Tramitación de la ley de casinos demoró seis años

Normativa generó polémica:  

 

En 1999 existían siete casinos en Chile: Viña del Mar, Arica, Iquique, Coquimbo, Puerto Varas, Pucón y Puerto Natales. No estaban regulados por un organismo central, sino por una ley particular para cada uno de ellos. Ese año ingresó al Congreso el proyecto que creaba la Superintendencia de Juegos y Casinos, y permitía la licitación de estos recintos en todas las regiones.

La tramitación estuvo marcada por la polémica. En 2003, la discusión se centró en si se debería permitir que la Región Metropolitana contara con casinos. El entonces alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán (PR), lideró la contra, argumentando que sería perjudicial para las regiones, puesto que la mayoría de los clientes de los casinos procedían de la capital. Quienes sostenían esta postura también lo consideraban una medida que perjudicaría la descentralización, ya que las ganancias de los casinos -y los permisos que pagan a los municipios- se verían mermadas.

Otra arista del debate se instaló entre los que creían que la ley era muy permisiva y los que deseaban permitir el auge de casinos y salas de bingo. División que incluso se observó dentro de un mismo partido, como fue el caso de la UDI. El diputado Gonzalo Ibáñez quería una legislación más restrictiva, limitando el número de locales de juego por región y excluyendo a la Metropolitana. "Me da mucho susto que Chile se convierta en la tierra del juego", dijo en enero de 2003. Mientras, Julio Dittborn creía que un sistema bajo el control de la Superintendencia funcionaría bien y el mercado se regularía solo. "Es entendible que los diputados aboguen por sus regiones, pero ¿cómo no va a ser una buena idea tener un casino en Valle Nevado, por ejemplo?", se preguntaba en ese entonces.

Finalmente se limitó a tres el número de casinos por región (a excepción de Arica, donde no hay un límite y tampoco se contabilizan para el total nacional, y que hoy tiene uno en operaciones y otro en construcción). En la norma se excluyó a Santiago y se estableció que en el país solo pueden operar 24 de estos recintos. Actualmente, hay 23 en funcionamiento y uno en construcción.

 


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