Política penitenciaria:
Retrasos de hasta dos décadas enfrentan proyectos de nuevas cárceles

Mientras 42 de los 88 penales del país presentan problemas de sobrepoblación, anuncios de nuevos recintos que vienen desde la administración Lagos dilatan su concreción.  

Eduardo Monrroy 

"Había una plaga de baratas. Los gendarmes me comentaron que vieron fecas de ratones y que, incluso, había una fuga del alcantarillado que vertía aguas servidas al segundo piso", dice el diputado Alberto Robles, de Atacama, sobre lo que vio en su visita de fiscalización al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó. El recinto es uno de los penales que presentan mayores tasas de hacinamiento en Chile, según cifras de Gendarmería, con un índice de ocupación en el sector de hombres de 202,5%. "Se requiere con urgencia una cárcel nueva", reclama por eso el diputado.

De hecho, la Región de Atacama en su conjunto, según los mismos registros, tiene el índice más alto de sobrepoblación penitenciaria del país, con un nivel de ocupación promedio del 164%.

Pero, pese a todo lo anterior, el proyecto de una nueva cárcel sigue esperando.

Copiapó: inauguración en 2024

Fue en 2008 cuando el ministro de Justicia de entonces, Carlos Maldonado, incluyó la iniciativa dentro de un programa de cárceles concesionadas. El proyecto continuó bajo el gobierno de Sebastián Piñera. En el período se proyectó replicar modelos internacionales, como los de un centro penitenciario ubicado en el desierto de Mojave, Estados Unidos. Pero al terminar la administración Piñera las obras aún no empezaban. Y pese a que el proyecto sigue en la carpeta de iniciativas de la Presidenta Bachelet, el cálculo es que recién en 2024 habría finalmente un nuevo penal para Copiapó.

Al menos eso es lo que informa una minuta con los proyectos de construcción de cárceles entregada por el Ministerio de Justicia a "El Mercurio". En el documento se señala que actualmente el proyecto se encuentra "en etapa de desarrollo de diseño", la que culminaría en agosto de 2018, para iniciar obras en septiembre de 2020.

Talca, reformulada una y otra vez

Si bien la tasa de encarcelamiento ha disminuido desde cuando alcanzó su punto más crítico, en 2010 (el año de la tragedia en San Miguel), el total de personas en prisión llega a 50.717, según cifras de Gendarmería del mes de julio. Hoy -de acuerdo con los números de la institución-, casi la mitad de las cárceles -42 de 88- presenta índices de ocupación superiores al 100% de su capacidad. Tal como Copiapó, también superan el 200% recintos como el Centro de Detención Penitenciaria de Taltal (279% en hombres) o el Centro Penitenciario Femenino de Talca (283%), entre otros. Incluso, el Centro de Detención Penal de Limache registra una ocupación del 303% en hombres.

El caso de Copiapó tampoco es aislado en lo referido a la dilación de los proyectos. "El Mercurio" constató fuertes retrasos en la concreción de anuncios que provienen desde el gobierno de Ricardo Lagos. Fue en 2000, durante esa administración, cuando se planificaron diez nuevas cárceles que se ejecutarían siguiendo el inédito modelo concesionado. En el período se alcanzaron a inaugurar dos (Rancagua y La Serena), y otra se dejó en construcción (Alto Hospicio). Las demás quedaron en carpeta; entre ellas, Talca.

El plan lo tomaría el gobierno de Michelle Bachelet, que inauguró nuevas cárceles (Alto Hospicio, Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt), pero además diseñó un programa de otros cinco recintos concesionados, aparte del penal de Talca, cuyo diseño quedó licitado, se informó en su momento.

La administración de Sebastián Piñera tomaría el "testimonio" talquino, pero la política en materia de construcción de cárceles cambiaría: el enfoque ahora sería el de edificar penales según el nivel de peligrosidad de los internos -para esto se contrató a la consultora norteamericana Altegrity Risk International por US$ 3,8 millones-. Se proyectó construir cuatro nuevos penales en la zona central del país al tiempo que se inauguraban los pendientes de administraciones anteriores, como el de Antofagasta y la cárcel Bío-Bío. Pero el terremoto de 2010 y el incendio en San Miguel mermaron los planes: el foco se puso en la reconstrucción de algunos recintos dañados y en descomprimir los más sobrepoblados.

Así, finalmente, el Ministerio de Justicia proyectó la construcción de solo dos nuevas cárceles: "El Arenal", en Copiapó, y "La Laguna", en Talca. Ninguna comenzaría a construirse antes del cambio de mando... ni después: los dos proyectos fueron calificados como "irrealizables" por el primer ministro de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez. Adujo diversos problemas de diseño, por lo que los proyectos fueron reformulados.

Así, el nuevo Complejo Penitenciario de Talca recién se pondría en marcha en diciembre de 2021, casi dos décadas después de ser planificado. El recinto tendría capacidad para 1.884 internos (hombres y mujeres), con una inversión total de más de $103 mil millones. Actualmente, el proyecto está en proceso de adjudicación y se estima el inicio de las obras en diciembre de 2017.

Una nueva cárcel en Calama -incluida en el programa de cárceles del primer gobierno de Michelle Bachelet- se inauguraría, en tanto, en 2023. Hoy está en etapa de "preparación de licitación de consultoría de diseño". Según la información entregada por Justicia, se optó por Chillán para ubicar otro de los futuros recintos, dada la creación de la nueva Región de Ñuble, y se está en "búsqueda de terreno". Ha estado en carpeta desde 2008.

Y el nuevo Complejo Penitenciario Femenino de Arica -con capacidad para 384 internas- se encuentra en plena ejecución de obras. La puesta en marcha sería en diciembre de 2018. En esa fecha también estarían en funciones las nuevas instalaciones de la cárcel "El Manzano", de Concepción, dañada por el terremoto de 2010.

Una nueva cárcel no siempre son más cupos

Distintos factores obstaculizan concretar un proyecto carcelario, plantean especialistas. Están las dificultades propias de la burocracia gubernamental, pero otro elemento de alto efecto es la resistencia ciudadana. "Se genera una contradicción evidente: la gente quiere más cárceles, pero cuando se tiene que decidir dónde construirlas, nadie las quiere cerca", sostiene Paula Vial, académica de la Facultad de Derecho de la UC.

"Recuerdo que una cárcel del sur era extremadamente difícil de construir debido al rechazo ciudadano. Pero es una percepción más que una realidad el hecho de que construir una cárcel en una ciudad pueda significar riesgo a la seguridad de las personas", acota Luis Bates, ex ministro de Justicia de Ricardo Lagos. Agrega que los procesos de licitación son otro factor que retrasa los proyectos y "luego viene la etapa de construcción, que se relaciona mucho con los ministerios de Obras Públicas y de Bienes Nacionales. Tiene que haber coordinación para que las cárceles se construyan en plazos razonables", dice.

El ex ministro de Justicia de la primera administración de Bachelet, Carlos Maldonado, destaca que en su período se dio continuidad al programa de cárceles concesionadas. "Durante esa década (2001-2010) se habilitaron más plazas penitenciarias que en todo el siglo XX", afirma. Pero también advierte el problema de que "la antigüedad de muchas instalaciones es tanta, que cuando se logra construir una cárcel nueva, de mejores estándares, muchas veces implica cerrar una cárcel antigua que está en mal estado. Por tanto, no se ganan esos nuevos cupos".

Coincide sobre la mala calidad de la infraestructura carcelaria el ex ministro de Justicia del período de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera. "Son antiguas y concebidas como centros de reclusión y no de reinserción. Además, el que sean muchas cárceles, y pequeñas, como ocurre en el sistema actual, encarece en demasía la gestión penitenciaria", dice Ribera.

En la administración Piñera hubo una revisión de cómo venía manejándose el tema en los gobiernos anteriores, y se frenaron algunos proyectos. Ex autoridades de la época afirman que no solo se debieron hacer cargo de las plazas destruidas después del terremoto, sino que también se encontraron con proyectos inconclusos de la administración anterior. "La cárcel de Antofagasta estaba abandonada, incompleta. La empresa constructora había quebrado. Todo ello supuso un esfuerzo bastante importante, pero la pudimos inaugurar", dice la fuente.

Agrega que la administración buscó avanzar hacia un modelo de cárceles de distintos perfiles, para presos de baja, mediana y alta peligrosidad, pero sabiendo que sería una tarea de varios gobiernos.

La promesa: segmentación y mejores equipos

El actual subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, afirma que "la delincuencia no se combate solo con cárceles, sino que también con la reinserción social". Considera que es mayor el costo para el Estado de una persona privada de libertad -$600 mil en promedio- que invertir en la reinserción, "sobre todo si se considera que el 50% de la población penal son reincidentes".

En cuanto a las dificultades para avanzar en la construcción de cárceles, menciona "la escasez de terrenos fiscales con las dimensiones necesarias; esto es, sobre las 25 hectáreas. Estos recintos han debido localizarse en terrenos no urbanizados con los costos asociados a las conexiones sanitarias, eléctricas y viales". Añade la negativa ciudadana y el que muchas municipalidades no han definido sus instrumentos territoriales para albergar este tipo de recintos.

En cualquier caso, asegura que los nuevos penales contarán con un sistema de segmentación "según calidad procesal y compromiso delictual, condiciones especiales, de género, y apoyo de modernos sistemas de seguridad y comunicaciones".

En tanto, el Centro de Políticas Públicas UC presentó en mayo sus propuestas para el sistema carcelario en Chile. Entre otros puntos, plantea establecer cárceles de baja, mediana y alta peligrosidad que respondan al perfil de los internos. Además, se propone una mejor distribución de los gendarmes.

"La tendencia mundial es apuntar a la reinserción, y para esto no solo se deben construir más cárceles, sino también pensar cómo se están construyendo y cómo se organiza la población en ellas", dice Paula Vial.

 Reutilizar, pero no cerrar Punta Peuco

"No le veo mucho sentido al traslado", expresa Luis Bates, ex ministro de Justicia de Ricardo Lagos, a propósito del futuro de Punta Peuco y la posible relocalización de sus internos a Colina. "Ya se hizo en su época, se tomaron las medidas. Lo importante es que sea efectiva la condena", dice Bates respecto del recinto en que cumplen penas ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Otros ex ministros, en tanto, enfatizan que si se resolviera el traslado de los ex militares, de todas maneras Punta Peuco debe ser reutilizado. "Si van a ser relocalizados sus actuales ocupantes, debiera ocuparse para otros internos cuyas características sean compatibles con ese tipo de instalación", dice el ex titular de Justicia del primer gobierno de Bachelet, Carlos Maldonado.

Teodoro Ribera, ex ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, plantea que "más que en cerrar Punta Peuco, lo que el Estado debe pensar es en redestinar el penal a funciones especiales, como podría ser recibir a las personas de mucha edad, que es una situación que se nos viene encima, no solo por el tema de los derechos humanos, sino también por el crecimiento de la población adulta".

Cifras del problema

303%
es la tasa de ocupación en el Centro de Detención Penal de Limache

50.717
personas componían la población penal en Chile a julio pasado

164,2%
es la tasa de ocupación carcelaria en Atacama, la región con mayor sobrepoblación penal.



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