Comité político de esta semana abordó su situación en el Servel:
Las controversias que abrió en La Moneda el procesamiento del general (r) Cheyre

El ministro Nicolás Eyzaguirre elegiría a un cuadro del PPD como su reemplazante en el organismo electoral. Mientras, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (que pidió el procesamiento) suscita controversias en la Nueva Mayoría.  

Carlos Saldivia 

Al final de la cita del comité político del lunes pasado, cuando el ministro del Interior, Mario Fernández (DC), pasó al ítem "varios", el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, tomó la palabra. "Creo que el caso de Cheyre le hace un enorme daño al Servel y lo saludable es que renuncie y el Gobierno nombre un reemplazante", espetó. En un ambiente tenso, la líder del PS, Isabel Allende, respaldó su moción y agregó que el cupo del general (r), procesado por el caso Caravana de la Muerte, le correspondía a un miembro del PPD.

Tras un incómodo silencio, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre (PPD), sentó la línea política. Según algunos presentes, dijo que el Ejecutivo iba respetar la sensibilidad del caso y comunicó que estaba coordinando los reemplazos de Gonzalo Molina (UDI) (quien renunció hace meses al Consejo del Servicio Electoral a raíz del caso SQM, y para cuyo cupo se propuso esta semana al experto electoral Andrés Tagle) y de Cheyre (Ind.). Según fuentes de la Segpres, el nombre para este último reemplazo se elegiría de entre figuras como el abogado PPD José Ramírez y uno de los expertos electorales emblemáticos de ese partido, René Jofré, aunque tampoco se descartaba a algún independiente cercano a esa sensibilidad. El nombre que proponga Eyzaguirre sería revisado por la Presidenta Bachelet, para posteriomente pedir la ratificación del Senado.

Una autonomía controvertida

Pero aparte de la discusión respecto del Servel, el caso también ha abierto un debate en la Nueva Mayoría, entre quienes cuestionan la alta influencia de la izquierda en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior -el organismo que pidió el procesamiento de Cheyre- y quienes acusan intentos por afectar la autonomía con que en los hechos este opera.

Se trata de una instancia que ha significado quebraderos de cabeza para distintos gobiernos. De hecho, en la administración Piñera el programa adoptó decisiones que sorprendieron a la administración, como cuando se pidió en 2010 una citación al subsecretario Óscar Izurieta, sin informar a las autoridades políticas del paso que se daría.

El poder desplegado por el programa se acentuó con la llegada de la administración Bachelet. En la era de Rodrigo Peñailillo, dicen algunos de los mismos profesionales, había instrucciones especiales para "acelerar querellas", además de "total libertad" para pedir diligencias.

La llegada de Jorge Burgos a Interior, sin embargo, supuso un intento por cambiar las cosas. Críticos y partidarios del ex ministro coinciden en que este buscó mantenerse informado de los pasos de la entidad e imponer prudencia, partiendo de la premisa de que cualquier acción de los abogados del Programa sería leída por la opinión pública -correcta o equivocadamente- como una decisión del Gobierno.

Particular preocupación habría tenido en ese sentido por el caso Cheyre. "Burgos nunca tuvo voluntad de que el Programa avanzara en el procesamiento del general (r)", dice el diputado Hugo Gutiérrez (PC). Dirigentes DC, en tanto, señalan que ello no obedecía a una cuestión política, sino a que el ex ministro estimaba dudosos los argumentos esgrimidos para perseguir penalmente al ex comandante en jefe del Ejército, todo lo cual lo hacía cuestionar la idea de que un organismo gubernamental apareciera liderando una acción de ese tipo, incluso antes que los otros querellantes.

Rebelión en el último día

Fuentes de Interior señalan que el ex director del Programa, Sebastián Cabezas, se relacionaba con asesores de Burgos semanalmente y que asistía a La Moneda con un archivador con los detalles del caso Cheyre, lo que generaba reproches en otros mimbros del programa, encabezados por el abogado Rodrigo Lledó, quien en su momento jugó un rol decisivo en la presentación de acciones contra figuras como el ex edil de Providencia Cristián Labbé o el desaforado diputado Rosauro Martínez (RN). Y cuando Cabezas dejó su cargo para irse al Ministerio de Justicia, Burgos decidió nombrar a la abogada Catalina Lagos y pedir la renuncia a Lledó.

Desde el Programa sostienen que fue precisamente como una señal de molestia ante esas decisiones de Burgos que el 7 de junio, el último día que trabajó Lledó en la entidad -y 24 horas antes de la renuncia del entonces ministro del Interior- siete abogados del programa firmaron la solicitud de procesamiento de Cheyre, en un escrito de 92 páginas.

Mientras, Catalina Lagos ha comenzado a reunirse con abogados querellantes y familiares de víctimas. Además, esta semana, luego de que varios expertos en el tema rechazaran reemplazar a Lledó, se designó a Franz Moller en el puesto, un abogado cercano a Nelson Caucoto, otro profesional emblemático en DD.HH.

La estructura del Programa de DD.HH. mantiene una sección para detenidos desaparecidos, a cargo de Loreto Silva, y otra para ejecutados políticos, que lidera Hugo Pavez. También existe un área de archivo, otra de asistencia social y una de monumentos.

 


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El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, conocido como  general del nunca más salió en libertad provisional tras ser procesado por el caso Caravana de la Muerte.
El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, conocido como " general del nunca más" salió en libertad provisional tras ser procesado por el caso Caravana de la Muerte.
Foto:AGENCIA UNO


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