Hubo aportes directos del Estado para reducir los descalces que presentaba:
Déficits financieros y escándalos internos causaron el fin del antiguo modelo previsional

Estudios de expertos y artículos de prensa de las décadas del 60 y 70 dan cuenta de las debilidades del sistema de reparto que se reemplazó por el régimen actual.  

Luis Musquiz 

Parte de la ciudadanía propone modificar el actual sistema privado de pensiones y reemplazarlo por un modelo de reparto, similar al que había hasta los inicios de la década del 80. Ese modelo se organizaba de acuerdo a las llamadas cajas de previsión. La misión de estas entidades era recaudar las cotizaciones que realizaban los trabajadores y sus empleadores. El objetivo del dinero era financiar pensiones de distinto tipo y parte de la salud de las personas.

Sin embargo, ese régimen no estaba exento de inconvenientes, entre los que destacan la falta de financiamiento, los escándalos internos y la tramitación fraudulenta de pensiones y las altas cotizaciones que debían pagarse al sistema.

Irregularidades

El sistema antiguo se cimentaba a través de un enjambre normativo generado por una profusa regulación surgida desde la década del 20, con importantes modificaciones para aumentar las prestaciones y reorganizar el modelo en 1952 y 1968. Según el propio informe final elaborado por la Comisión Bravo, la normativa se encontraba regulada en cerca de 600 cuerpos legales.

Esta maraña jurídica, a veces poco entendible para el común de la ciudadanía, daba pie para que se cometieran diversos abusos. Una demostración de lo anterior son los cambios de estructura de las cajas de previsión y las interpretaciones legales sobre sueldos y beneficios anexos acordados por distintas leyes, que dieron origen a injusticias e incongruencias administrativas. Por ejemplo, existían diversos jefes de servicios con rentas muy superiores a las de sus jefes inmediatos.

Otro caso es una acusación de fines de la década del 60 por la tramitación fraudulenta de pensiones a favor de no cotizantes, situación que se transformó en un escándalo a nivel nacional.

Hubo también abusos cuando las propias cajas de previsión social adquirían departamentos de lujo para dirigentes de estas entidades, así como senadores y diputados de la época.

Colapso administrativo

Las cajas de previsión social administraban diversos tipos de riesgos a partir de una sola tasa de cotización. Entre ellos, destaca parte de la salud de las personas, pensiones, seguros de invalidez, sobrevivencia, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Uno de los aspectos que determinaron el colapso administrativo del sistema de cajas de previsión fue la sobrecarga laboral de sus funcionarios, situación que desembocó en una deficiente atención a sus pensionados y en la lentitud del modelo para tramitar pensiones.

Ejemplo de lo anterior son los paros organizados por funcionarios públicos para solicitar una reorganización del sistema previsional y los comentarios de quien era en 1962 el vicepresidente de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas (Canaempu), Raúl Álamos, quien ese año reconocía que había desorden interno en la entidad. Álamos señalaba que existía un lamentable atraso y descuido que venía desde años anteriores y asumía que había entorpecimientos económicos de mucha gravedad. Asimismo, la autoridad señaló en esa oportunidad que su último balance aprobado había sido hace cuatro años, que la sección estadística estaba atrasada en diez años, que la sección integro-reintegros tenía pendientes 52 mil solicitudes de reconocimiento de años de servicio y que restaba por tramitar 2.600 decretos de reajustes de jubilaciones, montepíos y asignaciones familiares.

Déficit financiero

El antiguo sistema de reparto se estructuraba en la expectativa de que las generaciones activas financiaran las pensiones de los jubilados. Junto con el factor del descenso de las tasas de natalidad -fuerza laboral futura- y el aumento de la esperanza de vida de las personas, ya hacia fines de la década del 60 se advertía un déficit en los fondos de pensiones del Servicio de Seguro Social (SSS) y de las cajas de previsión. Esta situación se traducía en la suspensión de la entrega de prestaciones previsionales, lo que afectaba directamente en la calidad de vida de los pensionados.

Asimismo, existían también problemas en los aportes del Estado, que contribuía con cerca del 30% de los fondos del sistema. De esa cantidad, más de la mitad se destinaba a financiar las pensiones de los afiliados a las cajas del sector público, que se encontraban en déficit. La razón de ello es que el Estado era empleador y, como tal, debía realizar las mismas cotizaciones que los empleadores privados. Sin embargo, estas eran inferiores y, debido a ello, debía realizar aportes directos para financiar el sistema, gastando parte del erario nacional en pensiones.

Altas cotizaciones

En el estudio final de la Comisión Bravo se afirma que las tasas de cotización del sistema antiguo eran muy superiores a las del actual. Por ejemplo, en 1973, el SSS requería una cotización del trabajador de 9,5% y del empleador de 40,4% de la remuneración imponible; la Caja de Empleados Particulares exigía una cotización del trabajador de 14,6% y del empleador de 44,4%; y la Caja de Empleados Públicos, una cotización del trabajador de 18,8% y del empleador de 7%.


 


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23 de julio de 1970.
23 de julio de 1970.

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