por informes de la Fundación Paz Ciudadana, podría ocurrir que aquellos menores de edad que no son parte de la red Sename queden en una situación de indefensión jurídica y que además puedan ser revictimizados por el sistema.

A ello se suma la desvinculación de los equipos integrados por psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales, que serán reemplazados por unidades conformadas exclusivamente por abogados.

Es por esta razón que las fundaciones llaman a la ministra a reconsiderar el plan, y para ello esperan entregar una propuesta alternativa para, así, discutir lo que hasta ahora sería -según argumentan- una vulneración a la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en 1990.

Fuentes cercanas a los redactores del Plan Protege señalaron que una de las ideas que se barajaron fue redirigir la asistencia jurídica a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), para llenar un déficit financiero mediante las licitaciones de los programas.

"El Mercurio" consultó a la cartera de Justicia sobre los eventuales beneficios que traería el traspaso de los PRJ al ministerio, pero no hubo respuesta.