Nuevos integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria en su primera entrevista:
"La normativa (para controlar gastos de los congresistas) no es lo suficientemente específica"

Al inicio de sus sexenios y luego de un tormentoso proceso sucesorio, los tres profesionales que ahora encabezan el organismo aclaran que su papel no es "hacerse cargo de la imagen" de los legisladores, y anuncian un "rediseño metodológico" para fiscalizar los desembolsos de diputados y senadores.  

Marcelo Pinto E. 

Primero se reunieron con las mesas directivas de ambas ramas del Congreso y ahora están conversando con las distintas bancadas de senadores y diputados. El propósito de la ronda es cumplir con las presentaciones protocolares, pero también anticipar de modo general algunos de los aspectos que marcarán su trabajo como nuevos integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria.

Aunque su labor no se vincula directamente con el trabajo del Senado y de la Cámara, el comité constituye un resorte sensible dentro de Legislativo, al controlar el modo en que los congresistas gastan las asignaciones; vale decir, los fondos públicos que reciben para cumplir sus tareas.

Las asignaciones mensuales de los diputados llegan a aproximadamente a los $13 millones, mientras que las de los senadores bordean los $17 millones. Los congresistas destinan esos dineros a arriendo de sedes, telefonía, traslados y asesorías externas, entre otros desembolsos.

Priscila Jara (abogada), Fernando Sirriya y Carlos Tapia (ambos auditores) asumieron sus puestos hace apenas dos meses, después de que finalizaran los sexenios de sus predecesores: Eduardo Pérez, Carlos Fuentes y Bernardo Mateluna.

El escaso tiempo que llevan en sus cargos, sin embargo, ya les ha permitido formarse algunas convicciones. Como aquella de que la norma relativa al control de los gastos de los congresistas no es "suficientemente específica".

La sucesión en el comité fue tormentosa. Entre otras razones, porque la mayoría de los diputados y senadores quería continuar por otros seis años con los mismos auditores. Tanto, que en noviembre de 2016, el Congreso despachó una ley a la medida para que estos pudieran repostularse.

Finalmente, los legisladores perdieron la pulseada: ninguno de los miembros salientes del comité pudo optar a un nuevo período, y el sistema de Alta Dirección Pública llevó adelante un concurso que desembocó en la configuración de tres ternas y en la posterior elección de Jara, Sirriya y Tapia por parte del Congreso.

"Nos hemos abocado a hacer un diagnóstico, un levantamiento de la información y dar a conocer los resultados a las instancias pertinentes. Luego, a algunas urgencias que estaban pendientes, como la aprobación del plan anual y la emisión del informe anual. Ambos documentos han sido sometidos a las instancias pertinentes, tanto en el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (encargado de normar el uso de los fondos entregados a los congresistas) como en las corporaciones (Senado y Cámara)", explica Priscila Jara a "El Mercurio". Junto a ella, en una oficina del ex Congreso Nacional, se encuentran los auditores Tapia y Sirriya.

El informe anual del que habla la abogada aborda el trabajo desarrollado por el comité desde abril de 2016 a marzo de 2017. Y que motivó un oficio en el que el Consejo de Asignaciones formula una serie de cuestionamientos a los anteriores integrantes de aquel organismo.

"Rediseño metodológico"

Una de las críticas se relaciona con el hecho de que estos consideraron ajustados a la norma ciertos gastos de los legisladores, pese a detectar "irregularidades e incumplimientos". Más adelante se les atribuye "falta de celo en el cumplimiento de sus funciones", así como "deficiencias", "retrasos" e, incluso, "falta de austeridad". Como ejemplo de lo anterior se cita el hecho de que una vez, con motivo de una fiscalización, uno de los ex auditores voló a Isla de Pascua en clase "premium business", vulnerando una instrucción expresa de hacerlo en clase económica.

Pese a que el crítico reporte se basó en el informe anual confeccionado por ellos, Jara, Sirriya y Tapia declinan evaluar el cometido de sus predecesores. "No nos corresponde opinar respecto de un oficio del Consejo (de Asignaciones), en que ellos emiten una opinión respecto del trabajo del comité saliente. De lo que nos corresponde hablar es de lo que pretende hacer este comité en adelante y eso implica hacer un rediseño metodológico", advierte Jara. Y los auditores asienten.

-Pero ustedes son especialistas. ¿El trabajo de ellos se hizo bien o mal?

P.J.: "Yo voy a omitir opinión respecto a eso".

-Tomando en cuenta las observaciones hechas a sus antecesores, ¿podría esperarse que ustedes realicen un trabajo más celoso?

P.J.: "Responder esa pregunta implica emitir la opinión que le hemos dicho no vamos a emitir. Este comité va a desarrollar su trabajo de acuerdo con las competencias legales que tiene. Y con el objetivo final de contribuir al mejoramiento de la labor parlamentaria. Nuestra intención no es buscar errores".

El "rediseño metodológico" del que hablan los nuevos auditores para controlar los gastos de los congresistas está contenido en una propuesta que ahora evalúa el Consejo de Asignaciones, encabezado por el ex senador Sergio Páez (DC). La abogada coordinadora previene que mientras dicho examen permanezca pendiente, los énfasis del plan permanecerán en reserva.

-Asumen sus funciones en momentos en que los congresistas tienen bajos niveles de aprobación ciudadana. ¿Repercute ello en las funciones que ustedes cumplen? ¿Podría el trabajo del comité contribuir a mejorar esa imagen alicaída?

P.J.: "Es información de contexto. No nos corresponde hacernos cargo de la imagen del Congreso. Pero es evidente que en el país existe una crisis de confianza respecto de la institucionalidad. Por cierto que si esta instancia puede contribuir a que esa crisis de confianza se vaya resolviendo, no le quepa duda que estará dentro de nuestro trabajo".

"Uno tiene que partir clarificando el sentido de la independencia y de la ética"

Cuando los congresistas dictaron la "ley a la medida" y llevaron adelante acciones para tratar de prolongar por otros seis años los períodos de los ex asesores, en el propio Legislativo se levantaron voces para advertir que lo anterior implicaba "eternizar" al equipo saliente. Premisa de la que Jara toma distancia: "Una prórroga por una vez no parece ser una eternización. Depende del grado de independencia que mantenga el auditor. Es el principio esencial que está en juego".

Los tres coinciden en que un trato cotidiano, como el que puede darse entre los miembros del comité y los legisladores, no implica familiaridad. Y que lo anterior pasa fundamentalmente por el comportamiento del fiscalizador: "Cuando el resto lo tiene claro es bastante más fácil, uno tiene que partir clarificando el sentido de la independencia y de la ética", redondea Sirriya.

Algunas empresas e instituciones públicas emplean matrices de riesgo: herramienta de control y gestión para detectar vulnerabilidades en sus procesos. El comité no usa por ahora dicho sistema. "No tenemos aún definiciones de riesgo. Las matrices se generan cuando uno tiene múltiples procesos, recursos, distintos flujos de información y, por tanto, tengo que priorizar. La matriz me ayuda a ver dónde. El tema es que aquí el universo de revisión es bastante acotado, son las asignaciones parlamentarias", explica.

Pero ella misma hace una prevención: será necesario distinguir respecto de "dónde es más necesario ir con más recurrencia, por qué". Todo ello, sobre la base de parámetros que están evaluándose.

Así, los auditores conceden que entre los distintos gastos que hacen los legisladores con sus asignaciones, no es posible en este minuto identificar las áreas más expuestas. Ni tampoco emitir opiniones, por ejemplo, sobre el modo en que emplean los fondos destinados al pago de sus asesores.

-Algunas versiones apuntan al hecho de que esas asignaciones se emplearían como una "caja pagadora", pues entre los contratados figuran los institutos de los partidos...

P.J.: "Tenemos la misma información que usted, pero no podemos opinar, porque no hemos hecho una auditoría".

-¿Perciben que en las asignaciones haya "zonas grises" en las que ustedes tengan dificultades para adentrarse?

P.J.: "La normativa no es lo suficientemente específica en diversos ámbitos. Y es función también del comité hacerle ver al consejo resolutivo si le parece que existen espacios de mejoramiento normativo. Y el consejo es soberano para decidir si lo modifica, si lo aclara, si lo especifica. La normativa nos faculta para pedir mayores precisiones".

F.S.: "Nos gustaría que (la norma) fuese más precisa".

Los auditores Fernando Sirriya (izquierda) y Carlos Tapia integran desde hace dos meses el Comité de Auditoría Parlamentaria, junto a la abogada Priscila Jara. Los tres fueron escogidos por el Congreso, a partir de un concurso llevado adelante por el sistema de Alta Dirección Pública.

 "Si se habla de expectativas, quisiéramos aumentar la dotación"

-Sus antecesores siempre se quejaron de falta de personal para desarrollar sus funciones. A contar del próximo año, crecerá el número de congresistas hasta llegar a cerca de 200.

Priscila Jara: "El comité tiene un equipo de trabajo, son cinco auditores más (además de apoyo administrativo)".

Carlos Tapia: "Si se habla de expectativas quisiéramos aumentar la dotación".

-Actualmente el comité audita solo una parte de los gastos de las asignaciones. ¿Sería conveniente poder controlar a todos los congresistas y no solo a una parte de ellos, vía sorteo?

C.T.: "Está en la condición de nosotros hacer el mejor trabajo posible y tener la mayor cobertura, pero en base a los recursos disponibles".

-¿La autonomía del comité es efectiva?

P.J.: "No hay ningún ente que pueda señalarle al comité cómo hacer su trabajo".

-Ustedes auditan, pero no imponen sanciones...

P.J.: "Es parte de la normativa. No nos compete más que cumplir. Quien deberá evaluar si eso es suficiente o insuficiente es el legislador".

"El comité tiene que mantenerse informado de lo que está sucediendo"

-En los últimos años se han dado casos de legisladores investigados judicialmente por mal uso de sus asignaciones. Esas faltas no las detectó el comité. ¿Cuál es su real capacidad para detectar anomalías?

Fernando Sirriya: "Uno trabaja en base a muestras. Si posteriormente a la realización de un trabajo llegase a detectarse algo que no fue parte de la muestra, eso ocurre normalmente en auditoría".

Carlos Tapia: "Pasa en las empresas, cuando se coludieron para hacer algo que no corresponde, que no necesariamente una auditoría va a detectar ese tipo de situaciones. Puede ser que todo esté en orden, se dice que tiene que estar un informe, la autorización... Eso se investiga en otras instancias. Nuestra función no es policial, ¡ojo!".

-¿Pesará en su trabajo la experiencia de los casos que investiga la justicia, en relación con algunos congresistas?

F.S.: "Siempre es bueno mirar un poco de historia".

Priscila Jara: "El comité tiene que mantenerse informado de lo que está sucediendo. No podría mantenerse como un órgano absolutamente abstraído de la realidad. Si eso va a impactar o no, es una cosa distinta, estaríamos elucubrando".

-¿Algún fiscal ha tomado contacto con ustedes?

-P.J.: "No puedo contestar".



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Foto:JUAN EDUARDO LOPEZ


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