Tribunal Supremo Electoral de Brasil resuelve sobre la presunta financiación ilegal de su elección en 2014:
Defensa de Temer pide omitir delaciones de Lava Jato en juicio que podría anular su mandato

Abogados del Presidente reclamaron también que el caso sea analizado de manera aislada al de Rousseff, su compañera de fórmula.  

Jean Palou Egoaguirre 

A poco más de un año del impeachment contra Dilma Rousseff, su sucesor Michel Temer está oficialmente en el banquillo de los acusados defendiendo su continuidad en el Palacio de Planalto. El Tribunal Superior Electoral (TSE) reinició ayer el juicio por presuntos delitos de financiación ilegal de la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales de 2014, un proceso en el que los siete magistrados de esa corte están divididos y que en su sanción máxima podría determinar la anulación del mandato del actual gobernante brasileño, algo inédito en los 85 años de este tribunal.

La primera de las cuatro audiencias programadas del juicio en el TSE comenzó con la presentación del relator del caso, Herman Benjamin, quien resumió en un texto de 24 páginas los cargos contra la fórmula presidencial compuesta por Rousseff (PT, izquierda) y Temer (PMDB, centroderecha) por supuesto "abuso de poder económico y político" y financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras. El juez expuso los fundamentos de la denuncia, que incluyen el "uso indebido de medios de comunicación" y la entrega de sumas "millonarias" a través de la petrolera estatal para los partidos de la coalición gobernante, lo que provocó una "ventaja desproporcional en relación a sus adversarios" en esos comicios, en los que la fórmula oficialista fue reelegida.

Según dijo Benjamin en su larga exposición, existen unos 8.000 documentos que comprometen la situación de Rousseff y Temer. El juez, además, rechazó varias objeciones preliminares, incluyendo si el TSJ tenía competencia para destituir cargos, incluyendo el de Presidente de la República "El TSE cesa a quien está en contra de la competencia", aseguró el magistrado, quien descartó un interés político: "Los jueces del TSE o de cualquier instancia federal o estatal juzgamos hechos con hechos y no como expedientes políticos de conveniencia oscilante".

Durante el debate, el fiscal del caso, Nicolao Dino, remarcó que existen "elementos robustos que evidencian la práctica del abuso económico, y que justifican en términos de la legislación electoral la destitución de la fórmula presidencial". Según dijo, el Ministerio Público espera que la fórmula presidencial sea juzgada "de manera indivisible" -al contrario de lo que piden, por separado, las defensas de Rousseff y Temer-, y que si el TSE considera procedente la acción, "que anule" ambos cargos y se sancione a la ex Presidenta con la suspensión de sus derechos políticos a ocupar cargos públicos.

A su turno, la defensa del actual Mandatario se enfocó en dos argumentos: el primero, que Temer, quien era candidato a Vicepresidente, no puede ser procesado en conjunto con Rousseff, quien iba como Presidenta; y el segundo, que las delaciones compensadas de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, que en el marco del caso Lava Jato han confirmado pagos irregulares para las campañas del PT y del PMDB, no podían ser consideradas como pruebas.

"Claramente se está ampliando la causa, lo que no es posible", dijo uno de los abogados de Temer, Marcos Furtado Coêlho, quien apeló para que el caso sea desestimado y archivado.

Al menos en ese punto, la defensa de Temer coincidió con la de Rousseff, que consideró que no era posible que el TSE considerara las declaraciones de empresarios y ex publicistas involucrados en Lava Jato. "Sería una violación del debido proceso", dijo el abogado de la ex Mandataria, Flávio Caetano. "Esta acción debe ser declarada improcedente y mantener la plena validez de los 54 millones de votos conquistados en las urnas".

Se espera que hoy los jueces del TSE voten respecto a si se aceptarán las delaciones compensadas como prueba.

El juicio en el TSE, que comenzó en abril pero había sido suspendido para escuchar nuevos testigos, se basa en denuncias presentadas en 2014 y 2015 por el PSDB (socialdemócrata) de Aécio Neves, candidato que perdió en la segunda vuelta de los últimos comicios presidenciales. Pero en medio del vertiginoso desarrollo de los acontecimientos políticos en Brasil la causa había sido casi olvidada, e incluso el PSDB se convirtió en el principal aliado del PMDB de Temer para impulsar la destitución de Rousseff por irregularidades en las cuentas fiscales.

Sin embargo, el proceso en el TSE recobró especial atención luego que el 17 de mayo se conociera una grabación en la que el Presidente parece avalar el pago de sobornos, difundida en el marco de un acuerdo de delación compensada de ejecutivos de la multinacional cárnica JBS. Ese escándalo disparó los pedidos de renuncia de Temer y de elecciones adelantadas, y llevó a que el Tribunal Supremo de Justicia abriera una investigación contra él por cargos de corrupción, asociación ilícita y obstrucción de la justicia. Aunque ambos casos corren por vías paralelas, el trámite en el TSE sería el más expedito para una eventual salida de Temer del poder.

Para los analistas, el caso está totalmente abierto.

"Existen muchas evidencias de que hubo abuso de poder económico y político en las elecciones de 2014. Pero los jueces pueden adoptar un camino alternativo para evitar el agravamiento de la crisis política y no anular la elección. Las tendencias en ese sentido están divididas", asegura a este diario José Álvaro Moisés, analista político de la Universidad de Sao Paulo, quien señala que la estrategia del Mandatario ha sido "descalificar las acusaciones del Ministerio Público con el argumento de que está siendo víctima de un complot político para derrumbarlo, lo que no es muy diferente de lo que esgrimió Rousseff cuando fue procesada por el Congreso".

Según Geraldo Monteiro, de la Universidad de Río de Janeiro, "la posibilidad de una condena a la fórmula Dilma-Temer es considerable", pero la defensa del Presidente tiene varios recursos para alargar una resolución y paralizar el juicio. "Esa es la única estrategia del Presidente Temer: ganar tiempo", indica. "El Presidente busca ganar tiempo y esperar que no haya más hechos nuevos en la Operación Lava-Jato. A fines de junio hay vacaciones en el Legislativo y en julio, de la Justicia. Un pedido de vista paralizaría por completo el juicio electoral", concluye.

 


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El juicio en el Tribunal Supremo Electoral en principio se extenderá hasta el jueves, pero la defensa de Temer podría provocar que se alargue.
El juicio en el Tribunal Supremo Electoral en principio se extenderá hasta el jueves, pero la defensa de Temer podría provocar que se alargue.
Foto:EFE


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