La señal de los magistrados en el conflicto de La Araucanía:
"¿Por qué acusa y pide entre 20 y 23 años, y hoy me dice que esas personas no son peligrosas ?"

La pregunta la hizo un juez de Temuco durante el alegato en que el Ministerio del Interior pidió rebajar la prisión preventiva a los cuatro imputados por el incendio de un templo evangélico, pese a ser querellante en esa misma causa.  

Marcelo Pinto 

"Me queda una gran duda...". Pablo Cantó Delgado, abogado del Ministerio del Interior, alegaba por rebajar la prisión preventiva de cuatro huelguistas de hambre imputados por incendiar una iglesia evangélica en La Araucanía, cuando el juez Mauricio Torres Contreras sembró la expectación con esa frase, durante una audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco, el viernes de la semana pasada.

Después de aquel prolegómeno, el magistrado fue al grano: "Le quiero hacer la pregunta. Acá hay una acusación particular (de Interior, a través de la Intendencia de La Araucanía), donde usted está diciendo que los imputados son autores de un delito terrorista, está pidiendo 20 años de prisión por incendio terrorista y tres años más para Pablo (Trangol) por un delito de porte de armas. Para el intendente, acusar por 23 años de cárcel, atribuyéndoles la calidad de autores, ¿no significa ser peligrosos para la seguridad de la sociedad?".

Torres aludía así a un argumento esgrimido minutos antes por Cantó, respecto de que procedía la rebaja, tomando en cuenta que los ayunantes "no constituyen en este momento, y dado el estado de salud, un riesgo serio y verosímil para la seguridad de la sociedad y las víctimas".

¿Incomodidad entre los jueces?

Las últimas actuaciones del Ministerio del Interior en el caso han generado controversia. Principalmente, porque esa misma cartera entabló en junio de 2016 una querella por Ley Antiterrorista en contra de los cuatro comuneros, y después se opuso reiteradamente a que salieran de la cárcel.

Pero la postura del Ejecutivo varió en 180 grados con el endurecimiento de la huelga de hambre por parte de los imputados. Cambio de rumbo que, a la vez, terminó generando en La Moneda una crisis, cuyo desenlace está todavía en suspenso (ver pág. 4).

El subsecretario del Interior, Mahmoud Aleuy estaba en Argentina, reuniendo datos sobre los nexos entre los conflictos indígenas trasandino y chileno, cuando supo que esa cartera había resuelto retirar el carácter de terrorista de la querella por el incendio del templo, después de que el juez Mauricio Torres desestimara cambiar la prisión de los imputados (Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Pablo y Benito Trangol) por arresto domiciliario.

Más allá de la incógnita sobre si Aleuy retomará sus funciones y de que tres de los comuneros terminaran levantando la huelga (por las concesiones del Gobierno), lo ocurrido en las audiencias por el incendio de la iglesia ha sido interpretado como una señal sobre la manera en que los tribunales aprecian lo ocurrido y el conflicto en sí mismo.

Se habla puntualmente de una supuesta incomodidad de los jueces, al ver cómo La Moneda habría intentado "endosarles" la solución del ayuno: trance al que el propio Ejecutivo le dio un cariz político, cuando se hizo eco de los reclamos de los imputados.

"Sáqueme de una duda..."

Conforme a los mismos análisis, esa contrariedad quedó plasmada en la audiencia donde el juez Torres le hizo ver al abogado Cantó cómo sus argumentos en favor de los huelguistas iban a contrapelo de la posición que Interior había tenido hasta ese minuto.

"Solicitamos que se sustituya la prisión preventiva", planteó el profesional ante el magistrado. Y continuó: "El fundamento principal es el mermado estado de salud en que se encuentran (...). Son antecedentes fácticos que generan una incuestionable disminución en la necesidad de cautela, disminución de peligrosidad y del riesgo que los imputados representan". Lo que terminó generando un contrapunto entre él y el juez.

-Sáqueme de una duda, me dice que la variación de circunstancia es por estado de salud única y exclusivamente...

-Así es su señoría.

-Ustedes no son simplemente querellantes (en esta causa); se cuidaron de ser acusadores particulares...

-Así es señoría, por eso...

-No le estoy pidiendo que me interrumpa (...) Eso se llama faltarle el respeto al tribunal...

En ese punto, el magistrado le representó lo contradictorio de que la Intendencia de La Araucanía pidiese la rebaja de la prisión preventiva, siendo que en su querella solicita un mínimo de 20 años de cárcel para los comuneros: "Quiero ver, que me explique por qué acusa y pide entre 20 y 23 años, y hoy me dice que esas personas que usted mismo acusó particularmente no son peligrosas para la seguridad de la sociedad, ¡porque eso me parece bastante complejo de entender!".

Querella de Interior: Ataque a templo buscó "provocar temor"

Efectivamente, la querella entablada por la intendencia en junio de 2016, justo después de la quema de la iglesia, ahonda en la gravedad de la acción atribuida a los imputados y contrasta con la reciente petición para que se les rebajara la prisión preventiva.

"Se realiza al interior de un lugar de culto, no discriminando las víctimas, donde incluso se encontraban mujeres y niños (...), persigue precisamente provocar el fundado temor en la población de ser víctima de ataques de la misma especie", se lee en el libelo.

El 29 de septiembre pasado, al pronunciar su dictamen y rechazar la rebaja de la prisión preventiva para Tralcal y los hermanos Trangol, el juez Mauricio Torres aludió explícitamente al giro dado por el Ejecutivo. Así, recordó que hacía "menos de un mes", la misma Intendencia de La Araucanía había invocado el carácter "terrorista" del incendio de la iglesia e insistido en la necesidad de que los imputados siguieran presos.

Torres catalogó el ataque como "sumamente grave", más allá de que haya sido o no terrorista: "Atenta contra civiles indefensos que se encontraban ejerciendo un derecho tan fundamental como es la libertad de culto". Y remachó: "Si fuese un delito de incendio común, el hecho por sí mismo justificaría la prisión preventiva".

Magistrado: "Invitación a iniciar huelgas"

Luego, Torres entró al particular perfil del caso, marcado por las presiones de los huelguistas al Ejecutivo: "Se planteó por uno de los defensores que esto era un problema de naturaleza política. Y advirtiendo la petición del acusador particular (Interior) podría, sí, concluirse que hay un problema político". A renglón seguido, hizo una prevención que algunos leyeron como un "recado" para las autoridades: "Si el problema es político y la solución está en atender por sobre las razones procesales, las humanitarias, existen otras medidas que puede tomar la administración, como garante del derecho a la vida". Con ello aludió a la opción de interponer un recurso para que se pudiera alimentar a los ayunantes, incluso contra su voluntad.

Entonces, descargó la artillería contra el alegato del Ejecutivo: "Pretenderse por el acusador particular (intendencia) que acusados por terrorismo dejan de ser peligrosos para la sociedad, cuando voluntariamente deterioran su salud, sería demasiado peligroso para el sistema de justicia criminal, por cuanto sería señal para todos los demás imputados una invitación a iniciar huelgas de hambre, pues de esa manera van a lograr la libertad, situación que desde el punto de vista judicial no puede ser tolerada".

Presidente de la Corte: "Se resuelve conforme a Derecho"

El martes de esta semana, la causa subió a la Corte de Apelaciones de Temuco, que mantuvo la prisión preventiva para los imputados. En favor de los cuatro, aparte de sus defensores, alegó nuevamente el abogado del Ministerio del Interior.

El fallo fue dividido, pues uno de los tres ministros, Julio César Grandón, votó por rebajar a arresto domiciliario.

Más allá de esa diferencia, en el dictamen se hizo un "llamado a los intervinientes, en su calidad de auxiliares de la administración de justicia, para dar prioridad al término de la causa, atendida la situación procesal que afecta a los acusados". Quienes conocen el trabajo de ese tribunal aseguran que nunca en los últimos años se había formulado un emplazamiento de ese tipo.

Desde Temuco, el presidente y vocero de la corte -justamente el ministro Grandón- negó que en la judicatura haya molestia frente al Ejecutivo: "No existe ningún tipo de incomodidad al interior del Poder Judicial. En las causas, sean mapuches o no, que se ven en sala, los señores ministros resuelven conforme a Derecho".

Similitudes con caso de machi Linconao... también alegó un abogado que no era de la zona

Al calor de estas controversias, en la zona hacen notar las semejanzas del caso de los huelguistas con el de Francisca Linconao, acusada por el crimen de los Luchsinger.

La mujer también hizo un ayuno para que le rebajaran la prisión preventiva, lo que consiguió. Y, como en la causa de la iglesia, las actuaciones del Ministerio del Interior generaron polémica.

Aquella vez, el Ejecutivo envió desde Santiago a un abogado para que alegara en favor de la machi. Ahora pasó algo similar, pues Cantó no pertenece al equipo de la Intendencia de La Araucanía, sino al de Los Ríos.

En el entorno judicial de Temuco aseguran que el staff jurídico de la intendencia declinó aparecer pidiendo la rebaja de la prisión preventiva de los imputados por la quema del templo, pues ello iba a contramano de la posición que les había correspondido sostener siempre en la causa.

Interior y la Intendencia de la IX Región entregan una misma explicación sobre el porqué de la intervención de Cantó: "No se trata de decisiones personales de ningún profesional, sino de la parte, que en este caso es el ministerio. No es efectivo lo que indica (que los abogados no quisieron alegar), no obstante el ministerio toma las decisiones de quién alega", aseguran desde Temuco.

En el caso de Linconao, circuló la misma versión: que el equipo local de abogados no quiso bregar por la rebaja de la prisión preventiva de la machi. Lo que en esa oportunidad también fue descartado desde el Ejecutivo.

El conflicto de La Araucanía impacta sobre los jueces de la zona. El martes de esta semana, por ejemplo, organizaciones de DD.HH. le escribieron al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, para cuestionar la participación, el 21 de septiembre, de los titulares de los tribunales de alzada de Concepción, Temuco y Valdivia, en el Comité Policial de la Macro Zona Sur, iniciativa del Ministerio del Interior que busca aportar al combate contra la violencia en esa parte del país.En la misiva, las agrupaciones argumentan que la intervención de los presidentes de las cortes en el comité podría restarles "imparcialidad" para conocer las causas vinculadas con los atentados, lo que fue desestimado desde los tribunales.

 Cuando era fiscal fue golpeado por la lonco Juana Calfunao

Mauricio Torres Contreras -el magistrado que rechazó rebajar la prisión preventiva a los huelguistas imputados por el incendio del templo evangélico- ha estado literalmente en ambos lados de la "trinchera": hoy es juez de garantía, pero anteriormente se desempeñó como fiscal.

Cuando trabajaba en el Ministerio Público, institución que dejó en 2007, le correspondió investigar algunas causas relacionadas con el conflicto de La Araucanía, entre ellas una quema de maquinarias en Padre Las Casas.

Precisamente en el marco de una de esas investigaciones, cuando estaba en medio de una audiencia, él y otro persecutor fueron insultados, escupidos y golpeados por un grupo de comuneros, entre ellos la conflictiva lonco Juana Calfunao.

Tras dejar el Ministerio Público para iniciar una carrera en la judicatura, fue secretario de un ministro de la Corte Suprema.

Actualmente es titular del Juzgado de Garantía de Pitrufquén, pero cumple una suplencia en el tribunal de la misma especialidad en Temuco.

Conocedores de su trabajo advierten que ha dictado fallos tanto a favor como en contra de comuneros, por lo que no se le puede atribuir una "línea" determinada frente al tema.

De hecho, en agosto pasado rebajó la prisión preventiva a uno de los imputados en la causa por la quema de la iglesia: Pablo Trangol.

Un fallo posterior de la Corte, sin embargo, envió al joven de regreso a prisión, junto a los otros tres supuestos autores de ese atentado.



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El juez Mauricio Torres le dijo a un abogado del Ministerio del Interior que le costaba entender por qué solicitaba rebajar la prisión preventiva de los imputados por la quema de la iglesia, si esa misma cartera pedía para ellos penas de más de 20 años de cárcel en una querella.
El juez Mauricio Torres le dijo a un abogado del Ministerio del Interior que le costaba entender por qué solicitaba rebajar la prisión preventiva de los imputados por la quema de la iglesia, si esa misma cartera pedía para ellos penas de más de 20 años de cárcel en una querella.
Foto:Camilo Tapia/Aton Chile

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