Informe elaborado por el Dictuc sirvió de insumo para la Ley de Migraciones:
Destacan que modelos de migración exitosos mezclan restricción de ingreso con acceso a servicios públicos

Experto advierte que proyecto de ley que crea un nuevo estatus de "visitante" obligaría al Estado a entregar amplias garantías a extranjeros.  

Valentina González 

En marzo, el Dictuc entregó un informe a la Unidad de Estudios del Departamento de Migraciones del Ministerio del Interior, con una propuesta de un sistema informático para almacenar y analizar los datos de la población migrante, recopilados en servicios estatales. Todo esto en el marco del proyecto de Ley de Migraciones que ingresó el pasado 23 de agosto al Congreso.

El estudio consigna que -por los acuerdos que Chile ha suscrito, y el instructivo presidencial firmado en 2014- el Estado ha asumido la obligación de ofrecer derechos básicos a los migrantes, sin importar si están o no regularizados. Para cumplir con esto, los servicios públicos han optado por la entrega de RUT ficticios, algo que "conlleva la pérdida de información o historial de beneficios otorgados". El Dictuc plantea que un sistema informático actualizado y moderno permitirá "estimar el gasto público con un mejor ejercicio presupuestario".

Experiencia internacional

Para diseñar el modelo se analizó la aproximación de distintos países OCDE al fenómeno migratorio (ver tabla). Sobre Australia, por ejemplo, se destaca que el migrante tiene acceso a servicios básicos solo si posee visa. Además, se indica que el país busca dos categorías de inmigrantes: humanitarios (por razones de hostigamiento, persecución o vulneración de derechos humanos), o estudio y trabajo (siendo selectiva).

El diputado Jorge Tarud (PPD), ex embajador en Australia, explica que las autoridades canalizan la migración a través de un sistema de cuotas: "Lo miden según su capacidad económica y a su capacidad, precisamente, de poder conferirles todos los beneficios que tienen que recibir los inmigrantes al igual que recibe la gente del país".

El parlamentario critica que el proyecto de ley carezca de ese elemento. "El acceso a los derechos, evidentemente, deben tenerlo en forma inmediata. Los países responsables tienen cuotas de migración", dice.

En el caso de Canadá, el Dictuc reporta que los extranjeros irregulares pueden acceder a los servicios públicos, pero no de forma gratuita.

La mayoría de los interesados en migrar a Canadá (excepto los refugiados y quienes migran por motivos familiares) son calificados en un sistema de puntos según su capital humano o las necesidades económicas locales.

Harald Bauder, director del Programa de Graduados en Estudios de Inmigración y Asentamientos en la Universidad Ryerson de Toronto, explica el modelo: "Por un lado, Canadá tiene, debido a su ubicación geográfica aislada, el lujo de seleccionar inmigrantes según los criterios que elija. Por otro lado, esta aproximación es inherentemente discriminatoria (...) Desde una perspectiva social, Canadá no está exenta de problemas".

Bauder agrega que, al igual que en Chile, en su país también ocurre que los migrantes exceden la estadía que les permite su visa, asentándose de forma irregular. Explica que ciertas ciudades, como Toronto, han optado por tratarlos como miembros regulares de la comunidad que requieren acceso a servicios, sin reportarlos a las autoridades. "El movimiento de las llamadas ciudades-santuario ha ganado un gran impulso en los últimos cinco años, especialmente en este".

 Qué dice la norma que se discute en el Congreso

Un listado de deberes y derechos se puede encontrar en el proyecto de Ley de Migraciones que el Gobierno ingresó al Congreso. Se habla, por ejemplo, del acceso a la salud, la educación y la seguridad social, y de la responsabilidad del migrante de respetar las normas internas y de mantener actualizado su domicilio ante la autoridad.

En el caso de la salud, está garantizada la atención pública en urgencias, el embarazo y la infancia. Para el resto de las prestaciones financiadas con recursos del Estado, se indica que "en todos aquellos casos (...) tendrán derecho a ellas todos los extranjeros que tengan un permiso de visitante o residente".

En el capítulo sobre las categorías migratorias, se explica que el visitante es quien venga a Chile por un año (prorrogable por otro) a "desarrollar las actividades que señale el reglamento", el cual será elaborado luego de promulgar la ley.

En el caso de la educación, se garantiza el acceso a los niños al sistema público sin importar su situación migratoria. Actualmente, el Ministerio de Educación calcula 71.095 estudiantes extranjeros, para los cuales se invierten cerca de US$ 100,7 millones en subvenciones y gratuidad.

El doctor en Sociología Lorenzo Agar ve que el nuevo estatus de visitante podría abrir la puerta a una entrega demasiado amplia de beneficios: "Hoy el turista por lo menos tiene que arreglárselas seis meses. Con esta visa (de visitante), el Estado inmediatamente se tiene que hacer cargo de la persona porque lo acepta como inmigrante regular con fines de residencia".



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