Humanismo integral

Ad portas de que el Tribunal Constitucional revise esta semana el proyecto de ley de aborto, dos figuras emblemáticas de la DC cuestionan la constitucionalidad de la iniciativa: la ex senadora, ex ministra de Justicia y ex abanderada presidencial del partido, Soledad Alvear, y el abogado Patricio Zapata, quien fuera nombrado por la Presidenta Bachelet a la cabeza del Consejo de Observadores del proceso constituyente. En este artículo fijan posición frente a la iniciativa, explican por qué -en su visión- ella contraviene la Carta Fundamental y plantean su propuesta para enfrentar los casos de embarazos en situaciones extremas.  

Patricio Zapata Soledad Alvear 

"Lo primero para servir el bien común temporal es permanecer fieles a los valores de la verdad, de la justicia y del amor", Jacques Maritain.

En pocos días más el TC emitirá un importante pronunciamiento sobre el proyecto de ley que introduciría en Chile una legalización del aborto en tres causales. En este contexto, sentimos el deber de manifestar nuestra opinión. Lo hacemos con respeto por quienes piensan distinto. No excomulgamos.

Tenemos conciencia del hecho que las mujeres (y especialmente las más pobres) han sido, históricamente, víctimas de marginación, invisibilidad y discriminación. Esa convicción nos ha llevado a defender e impulsar legislación y políticas públicas que reconocen y promueven los derechos de las mujeres.

Entendemos que los casos que aborda el proyecto de ley son terriblemente trágicos. El humanismo al que adherimos comienza siempre por ponerse en el lugar del otro, trata de imitar la actitud siempre misericordiosa de Jesús y no pontifica desde la pretendida posesión de toda la verdad.

El hecho de respetar a quien piensa distinto, no puede significar, sin embargo, que debamos callar o maquillar nuestras convicciones más profundas. Al expresarlas, intentaremos, en todo caso, emplear argumentos razonados que permitan el diálogo.

Uno de los más grandes triunfos del liberalismo individualista consiste en haber impuesto culturalmente la tesis según la cual todo aquel que no es liberal es, necesariamente, un conservador. Frente a esa disyuntiva, falsamente excluyente, reclamamos el derecho a seguir reivindicando un humanismo integral, que sea, a la vez, personalista y comunitario.

1.- Sostenemos con fuerza que todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su condición, o las circunstancias de su procreación, participa de una igual dignidad.

2.- Nos parece de toda evidencia que existe individuo de la especie humana desde el principio de la vida intrauterina. Más allá del hecho que previo a la implantación existe un alto porcentaje de pérdidas espontáneas y de la situación especial de los gemelos, en que la individualización se manifiesta en torno a las dos semanas, la fecundación es, en efecto, el punto de partida de un proceso continuo de desarrollo biológico. El ser que crece dentro de su madre no es un órgano suyo ni un tumor. Es un organismo con un programa genético propio y que, dadas las condiciones adecuadas, irá desenvolviéndose hasta encontrarse en condiciones de vivir fuera del útero.

3.- En el caso de la violación, el proyecto de ley autoriza abortos de criaturas hasta con 14 semanas de desarrollo intrauterino. Nos permitimos acompañar este artículo con una fotografía de un embrión de 14 semanas. Juzgue el lector si lo que ven sus ojos es una mera "fusión de ADN y proteínas" (Girardi) o un individuo que pertenece a su misma especie.

4.- Con independencia del rótulo, el proyecto de ley de aborto va mucho más allá de la despenalización de ciertas conductas efectuadas en el contexto de situaciones extremas. Estamos ante un reconocimiento legal de un supuesto derecho a abortar. No hay en el proyecto, medidas sociales o económicas que busquen proteger la vida del que está por nacer y que pudieren compensar el efecto de eliminar la amenaza de la penal. El resultado neto no es otro que contravenir el claro mandato constitucional que dispone que"la ley protege la vida del que está por nacer".

5.- La existencia de casos límite, afortunadamente de muy rara ocurrencia, en que la única forma de salvar la vida de la madre supone aplicar una terapia que puede acarrear como consecuencia inevitable no deseada la interrupción de un embarazo no constituye una verdadera hipótesis de aborto y puede ser resuelta, hoy, a favor de la vida de la madre, sin que resulte necesario aprobar una ley especial autorizante.

6.- Si lo que se quería, realmente, era evitar que mujeres expuestas a las situaciones límite de la inviabilidad o la violación y que abortaran fueran a la cárcel -propósito comprensible- este proyecto es innecesario. Pensamos, en efecto, que ya la legislación vigente contempla una causal eximente de responsabilidad penal (número 11 del artículo 10 del Código Penal) que, por sí misma, sirve para evitar la aplicación de pena penal en casos especialmente terribles.

7.- No nos parece conveniente, en todo caso, hacer de la criminalización de las mujeres que enfrentan disyuntivas dramáticas el eje principal de una política de defensa de la vida de la persona que está por nacer. La mejor manera de avanzar, en serio, en la compatibilización del derecho a la vida del no nacido y de los derechos de las mujeres supone el involucramiento activo y solidario del conjunto de la comunidad (familias, escuelas y asociaciones). Toca al Estado, por su parte, impulsar políticas públicas que apoyen a las madres en situación difícil y que faciliten la adopción de los niños no deseados.

El resultado neto no es otro que contravenir el claro mandato constitucional que dispone que "la ley protege la vida del que está por nacer".
 


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