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Marcia Figueroa dijo que pruebas no acreditan apremios ilegítimos:
Jueza estima que contenciones realizadas a Lissette no se hicieron para ocasionar sufrimiento

Martes 7 de marzo de 2017

Emoción Con lágrimas en los ojos y abrazos con amigos y familiares recibieron la resolución que dejó sin prisión preventiva a cuatro de los imputados en el caso Lissette. En la foto, J.C.F.O. y O.C.V.M.Foto:Felipe Vargas F.

Tribunal estimó que podría configurarse cuasidelito de homicidio. Fiscalía pidió prisión preventiva para cuatro personas, pero no se accedió a la solicitud.
 


J. J. Suzuki y N. Álvarez 

"Permítanos seguir investigando, permítanos seguir adelante". La petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, a la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Marcia Figueroa, reflejaba lo trascendental que significaba para el Ministerio Público la resolución que dictaría la magistrada horas después.

El persecutor se refería a la validación que el tribunal haría respecto de haber imputado a ocho funcionarios del Cread Galvarino el delito de apremios ilegítimos contra tres menores. Uno de ellos es Lissette, quien murió el 11 de abril de 2016.

La jueza Figueroa -antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, entre ellas prisión preventiva para dos cuidadoras, la ex directora del centro y una coordinadora- realizó un análisis sobre los requisitos para configurar ese delito.

Primero, dijo la jueza, nunca se discutió el hecho de que eran funcionarios públicos. Luego, estableció que los menores sí estaban privados de libertad en el centro del Sename.

Lo que no se pudo lograr -según la magistrada- es que la fiscalía presentara las pruebas para acreditar que las contenciones realizadas contra los menores eran para provocar dolor o sufrimiento, tal como lo exige la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, de la cual adhiere Chile. Sin eso, no se podía acreditar el delito de apremios ilegítimos.

Contención sin dolo

Como ejemplo, a dos Educadoras de Trato Directo (ETD) de iniciales O.C.V.M y C.E.G.T. (el tribunal prohibió dar sus nombres) se les formalizó por envolver en una frazada a Lissette para inmovilizarla, lo cual habría ocurrido el 16 de abril de 2015. En ese caso, la jueza dijo que su "finalidad no era causar sufrimiento o dolor, sino controlar su conducta. Puede ser de manera inadecuada, pero el tribunal estima que dada su falta de capacitación, no puede ser entendida, ni siquiera con la concurrencia de un dolo eventual".

En el caso de las cuidadoras C.A.F.C. y T.S.O.G., quienes habrían sido las responsables de la muerte, la resolución estableció que "no hay ningún antecedente que permita establecer que las imputadas tenían la intención de infligir dolor en la niña".

Si bien, la jueza estableció que ese hecho no era un apremio ilegítimo, su responsabilidad penal no estaba extinta, por lo que se podría configurar un cuasidelito de homicidio, ya que la muerte sería culpa de una negligencia.

A ellas dos, junto al cuidador L.H.C.L, el tribunal determinó la firma mensual y arraigo. Para los otros cinco imputados, no hubo medidas cautelares.

"Tenemos la profunda convicción de que estos hechos constituyen el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte", dijo el fiscal Emilfork, agregando que "vamos a luchar hasta el final".

Apelación
Fiscalía y querellantes ya anunciaron que recurrirán a la Corte por este fallo.

"Si bien se reconoce que hubo una negligencia en el actuar que causó la muerte de Lissette, se baja la calificación jurídica y la pena".
SEBASTIÁN LAFAURIE
Abogado de la madre de Lissette

"Se empieza a caer este caso, porque no se da el elemento doloso que exige la conducta (...) mi representada realizó esta conducta para proteger a la menor".
PABLO SANZANA
Defensor de cuidadora C.A.F.C.

 Acreditado

A pesar de que en el resto de los hechos la jueza Marcia Figueroa no acreditó los apremios ilegítimos, en un caso sí hubo pruebas para sustentarlo. Se trata del cuidador L.H.C.L., quien habría golpeado y amenazado verbalmente a dos niños del mismo Cread Galvarino en marzo de 2016. "Las conductas desplegadas por este imputado exceden a cualquier ámbito de contención", dijo la jueza.

El fiscal Marcos Emilfork celebró que por primera vez en Chile -en un "camino que no se ha recorrido nunca antes"- se reconoció "en una resolución judicial (...) de que al interior del Cread Galvarino se cometió el delito de tortura".