el observador urbano
Justicia por mano propia

Miguel Laborde 

Ocupar el primer lugar mundial en evasión es un dato que no puede soslayarse. Un tercio de la ciudadanía dejó de pagar su pasaje en el Transantiago, porcentaje que llegó a un récord de 34,6% en el último trimestre del año pasado, de 3,2 puntos en el primero de 2017, y que ahora se acerca al 30%.

Son muchas las ciudades con problemas de movilidad urbana, desde Lagos en África a Teherán o Estambul, pero ninguna se acerca a estos niveles que generan más de US$ 150 millones anuales en pérdidas. En Melbourne, Australia, iniciaron una fuerte y reciente campaña contra la evasión porque tenían un 11,2% en los buses metropolitanos, en comparación a un 5% de los demás sistemas de transporte. Bajaron al 8,7% en dos años... y no están conformes.

Con su campaña contra la evasión, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, se enfrenta a un problema de fondo. Muchos evasores creen estar en su derecho a desquitarse, no pagando o haciendo uso fraudulento de tarjetas de estudiantes. Revisando las redes sociales, no son pocos los que ahí justifican su conducta, a veces como un motivo de "orgullo". El ambiente relacionado, como lo reflejara GFK Adimark cuando lo encuestó en abril, indica un 76% de desaprobación al Transantiago. Un 34% no paga porque no quiere hacerlo. Sería un acto de protesta.

Algunos critican a la ministra por sus medidas. Al margen del aumento de fiscalizadores y de zonas pagas y, por supuesto, la mejora en la calidad del servicio para evitar la evasión de protesta, su plan integral sancionaría a los reincidentes cuando pagan sus impuestos anuales o renuevan su placa patente, lo que, se ha dicho, no incidiría en la gran mayoría de los evasores que, en situación de pobreza, no se verían afectados. Pero es un avance; al menos ataca al segmento que tiene recursos.

Es cierto que hay familias que calculan sus movimientos para no incurrir en gastos de transportes, especialmente en situaciones de cesantía. Se ha dicho que 6 de cada 10 usuarios estarían en condición de pobreza, lo que, sugieren algunos, justificaría el no pago.

Es una postura difícil de defender en la práctica. Al margen de que no existe esa alternativa en las bases que firmó el Gobierno con las empresas operadoras, por la extrema dificultad de aplicarla, no existen en otros países políticas públicas que subsidien así a los sectores de menos ingresos.

Por otra parte, el plan ministerial incluye "fortalecer la comunicación y educación" relacionada, aplicando dos campañas masivas este año. No será fácil la tarea... ¿Qué argumentos cabe explorar, en una sociedad que pareciera haberse acostumbrado a ejercer la justicia por su propia mano? ¿Tenemos un transporte público inferior al que nos merecemos? ¿Es por eso que nos resultan inaceptables situaciones que en otros países son permanentes? ¿Es por eso que, según algunos, no debiera haber sanción social ante la evasión?

Para campañas de educación habrá que partir de muy atrás, desde la idea del bien común como eje orientador, según la cual se establecen acuerdos para evitar que cada uno, por su cuenta, decida qué es o no es justo.

 


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