Mayoría de imputados por millonario fraude en Carabineros no recibiría penas de cárcel

 

La causa por el multimillonario fraude en Carabineros se inició con 17 imputados el 12 de marzo. Casi tres meses después, los formalizados sobrepasan los 60. Y desde la propia investigación surgen indicios de que la cifra podría crecer todavía más.

Casi cotidianamente ya, el Ministerio Público sigue identificando a uniformados que, a cambio de una comisión, facilitaron sus cuentas bancarias para depositar los dineros desviados. Pero las averiguaciones están enfocadas también en desenmascarar a todas las personas que en su minuto dirigieron la organización delictual o ejercieron roles clave dentro de ella.

A ese propósito podría contribuir también la comisión investigadora de la Cámara sobre el fraude. Su presidente, el diputado Jaime Pilowsky (DC), quiere citar a todos los ex jefes de Intendencia (finanzas) de Carabineros, entre 2001 y 2011. Así como a otros ex policías que hoy están tras las rejas por el delito, entre ellos el general (r) Flavio Echeverría.

En el entorno de la investigación dudan que la escalada criminal la hayan iniciado Echeverría y su camarilla. De hecho, están convencidos de que ellos se limitaron a tomar una "posta" que venía de mucho antes.

Los defensores de los inculpados estiman que la inminente caída de nuevos cabecillas, operadores y cuentacorrentistas engrosará la lista de imputados. Con lo que su número final podría superar el centenar o acercarse incluso a las 200 personas.

Esos mismos profesionales advierten que ni aun con la actual cantidad de formalizados existe la opción de llevarlos a todos a juicio oral. Y que, para poder manejar las fases siguientes del proceso, la fiscalía debería tomar el camino del procedimiento abreviado.

A través de ese mecanismo, sin ir a juicio oral y previo acuerdo con el Ministerio Público, el imputado admite la acusación que se le hace, a cambio de que se le aplique una sanción de 5 años o menos; vale decir, sin ir a prisión, la mayor parte de las veces.

En esta investigación, pretender llevar a todos los imputados a juicio oral, aseguran, constituiría un disparo en los pies de la fiscalía. Pues aunque se asignara un escuadrón de persecutores, al organismo le resultaría "imposible" configurar pruebas individuales contra la totalidad de los involucrados y lidiar separadamente con sus defensas.

Pero la dificultad no es solo operativa. Los defensores previenen que, pese a existir múltiples confesiones, la penalidad respecto de la mayoría de los imputados se vislumbra baja.

Porque más allá de que casi todos estén formalizados por delitos graves -malversación, lavado de activos y asociación ilícita-, parece poco probable que los persecutores puedan sostener esas imputaciones hasta el término del proceso. Principalmente, en virtud de que los tribunales exigen una evidencia de estándar superior para darlos por acreditados.

Así, respecto de la mayoría de los implicados, los persecutores podrían inclinarse por el procedimiento simplificado. Ello, explican, permitiría a los fiscales concentrarse en los cerebros del fraude y en quienes convencían a oficiales activos o jubilados de que pusieran sus cuentas bancarias a disposición del grupo.

Hoy el círculo de los cabecillas está formado por alrededor de diez personas. Pero a partir de las nuevas indagaciones de la fiscalía podría llegar a la veintena. Cifra considerada como manejable por quienes conocen este tipo de causas.

Sin aventurar pronósticos sobre los futuros pasos de la fiscalía, los abogados Alejandro Peña y Vinko Fodich, defensores de cuatro policías retirados en el caso, coinciden en que los persecutores deberían distinguir según el perfil de los formalizados. Hablan de "separar la paja del trigo", de modo que a la hora de buscar sanciones, se trace una línea entre quienes fraguaron el delito y se enriquecieron, y aquellos que prestaron sus cuentas a cambio de pagos acotados.

Su colega Bárbara Salinas, representante de tres imputados, va un peldaño más arriba. Dice: "Estamos frente a una causa con un alto número de imputados. Necesariamente el Ministerio Público deberá llevar a juicio oral a quienes tengan un mayor grado de compromiso con los hechos investigados. Eso significará dejar fuera del juicio oral al grueso de los imputados y que se opte por caminos alternativos, como el procedimiento abreviado".

A contramano, el futuro de los cabecillas se anticipa gris. Únicamente por la malversación reiterada arriesgan hasta 15 años tras las rejas. Ello explicaría que estén colaborando con la fiscalía, para tratar de que sus sanciones sean más bajas. Así, las revelaciones hechas por algunos de ellos han permitido, por ejemplo, abrir una causa paralela por el uso de los gastos reservados en Carabineros.

 


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 El fiscal Eugenio Campos investiga el fraude en la policía uniformada. 
 El fiscal Eugenio Campos investiga el fraude en la policía uniformada. 
Foto:HÉCTOR YÁÑEZ


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