Agresión en juzgado de Collipulli fue el epílogo del supuesto plagio que denunció Víctor Queipul, lonco de la conflictiva comunidad Temucuicui Autónoma:
Las historias detrás de un "secuestro" lleno de dudas y el insólito ataque a un fiscal

Por primera vez después de la encerrona que le hizo una turba en un tribunal, el persecutor afectado cuenta detalles del episodio y advierte que lo sucedido amaga "la institucionalidad". Paralelamente, diversos informes de la PDI dan cuenta de los obstáculos que el propio líder indígena involucrado en la trama puso a quienes trataron de investigar el delito que lo habría afectado hace casi justo un año.  

Marcelo Pinto E.  Queipul no quiso declarar en la PDI ni someterse a exámenes en el SML para avanzar en las pesquisas

El video está disponible en Youtube. Ahí, con lujo de detalles, el lonco Víctor Queipul narra un secuestro que -según él- sufrió el 14 de junio del año pasado, durante un allanamiento de Carabineros a la comunidad Temucuicui Autónoma, uno de los puntos "quemantes" de La Araucanía.

Frente a la cámara, el líder mapuche hilvana una historia con múltiples hebras. Habla de una lacrimógena que lo aturde. De dos hombres que lo suben a una camioneta y le vendan los ojos. Antes amenazarlo de muerte, pegarle y abandonarlo a su suerte en medio de la nada.

Pero la veracidad de su relato nunca fue comprobada. Al punto que el 17 de mayo pasado, el Ministerio Público informó su decisión de "no perseverar" en la causa. Lo que originó una violenta agresión contra un fiscal (ver nota relacionada).

Queipul atribuyó esa determinación a que los fiscales nunca demostraron interés en su caso. Sin embargo, el Ministerio Público y la PDI tienen una versión diametralmente opuesta sobre lo sucedido.

¿Nexo con el robo de un tractor?

El fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, es lapidario. La decisión de no perseverar, explica, obedeció a que "no hubo colaboración alguna" de Queipul ni de su defensa con la investigación (ver recuadro).

Diagnóstico que se repite en sucesivos informes de la PDI sobre el caso. Uno de ellos, suscrito por la BIPE de Angol, alude sin dobleces a la "nula cooperación" del lonco en las pesquisas.

En esos documentos, conocidos por "El Mercurio", se previene que el relato de Queipul acerca del "secuestro" surgió el 14 de junio de 2016, cuando carabineros allanaron la comunidad Temucuicui Autónoma, en busca de un tractor sustraído a la familia Urban, de Ercilla.

Uno de los informes consigna que mientras se desarrollaba ese operativo, el lonco "fue visto al interior de su predio hablando por teléfono". En otro pasaje se detalla que el vehículo agrícola terminó siendo recuperado "en las cercanías del domicilio" de Queipul.

"Constante dilación"

Los reportes de la PDI detallan, además, cómo el líder indígena obstaculizó, en los hechos, el cumplimiento de distintas diligencias pedidas por la fiscalía: "No se logró acreditar la efectividad de la denuncia, por carecer de antecedentes específicos que solo la víctima puede aportar, debido a su constante dilación en concretar las diligencias (...). Su respuesta eludió la concreción de las mismas, situación que impidió al personal policial la obtención de antecedentes", se lee en uno de ellos.

En ese mismo documento se previene que los detectives tomaron contacto con el lonco "en reiteradas oportunidades", aunque vanamente. El 17 de junio de 2016, por ejemplo, los oficiales ubicaron a Queipul, pero este "manifestó encontrarse ocupado". Ese mismo día, lo abordaron por segunda vez. Entonces, él dijo que estaba esperando "instrucciones" de su abogada.

Tres días después, la BIPE lo pidió nuevamente coordinar una entrevista. Sin embargo, el líder indígena dijo que "no participaría en ningún tipo de diligencias", si su representante no lo autorizaba. En otras ocasiones lo llamaron al celular y él no contestó.

Tampoco sirvió hablar con su abogada

También trataron de llegar a Queipul a través de su abogada, Karina Riquelme, pero tampoco hubo frutos.

Entre el 28 de septiembre y el 21 de octubre de 2016, la PDI la abordó en siete oportunidades para tratar de coordinar diligencias, de modo de avanzar en las pesquisas por el "secuestro". Y la historia se repitió.

Unas veces, ella dijo que su cliente no contestaba el teléfono. Otras que este no le había dado "una respuesta concreta" sobre los requerimientos de la fiscalía. La misma Riquelme, en todo caso, expresó en su momento al Ministerio Público que "una nueva declaración o evaluación" solo contribuiría a una "revictimización" del lonco. Al ser contactada por este diario, declinó referirse al tema.

En el marco de las averiguaciones, los fiscales buscaron, además, que Queipul se sometiera a peritajes psicológicos, así como exámenes físicos en el SML. De hecho, en este organismo le consiguieron dos horas de atención, pero él no se presentó.

Su abogada, a la vez, anunció que haría llegar a la fiscalía una evaluación mental realizada por un profesional externo. Sin embargo, nunca fue aportada, según el organismo.

Los mismos antecedentes indican, además, que la representante del lonco impugnó fuera de plazo la decisión de la fiscalía de no perseverar.

Más allá de esa determinación, en todo caso, el Ministerio Público seguirá investigando la denuncia de secuestro de Queipul, a raíz de una querella entablada por el INDH.

"Lo que más recuerdo es la imagen de un monitor (de computador) volando hacia donde estaba yo"

El fiscal Enrique Vásquez (31) vislumbraba una jornada rutinaria cuando salió de su hogar el 17 de mayo. Su agenda matutina consideraba intervenir en una sucesión de audiencias en el Juzgado de Garantía de Collipulli, pero en vez de eso terminó recibiendo golpes y esquivando objetos contundentes, a manos de una turba enardecida, en ese mismo tribunal.

Dos semanas después de la agresión, el persecutor está tranquilo. Aunque todavía impresionado por el episodio que, contra su voluntad, le tocó protagonizar. "Esto no debe ser parte de nuestro trabajo. Son hechos graves que no se pueden repetir. Afectan a la institucionalidad", reflexiona Vásquez desde La Araucanía.

Lo ocurrido en el tribunal de Collipulli fue una batalla campal. Hubo muebles que rodaron por el suelo, artefactos que volaron por el aire y personas que recibieron puñetes. Como si se tratara de una pelea de cantina grabada para un western . Con la diferencia de que en Collipulli fue un hecho real.

Sucedió en la audiencia donde el Ministerio Público informó sobre su decisión de no perseverar en la investigación del supuesto secuestro del lonco de la comunidad Temucuicui Autónoma, Víctor Queipul Hueiquil (47), ante su reticencia para colaborar en las pesquisas, como han reclamado la PDI y la propia fiscalía (ver nota relacionada).

Cuando el fiscal adjunto de Collipulli Enrique Vásquez informó de la determinación al tribunal, no hubo problemas. De hecho, tras oír sus argumentos, la jueza a cargo dio paso a la causa siguiente, con total normalidad.

"De inmediato recibo un golpe en la cabeza"

Pero la situación cambió rato después, cuando varias personas, algunas de ellas emparentadas con el lonco, irrumpieron con violencia en la sala. Entonces, la magistrada recordó que en el lugar solo podía haber gente sentada. Como respuesta, una hija del Queipul la hizo callar y le retrucó que ella había "guardado silencio" frente a supuestas "injusticias" contra su padre, según Vásquez.

Instintivamente, el fiscal, que estaba de espaldas a la puerta, miró hacia atrás para ver qué pasaba. Momento en que partieron las agresiones en su contra: "De inmediato recibo un golpe en la cabeza. Tendí a cubrirme", recuerda.

A partir de ese minuto, la situación solo empeoró para él: "Veo a una segunda mujer, toma parte de las carpetas que estaban sobre mi escritorio y me las arroja".

Como se dio cuenta de que era el blanco de los ataques, se protegió el rostro con las manos. Y pronto entendió que debía abandonar el lugar para ponerse salvo, como ya lo había hecho la jueza.

"Veo un hombre que ingresa a la sala y también toma unas carpetas (para lanzarlas). Ahí la agresión se desborda y trato de salir de la sala", relata.

Nuevamente, al intentar girarse, le pegaron. Otra vez fue un puñete, pero en esta ocasión lo recibió en la espalda.

Un funcionario del Ministerio Público, que lo acompaña a algunas audiencias por razones de seguridad, logró llegar hasta donde estaba y se interpuso entre él y los atacantes, cuyo número y beligerancia aumentaban de modo exponencial.

"Toman cuanto objeto contundente había en la sala para arrojármelo", narra el fiscal, sin exagerar. Porque le tiraron un micrófono, dos parlantes, perforadoras y hasta "la maleta en que transportábamos las carpetas", según detalla él mismo.

Pero no acabaron ahí. Al verlo acorralado, los enfurecidos partidarios tomaron la pantalla de un computador, hicieron puntería y se la lanzaron a Vásquez: "Lo que más recuerdo es la imagen del monitor volando hacia donde estaba yo. Si no es por (un movimiento de) esta persona que me acompaña, nos hubiera golpeado. Uno de los parlantes, sí me dio".

Los insultos y gritos de los atacantes alertaron a otros gendarmes que estaban en edificio y los guiaron hacia el lugar de la barahúnda.

"Un gendarme también se interpuso. Es difícil recordar lo que decían (los atacantes), pero nunca dejaron de agredirme", recuerda.

Dos semanas antes, el fiscal había recibido amenazas, en el mismo tribunal, a raíz de de la detención de una mujer, en un allanamiento a una comunidad indígena de Ercilla, por el robo de un vehículo. Esa vez, sin embargo, no hubo violencia física en su contra.

Vásquez no recuerda exactamente cuánto tiempo se prolongó la fase más álgida del incidente del 17 de mayo. Debieron ser unos minutos, "pero yo sentía, mientras me agredían, que eso no terminaba nunca. Al estar contra una pared, uno siente que no se acaba", explica.

Los efectivos penitenciarios también fueron golpeados. En medio de la confusión, alguien botó un mueble y empezó a romperlo.

Pese al castigo, uno de los gendarmes logró abrir una puerta lateral para que el fiscal lograra salir. Por poco, sin embargo, no lo consigue, pues uno de los revoltosos dio un puntapié a un mesón, tratando de cerrarle el paso a Vásquez.

Ya a salvo, el persecutor siguió escuchando por varios minutos cómo la turba continuaba rompiendo el mobiliario de la sala, sin que el personal de seguridad pudiera contenerlos. "Escuchaba cómo seguían destruyendo la sala. Tiraban objetos contra la pared", rememora.

Vásquez lo reconoce sin dramatismo. En algún momento sintió "temor" por su "integridad física". Pero dice que seguirá cumpliendo sus funciones. Así como defendiendo la premisa de que agredir a un fiscal, a un defensor, a un magistrado o a cualquier otro actor del sistema judicial implica "atentar contra la sociedad en general".

"Requiero que se respete el trabajo que desarrollan nuestros fiscales"

No se cansa de repetirlo. Al fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, le parece "gravísimo" el ataque sufrido por el persecutor Enrique Vásquez en el Juzgado de Garantía de Collipulli, tras la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación por el secuestro que denunció Víctor Queipul, lonco de la comunidad Temucuicui Autónoma.

Dice que no puede aventurar opiniones sobre el desparpajo con que los seguidores de Queipul actuaron ese día en el tribunal, pero le parece "adecuado el repudio generalizado que ha despertado" dicho incidente.

Especialmente, tomando en cuenta que la determinación de no perseverar en la causa se relaciona con el hecho de que Queipul y la abogada optaron, según él, por mantenerse al margen de los requerimientos que les fueron formulados desde el Ministerio Público y la PDI.

Las diligencias en que el líder indígena rechazó participar, conforme al detalle que entrega el fiscal regional, fueron las siguientes: un examen de lesiones en el SML, una evaluación psicológica especialmente concebida para quienes han sido secuestrados, una reconstitución de escena y múltiples citaciones de la PDI para que rindiera testimonio.

En razón de lo anterior y de que la abogada del lonco no pidió la reapertura del expediente en los plazos legales, insiste Paredes, a la fiscalía solo le quedó un camino: adoptar la decisión de no perseverar en la causa.

Tomando en cuenta lo anterior, le sorprendió la campaña llevada adelante desde Amnistía Internacional (AI) en contra de la determinación del Ministerio Público. Lo que la ONG catalogó de "nefasto precedente".

"Como fiscalía somos respetuosos del trabajo que desarrolla Amnistía Internacional y de todo organismo que vele por los DD.HH. Pero de la misma forma requiero que se respete el trabajo que desarrollan nuestros fiscales en la investigación de los delitos y la protección de las víctimas y testigos", sostiene Paredes.

Y agrega: "No es primera vez que se desarrollan campañas en redes sociales y que luego se viralizan, en torno a tergiversar el trabajo que efectuamos, a denostarlo en base a afirmaciones mendaces que no son reales. En este caso hay personas que señalan pertenecer a AI y desarrollaron una campaña en redes llamando a no tolerar lo que estaba haciendo la fiscalía. Todo esto nos parece que contribuye a crear un clima de hostilidad".



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