Familiares piden que Comisión Interamericana de DD.HH. se pronuncie sobre medidas cautelares:
Defensa de bolivianos detenidos recurre a la CIDH, pese a favorable informe médico de Gendarmería

Embajador Gaspar indicó que "Chile entregará toda la información que tiene disponible para demostrar que no existe ninguna irregularidad en este caso".  

D. Jaime y W. Díaz 

El 19 de marzo, nueve ciudadanos bolivianos hicieron ingreso no autorizado y portando armas de fuego a territorio chileno. Se trataba de siete integrantes de la Aduana Nacional y dos de las Fuerzas Armadas.

Casi dos meses después, los abogados de los familiares detenidos en el penal de Alto Hospicio recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie respecto de las medidas cautelares dictadas por tribunales chilenos. Los ciudadanos bolivianos están en prisión preventiva acusados de robo con intimidación, porte ilegal de armas y cruce ilegal de la frontera.

El caso fue abordado por el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, quien estuvo entre el jueves y ayer en Iquique y se reunió con los abogados defensores.

Arce dijo que la detención de los funcionarios es "injustificada": "Este fue un incidente en frontera, que no está íntegramente delimitada".

Al respecto, el embajador Gabriel Gaspar, señaló: "Hubo una presentación ante la comisión, pero este organismo no ha definido ningún curso de acción ni zanjado aplicar medidas cautelares. Chile entregará toda la información que tiene disponible para demostrar que no existe ninguna irregularidad en este caso, que los detenidos han sido sometidos a un procedimiento público y se ha respetado en todo momento el debido proceso consagrado en la ley chilena, consistente con el derecho internacional".

Situación de los detenidos

Tras la detención de los ciudadanos bolivianos, Carabineros los puso a disposición del Juzgado de Garantía de Pozo Almonte. La Defensoría Penal Pública solicitó autorización para entrevistarlos y constatar su estado de salud, lo que se informó al representante consular de Bolivia en la Región de Tarapacá.

El 20 de marzo se realizó Audiencia de Control de Detención, y funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, debidamente autorizados, visitaron a los detenidos en su lugar de reclusión. El juzgado accedió a extender plazo de detención hasta el 22 del mismo mes, con el objetivo de dar plazo a todas las partes para que hicieran valer mayores antecedentes que pudieran ayudar a determinar con precisión las circunstancias de los hechos.

La audiencia de formalización fue realizada ese día ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que fijó un plazo de investigación de 120 días y decretó prisión preventiva durante la investigación, medida que cumplen hoy en Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en Iquique.

En el Gobierno señalan que tanto en la audiencia de control de detención como en la formalización, además de la asistencia de defensa por parte de la Defensoría Penal Pública y la facultad de interponer recursos, como el amparo constitucional, se ha respetado en todo momento el debido proceso consagrado en la ley chilena.

Al respecto, se indica que el 5 de mayo se realizó una Audiencia de Sobreseimiento. En dicha acta está registrado que el director regional de Gendarmería pidió transparentar la situación de los detenidos, ante trascendidos que apuntaban a malas condiciones.

Ahí, la magistrada incorporó, mediante lectura de informes médicos, dicha información y se constató que todos están en buen estado de salud, y que siete de ellos han subido un promedio de dos kilos desde su ingreso.

El acta agrega que "se consulta a los imputados en la presente audiencia si tiene algo que decir respecto de la forma en que han sido tratados por personal de Gendarmería desde que ingresaron a la unidad penal, a lo cual responden que no".

En este contexto, la magistrada sostuvo que "se deja constancia que Gendarmería de Chile está cumpliendo, más allá incluso de los estándares internacionales, los derechos humanos relativos a las personas privadas de libertad respecto de los nueve imputados de esta causa".

 Visa a ministro de Justicia de Bolivia

"Pese a la buena fe de Chile, durante su visita, el ministro de Justicia de Bolivia (Héctor Arce) se dedicó a denostar a las instituciones chilenas, al canciller Heraldo Muñoz y a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet... Esto demuestra lo acertado de la decisión de nuestro país de restringir las visas a algunas autoridades políticas bolivianas", señaló ayer el embajador en misión especial, Gabriel Gaspar.

El diplomático también indicó que "los dichos del ministro muestran las verdaderas intenciones del gobierno de Bolivia: por una parte se victimiza y pide diálogo y por otra parte agrede, lanza acusaciones infundadas y empuja una campaña de hostilidad contra nuestro país".

Desde el pasado 4 de febrero, fecha en que se comenzó a exigir visa a autoridades y representantes oficiales bolivianos, se han entregado 66 visas: 18 diplomáticas y 48 oficiales. Solo se han denegado cuatro: al ministro de Defensa, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y al inspector general del Ejército.

Las visas entregadas han sido destinadas, entre otros, para personeros que viajan a colaborar en la estrategia jurídica o brindar asistencia consular a los detenidos. A algunos de ellos se les ha dado visa en más de una oportunidad.



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El ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce,  estuvo ayer en Iquique e insistió en que la detención de los ciudadanos es injustificada<br/>
El ministro de Justicia boliviano, Héctor Arce,  estuvo ayer en Iquique e insistió en que la detención de los ciudadanos es injustificada

Foto:ARTURO MORALES


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