Con investigación de archivos y documento de la ex Vicaría, defensa de Cheyre busca desechar acusaciones en casos de DD.HH.

 

"Le informo que en nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ninguna información que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas".

El documento, dirigido al general (r) Juan Emilio Cheyre, lo firma María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la fundación "Archivo de la Vicaría de la Solidaridad", y es uno de los resultados del trabajo realizado por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército ante las dos causas de derechos humanos que se encuentra enfrentando: el caso de los fusilamientos ejecutados por la Caravana de la Muerte en La Serena, y la denuncia por supuestas torturas en el regimiento de esa ciudad presentada por el ex detenido Nicolás Barrantes. En el primer proceso, la defensa de Cheyre prepara la contestación que realizará (probablemente en agosto) para rebatir la acusación formulada por el ministro Mario Carroza, el que le atribuye la calidad de "cómplice" en los hechos; en el segundo (donde hasta ahora no ha habido procesamientos), el general se careó esta semana con quienes le imputan participación en las torturas.

Ejes de la defensa: no tenía mando militar y concentraba su labor en tareas de la Intendencia

La estrategia de Cheyre para encarar ambos casos ha incluido un amplio trabajo de investigación documental, destinado a fundamentar las ideas ejes de su defensa: que al momento de los hechos (inmediatamente después del golpe militar de septiembre de 1973) se desempeñaba, con el grado de teniente, como ayudante del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol; que en tales funciones no tenía personal militar ni armamento a cargo, sino que cumplía las tareas propias de un asistente o secretario del comandante, y que las responsabilidades que se le asignaron luego del golpe se refirieron, primero, a normalizar el abastecimiento de bienes básicos y, luego, a colaborar en el nombramiento de las autoridades que acompañarían al intendente provincial. Todo, muy lejos de participar en interrogatorios a detenidos ni, menos, de decidir el destino de estos. En ese contexto, Cheyre afirma no haberse enterado de las ejecuciones sino con posterioridad a estas, al escuchar tiros y luego de que Lapostol enviara a un oficial a averiguar qué había pasado, sin participar en ninguna de las operaciones que concluyeron con el fusilamiento de los quince presos políticos asesinados por la Caravana de la Muerte.

Antecedentes acumulados en el proceso y también en la reconstitución de escena de los hechos serán parte de los argumentos con que su defensor, el abogado Jorge Bofill, se apronta a contestar la acusación de Carroza.

En cuanto a las denuncias por tortura, la defensa del militar, junto con descartarlas, advierte un conjunto de contradicciones e inconsistencias por parte de quienes aparecen como testigos de la imputación. Entre ellas, incluso algunas físicas, como el hecho de que algunos de ellos declaren haberlo reconocido por la voz después de cuatros décadas, o que describan al responsable de las torturas como una persona de nariz aguileña y con alopecia, en circunstancias de que a la época de los hechos el aspecto del militar era muy distinto, como demuestran diferentes fotografías. La defensa también advierte contradicciones en la narración de los hechos por parte de los testigos del querellante, y entre lo declarado al tribunal y lo declarado extra judicialmente.

¿Un oficial con alopecia y de nariz aguileña?

Dentro de la estrategia para desvirtuar la acusación, también se ha hecho una revisión detallada de la prensa local de la época, para lo cual se acudió a los archivos de la Biblioteca Nacional. Esto, con el objeto de demostrar que las actividades de Cheyre en las semanas posteriores al golpe se concentraron en su colaboración con Lapostol en la Intendencia en temas vinculados con la normalización del funcionamiento de la provincia, y que la propia cuenta de sus actividades en esos días, tal como aparece documentada, hace virtualmente imposible que hubiera podido estar al mismo tiempo en los lugares de detención ni menos dirigir o participar en los interrogatorios. Entre el material reunido para sostener esta argumentación se encuentre el recorte de una entrevista efectuada por el diario "El Día" a Lapostol, en la que este define a Cheyre como "mi brazo derecho" en la Intedencia, así como una publicación del 18 de octubre en la que el entonces teniente aparece informando, en nombre de la jefatura de la plaza, de la mantención de precios sin alzas.

En esa línea, Cheyre atribuye especial valor al documento de la ex Vicaría. Este fue la respuesta a una carta enviada por el general (r) a ese organismo el año pasado, consultándole si en los registros de su archivo jurídico existía alguna denuncia, acusación, constancia, queja u otro antecedente que vinculara a su persona con violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. La constatación de la inexistencia de esos antecedentes -en la visión de la defensa del ex militar- restaría credibilidad a las denuncias y contribuiría a demostrar que el origen de estas es muy posterior a los hechos y apuntaría a enlodar su actuación como "el general del nunca más" a principios de la década pasada.

 


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<b>El documento</b> de la Vicaría de la Solidaridad acredita la no existencia en sus archivos de algún registro de denuncias contra el ex militar.
El documento de la Vicaría de la Solidaridad acredita la no existencia en sus archivos de algún registro de denuncias contra el ex militar.

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