Diligencias pendientes de Mauricio Valero, Juan Díaz y Nibaldo Mora
Caval: Jueza ordenó reapertura de investigación por 20 días y juicio oral será durante las elecciones

Fiscal no descartó que se pueda citar a declarar en esa instancia a la Presidenta, pero se debe evaluar si ello es "útil o no".  

C. Carvajal, J. Jerez y J. J. Suzuki 

A mediados de agosto se cerrará definitivamente la investigación del caso Caval, que se inició hace dos años y cinco meses, el 15 de febrero de 2015.

La jueza Loreto Salas amplió el plazo de indagación en 20 días más por existir diligencias pendientes de tres imputados: Mauricio Valero, Juan Díaz y Nibaldo Mora.

Entre ellas, que se determine la eventual falsedad de correos electrónicos, y un informe, que aún no ha llegado, sobre el patrimonio de la empresa Caval.

De esta manera, el juicio oral, al que irán siete de los 13 imputados, se realizará en noviembre en medio de la elección presidencial y parlamentaria.

El Ministerio Público cerró la investigación el miércoles 26 de julio, porque según el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, "nosotros estimamos que las diligencias están agotadas, no obstante había un escenario que procesalmente era previsible y tres defensas solicitaron reapertura y es bastante acotado el plazo de 20 días y vamos a ejecutar cuatro o cinco diligencias, luego de lo cual vamos a presentar acusación. La reapertura procede solamente por una vez".

El persecutor explicó que están evaluando las penas que solicitarán en la acusación, las que fluctuarían entre los 61 días y los 5 años. Las defensas también han planteando la posibilidad de prestar nuevas declaraciones con el ánimo de cooperación y obtener otra atenuante.

Consultado el fiscal por la posibilidad de que la Presidenta Michelle Bachelet sea citada en calidad de testigo al juicio oral, dijo que se está analizando. "Tenemos que estimar el mérito de su declaración, y si va a ser útil o no para el juicio oral propiamente tal. Si nosotros estimamos que su testimonio no aporta nada a la teoría de la defensa y al esclarecimiento de los hechos, no la vamos a solicitar".

Respecto del caso de la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon, sostuvo que ella se encuentra en un rango de pena en la que el tribunal le puede conceder algún beneficio. "Tiene irreprochable conducta anterior y la penalidad que arriesga es de tres años y un día a cinco años, pero de su parte y hasta ahora no hay ninguna colaboración".

Distinto, según el fiscal, es el caso de su socio Mauricio Valero. "Él, además del delito tributario, que va de tres años y un día a cinco años, arriesga también penas por soborno reiterado, que parten en los tres años y un día".

Respecto de la diligencia del patrimonio de Caval, el fiscal afirmó que la "información está incompleta. Hemos solicitado reiteradamente a la defensa de Natalia Compagnon que nos remita todo el respaldo de la contabilidad de la sociedad de Inversiones San Lucas, donde es socia con su madre y esa información no ha llegado y lo lamentable es que se desconoce esa contabilidad. Ellos saben dónde está, pero no han querido entregarla".

 Orchard: $34 millones eran una comisión para el síndico

Uno de los testimonios que tiene la fiscalía para sustentar las imputaciones de ventajas indebidas del síndico, que habría cometido Herman Chadwick Larraín, es la de Andrés Orchard, socio de Vicuña y Compañía y con quien compartía oficina.

Este declaró a fines de mayo en la fiscalía: "En relación a la transferencia de la sociedad Vicuña a la sociedad de Herman por 34 millones de pesos es por el apoyo de la oficina y una comisión para Herman. Aunque este precio es alto, pero quiero que se entienda, que lo que yo pago es porque estar ahí me daba acceso a clientes que no podría tener en otro lugar".

Se indaga si ese dinero de Orchard -quien fue formalizado como cómplice de ventajas indebidas del síndico y que actualmente está suspendido condicionalmente de la causa- que fue a parar a la sociedad "Asesoría Jurídica Herman Chadwick EIRL" es parte de un "honorario adicional" del matrimonio Wiesner-Riffart a la gestión del síndico.

Sobre este punto, el abogado Luis Masferrer -parte de la defensa del síndico- dijo que si bien desconocían la declaración porque aún está en reserva, el tema de una comisión "no es más que el pago de arriendo de oficina, espacios comunes, secretarías, estafeta y etc. propio de cualquier estudio jurídico o consultor en que los profesionales comparten techo u oficina". Agregó que estos dineros, "hasta donde sabemos corresponden a una asesoría que él hace a título personal, en que nada tiene que ver mi representado ni el proceso del convenio preventivo". Su defensa, además, pidió el sobreseimiento, que se verá el 25 de agosto.



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El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, dijo que una vez que se cierre la causa, tiene 10 días para definir situación de Sebastián Dávalos Bachelet.
El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, dijo que una vez que se cierre la causa, tiene 10 días para definir situación de Sebastián Dávalos Bachelet.
Foto:Aton


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